El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), salió este martes a defender las decisiones que ha tomado el gobierno en el marco del hoy controversial cable submarino de fibra óptica que uniría Chile y China, así como la manera en que se han comunicado esas determinaciones.

Las declaraciones del ministro se dan luego de que El Mercurio revelara que el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz (Ind) sí visó, el 27 de enero, antes de que estallara la polémica, la concesión que permitiría a la empresa China Mobile ejecutar este proyecto y que dos días después anuló ese decreto por un supuesto error de tipeo.

Antes de que esta operación que luego fue anulada trascendiera a la opinión pública, el gobierno había defendido que el proyecto se encontraba en una etapa preliminar, aún en evaluación, y por ende rechazó la decisión de Estados Unidos de revocar las visas del ministro Muñoz, del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya (PC) y del jefe de gabinete de éste último, Guillermo Petersen (PC), como sanción por “socavar” la seguridad regional.

Aun con estos antecedentes, el jefe de gabinete se apegó esta jornada al relato que, hasta ahora, ha sostenido el gobierno. En conversación con radio Duna, Elizalde aludió a que Muñoz ayer por la noche en conversación con 24 Horas reconoció que se retrotrajo el proceso, y enfatizó en que esto fue antes de que esto fuera revelado por la prensa.

Luego, mencionó que la aprobación de la concesión es la primera etapa de las 13 que debe cumplir un proyecto de esta naturaleza y que ésta ni siquiera estaba concluida porque aún faltaba que la Contraloría tomara razón del decreto. “El ministro (Muñoz) fue explícito al señalar que esto estaba precisamente en etapa de estudio, porque es precisamente en la etapa en que se encuentra. Efectivamente un acto administrativo, se consolida en este caso por no ser un decreto exento, (sino que) desde el momento que se toma razón por la Contraloría General de la República. Y esto ni siquiera se envió a la Contraloría General de la República”.

Además, hizo alusión a que el titular de Transportes dispuso que antes de continuar con el proceso se “estudiaran antecedentes adicionales” que le proporcionó el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, sobre supuestas ciberataques chinos.

“Y de hecho, la decisión (de retrotraer) es antes. Eso es lo que el ministro ha señalado. Antes de que se reuniera con el embajador de Estados Unidos, a propósito de una reunión que había tenido un asesor de su ministerio”, añadió.

En esa línea, planteó que “no había una decisión formal del gobierno, porque ¿cuándo se verifica una decisión de gobierno? Cuando toma razón Contraloría".

“No había un acto administrativo formal y por tanto, no había una decisión de parte del Estado, una aprobación explícita para iniciar el proceso. ¿Cómo se realiza eso? A través de un decreto que se envía a la Contraloría y que es tomado razón por la Contraloría. Eso no había acontecido", reiteró.

Adicionalmente al ser consultado sobre si el ministro Muñoz le informó del decreto en cuestión y su posterior anulación, contestó que “el ministro obviamente nos informó de todos los temas que han hecho referencia pública. Tanto así que lo hace ayer en una entrevista”.

Respecto de si el decreto habría llegado a la Contraloría si no hubieran recibido las advertencias de Estados Unidos, acotó: “Dentro de las etapas siguientes a las cuales hace referencia en los trece pasos también hay otro tipo de instituciones que tienen que ver con esas temáticas. Nosotros jamás vamos a tomar una decisión que afecte la seguridad nacional, ni la seguridad regional. Ese es el punto de principio básico”.