El martes en la noche, durante el vuelo de regreso a Santiago desde Quito, José Antonio Kast se acercó inquieto a sus dos acompañantes. “¿Cuándo se disparó tanto esto del corredor?”, preguntó el presidente electo a Rodolfo Carter y al general (R) de Ejército Cristián Vial, preocupado por el revuelo que había tomado el tema de un eventual corredor humanitario para migrantes en medio de su gira a Ecuador.

En la comitiva que lo acompañó esta semana en su segundo viaje internacional, tras ganar el balotaje el domingo 14 de diciembre -el primero fue a Argentina, donde se reunió con el Presidente Javier Milei-, aseveran que estaban igual de sorprendidos y también preocupados.

“Ese no era el objetivo central del viaje. La conversación que salimos a buscar no era sobre un corredor en específico, sino sobre la disponibilidad de trabajar un frente común para combatir el crimen organizado y la migración irregular. Era sobre fortalecer la coordinación regional”, señala uno de los personeros del entorno del futuro mandatario chileno que estuvo vinculado con el viaje.

Lo mismo había ocurrido, pero en menor escala, cuando se reunió con Milei en Buenos Aires el 16 de diciembre, luego de que Kast hiciera público su interés por avanzar en la iniciativa del corredor humanitario: “Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países”, dijo entonces el líder republicano.

Pero que esta idea en particular, sobre la cual ni siquiera hay un diseño y cuya viabilidad depende de que se produzca un cambio político en Venezuela, se tomara el protagonismo no estaba entre los planes del equipo de Kast. Por el contrario, saben que eso podría terminar empañando una gira internacional que ha sido calificada de exitosa por personeros del oficialismo y la oposición.

A menos de dos semanas de su triunfo electoral, Kast buscaba dejar en claro que no había tiempo que perder en dos de los temas que habían sido prioritarios en su campaña a La Moneda: seguridad y control de la delincuencia, en especial del crimen organizado, por un lado, y por otro, el problema de la masiva migración irregular.

Todos temas sobre los cuales el comando y el propio abanderado republicano han generado altas expectativas con sus promesas de que en su gobierno no habría empadronamientos ni regularizaciones para los cerca de 350 mil migrantes indocumentados que se encuentran en Chile. A ello se suman sus constantes exhortaciones a que salgan de Chile antes de que asuma el 11 de marzo próximo, luego de que el mismo tuviera que matizar la promesa inicial de expulsarlos a todos del país.

“El viaje a Quito para reunirnos con el Presidente Daniel Noboa surgió porque había interés de ver cuál es la realidad de ese país luego de que el gobierno, dentro de su estrategia de combate al crimen organizado, declarara a esos grupos como enemigos del Estado y los considerara organismos beligerantes no estatales, lo que les permite aplicar respecto de ellos el derecho de la guerra y no el derecho normal, y usar a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia del crimen organizado”, explican en el equipo del republicano sobre la importancia que tenía para ellos el lograr una rápida conversación con el mandatario ecuatoriano.

Y aclaran de inmediato: “No es que estemos pensando replicar lo que hizo Noboa en Ecuador, pero es bueno saber cómo están enfrentado la situación del crimen organizado y en qué situación están ahora. También nos interesaba mucho hablar del tema migratorio, porque Ecuador en un país de tránsito”.

No eran los únicos motivos. También había otro muy importante luego de la reacción que tomó Perú de militarizar sus fronteras, como ya había hecho Chile años atrás, e incrementar el control fronterizo pocos días antes del triunfo de Kast en las urnas.

“Nos interesaba dar señales de tranquilidad a los países de la región, de que queremos trabajar coordinados. Que no estamos pensando en la imagen de un caudillo latinoamericano que toma medidas sin pensar en los demás, sino que en una acción coordinada para evitar que las acciones de un país afecten al del lado”, remarcan en el equipo del presidente electo.

Así lo expresaron en las reuniones que tuvieron esta semana, primero con el canciller peruano, Hugo de Zela, en un sorpresivo encuentro que sostuvieron en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, en la escala que hizo previo a su llegada a Quito, y luego en el extenso almuerzo en el Palacio de Carondelet ofrecido por el presidente ecuatoriano.

“Lo peor que nos puede pasar es que esto termine convertido en una discusión política y que aquellos que tienen lógicas más garantistas caricaturicen a los gobiernos que hemos decidido enfrentar la delincuencia y la migración irregular de manera muy dura como que somos unos locos con arranques autoritarios que lo único que queremos es agarrar a balazos a todo el mundo, cuando lo que se pretende es que enfrentemos estos problemas, que nos afectan a todos, con una mirada regional, con diálogo y con mayor coordinación”, habría sido uno de los puntos expuestos por Kast en la gira, señalan miembros de la comitiva.

Tras ese comentario del presidente electo chileno, señalan miembros de la comitiva, la conversación con el canciller peruano, Hugo de Zela, habría tomado otro cariz.

La conversación partió muy protocolar, en la cual De Zela siempre dejó en evidencia que antes de nada defenderán los intereses del Perú. “Pero tras esa declaración de José Antonio Kast hubo un cambio en el tono de la conversación que fue muy interesante. Fue en ese momento que De Zela propuso la posibilidad de generar un diálogo multilateral con otros gobiernos, como con Ecuador, con Argentina, con Costa Rica y Panamá, con Bolivia, entre otros”, añaden las mismas fuentes.

En ese sentido, no sólo se abordó preliminarmente la idea de un eventual corredor humanitario para permitir el retorno de los migrantes a sus países de orígenes, el que podía ser terrestre, marítimo o aéreo, y sus complejidades. También se planteó la posibilidad de avanzar en homologar normas legales internas, para tener pautas comunes frente al crimen organizado y a delitos como el secuestro, el narcotráfico y el tráfico de personas.

Lo que no habían previsto es que al término de la reunión con De Zela, y cuando aún no abordaban el avión a Quito, el Presidente de Perú, José Jerí, se refiriera a la posibilidad de un corredor humanitario, poniendo aún más el foco sobre la controvertida iniciativa. “Es una alternativa, un mecanismo que estamos viendo para casos muy excepcionales”, sostuvo el mandatario interino peruano.

A diferencia de Jerí, quien asumió la presidencia de manera interina hasta el 28 de julio próximo, luego de que el Congreso peruano sacara del poder a Dina Boluarte; en Ecuador, el Presidente Noboa no se refirió en público al contenido de su conversación con Kast, ni se pronunció explícitamente sobre la idea del corredor.

Paños fríos en Lima

Fuentes de Torre Tagle, sede de la diplomacia limeña, explicaron a La Tercera la posición del Estado peruano al respecto, la que por ahora está lejos de avanzar en un corredor. Algo que es compartido por la mayoría de los países de la región.

“En el contexto actual aceptar caravanas humanitarias de migrantes es muy complicado. Diplomáticamente uno nunca va a decir que no, que es inaceptable. Pero la verdad es que la posición de nuestro país está muy cerca de eso”, señalan fuentes vinculadas directamente desde Lima al manejo de los temas migratorios regionales.

“Eso no es algo que vaya a cambiar simplemente porque haya más o menos sintonía política o ideológica entre los gobiernos de turno, porque primero está el interés nacional”, remarca la misma fuente.

Perú tiene en estos momentos cerca de un millón y medio de inmigrantes venezolanos en su territorio, los que llegaron principalmente en las grandes oleadas del 2017 al 2020. “Sabemos que no podemos echarlos a todos. Por lo mismo, la pregunta que nos hicimos fue en dónde nos concentramos. La decisión fue poner el acento en dos ámbitos, impedir el ingreso de nuevos migrantes irregulares, por un lado, y por otro, en aquellos que entraron al país y cometieron delitos”, señala la fuente de Torre Tagle.

En ese último caso, la estrategia peruana ha sido meter presos a los migrantes que comente delitos en Perú y expulsar a las personas con las que tenían contacto directo.

“El problema ahí es cómo hacemos para que Venezuela los acepte de regreso. A Caracas le hemos estado diciendo que no aceptaremos nuevos migrantes, y que expulsaremos a todos los que están en el entorno de cualquiera que haya caído preso por delitos violentos y que sean calificados de ser un peligro para la sociedad. Pero no tenemos la fuerza para imponerle eso a Venezuela. Así que sabemos que esto es engañarnos un poco a nosotros mismos, porque ponerlos en la frontera con Ecuador, con Bolivia, con Brasil o Colombia, con la esperanza de que voluntariamente regresen a Venezuela, es una mera ilusión. Las cantidades que hemos logrado sacar de esa forma son ínfimas”, remarca un embajador peruano en privado.

La premisa hasta ahora, prácticamente la misma que han tomado todos los países de la región, señalan fuentes del Servicio Exterior peruano, es que “todos sigamos conteniendo las cosas cómo están”. Es decir, que los migrantes venezolanos que ya están en el Perú no salgan hacia Chile, ni los que están en Chile o en Bolivia o en Ecuador se vengan al Perú. “No vamos a contener al 100%, pero si logramos un 80% de efectividad en el control de las fronteras, eso ya es un logro”, afirman desde Lima.

Para eso están usando cercas, drones, se ha reforzado el control fronterizo con militares y se han fortalecido los mecanismos de intercambio de información vecinal y regional.

“Tenemos que bajar mucho las expectativas, no se pueden alimentar expectativas desmedidas frente a un tema que no podemos solucionar mientras Colombia y, especialmente Venezuela, no participen de esta iniciativa. Si la fórmula va a ser un corredor humanitario, va ser muy difícil avanzar”, indica la fuente de la Cancillería peruana.

No se trata de falta de voluntad. Es sólo pragmatismo, explican.

“Es muy grande el peligro de que los migrantes que vayan en un convoy humanitario se vayan bajando durante el trayecto. La mayoría de los migrantes venezolanos que siguieron viaje a Chile fueron dejando parientes y amigos en Perú y en Ecuador. Además, la informalidad en el mercado laboral peruano es muy grande, supera el 70%, y eso aumenta las posibilidades de quieran quedarse y encontrar trabajo en vez de volver a Venezuela”, dice el mismo embajador peruano.

Desde Quito, fuentes de la Cancillería ecuatoriana añaden otra razón de peso para señalar que un corredor humanitario es inviable mientras no haya un giro en Venezuela. “Mientras el gobierno de Caracas no acepte el retorno de sus connacionales, ningún país de ese eventual corredor aceptará convertirse en el lugar de espera para miles de venezolanos”, indicaron.

Pero hay otros problemas más que hacen muy compleja la idea de un corredor, ya sea terrestre, marítimo o incluso el uso de puentes aéreos.

“La posibilidad de un corredor se ha planteado muchas veces en conversaciones formales e informales a todo nivel, pero siempre los países han dejado en claro los reparos que tienen frente a esta iniciativa mientras no hay un acuerdo explícito que involucre a Venezuela”, indican en la Cancillería chilena.

De hecho, las primeras conversaciones surgieron a fines del gobierno de Sebastián Piñera e inicios de la administración de Gabriel Boric, con el mismo resultado. Es más, tras el quiebre de relaciones y la expulsión de todo el personal diplomático entre Venezuela y varios países de la región, entre ellos Ecuador, Perú y Chile, las complicaciones fueron aún mayores.

“Tenemos un problema con el estatus legal de los indocumentados. Porque se trata de personas que no tienen documentos ni vías legales para obtenerlos. Eso hace imposible que tres o cuatro países se coordinen para permitir el tránsito de personas de las que no tenemos ni siquiera su identidad o registros para saber si han cometido delitos”, señala una fuente de la Cancillería chilena.

Lo que es refrendado por embajadores en Perú y Ecuador: “Podría tratarse de personas de otras nacionalidades, no necesariamente venezolanos, y no tendríamos cómo saberlo”, remarcan.

Sin un adecuado empadronamiento previo -algo con lo que Kast no está de acuerdo- podría incluso estar facilitándose el tráfico de niños que nacieron en Chile o la salida de peligrosos criminales.

Hay otra complejidad más, de carácter logístico, que dificulta el diseño de un eventual corredor. “Si es un corredor terrestre, tendría que ser en buses sellados, desde el lugar de origen hasta el punto de destino, porque se trata de personas que no debieran poder transitar libremente por los territorios de los países por los que vayan avanzado. El costo del trayecto tendría que ser de cargo del país desde donde salieron, por lo que sería mayor para Chile debido a la distancia que nos separa de Venezuela, y por último, tendrían que estandarizarse las normas para asegurar un trato digno a los migrantes en todo el trayecto”, señalan desde la Cancillería chilena.

Qué se hizo sin corredor

En las cancillerías de Chile, Perú y Ecuador coinciden en que la idea del corredor (en especial la de abrir puentes aéreos) era una alternativa que, por más que gustara, era inviable para las circunstancias que se estaban viviendo. Por lo mismo, desde un comienzo se dejó en suspenso.

“Las conversaciones se concentraron desde entonces en hablar de los flujos migratorios y de control de fronteras”, remarcan. Y aunque hubo contactos a nivel presidencial, la mayoría de los esfuerzos quedaron circunscritos a instancias de menor nivel.

“Hubo inicialmente conversaciones a nivel de la Conferencia Sudamericana de Migraciones”, señalan fuentes diplomáticas peruanas. Allí se trató de coordinar una respuesta común a la creciente ola migratoria que azotaba a la región.

“Después entró a tallar el Proceso de Quito, cuya misión fue más bien ver qué hacíamos en cada país con todos los venezolanos que se habían desplazado a nuestros países, pero con un enfoque centrado en cómo se les integraba, pero no desde el punto de vista de la seguridad, de cómo se frenaba y se trataba esa migración”, indican fuentes diplomáticas peruanas y chilenas.

El llamado Proceso de Quito había sido convocado en septiembre de 2018 por el entonces presidente de Ecuador Lenin Moreno, un socialdemócrata que muy pronto giró hacia posiciones neoliberales que lo distanciaron de la izquierda. Y ha seguido operando con gobiernos de centroderecha y de derecha por igual.

La estrategia colombiana, que propiciaba la regularización de los migrantes, también influyó en una mirada más garantista. Lo cierto es que para Bogotá no había muchas opciones. De los más de cuatro millones de migrantes venezolanos que llegaron a su territorio, casi la mitad tenía relaciones familiares con colombianos o, incluso, doble nacionalidad.

En diciembre de 2023, ante la incertidumbre de lo que podría pasar con las elecciones presidenciales en Venezuela (que se realizaron en 2024 y que fueron calificadas de fraude por la comunidad internacional) se activó un nuevo esfuerzo de coordinación regional. Por entonces, se temía que si Maduro se negaba a dejar el poder, hasta dos millones de venezolanos podrían intentar salir hacia otros países de Sudamérica.

Fue en ese momento en que Chile, por intermedio de la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Gloria de la Fuente, convocó a una reunión en Santiago para analizar una respuesta común al problema. “Pero más allá de avanzar en aspectos de cooperación en el control fronterizo, no se tomaron otras decisiones respecto de la salida de los migrantes que ya habían llegado”, remarcan fuentes vinculadas al tema.

Aparte de eso, Chile avanzó bilateralmente con Perú en el manejo de flujos migratorios por Chacalluta, información policial y de inteligencia contra el crimen organizado. Mientras que con Bolivia, en enero de 2025, se suscribió un acuerdo de reconducción de migrantes que hayan sido detenidos cerca de la frontera. En los últimos meses, gracias a ese acuerdo, cerca de 30 personas al día, en promedio, son retenidas y reconducidas a territorio boliviano.

Pero poco o nada se pudo avanzar en un corredor en el que todos están de acuerdo que es indispensable, pero que sobre el cual no se puede avanzar mientras Venezuela no abra la puerta.