Mínimos comunes: Gobierno confirma que incrementará el monto del IFE después de las elecciones y tensiona diálogo con la oposición

Los ministros Juan José Ossa (Segpres) y Rodrigo Cerda (Hacienda) indicaron ayer, sin especificar montos, que avanzarán en un proyecto de ley para para ampliar la medida al 100% del Registro Social de Hogares, con una cifra que se fijará “sobre la línea de la pobreza”, y que habrá un fondo especial con transferencias directas para las pymes. La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), quien ha liderado el diálogo con La Moneda, calificó el anuncio como un "portazo" y "un show mediático sobre las ayudas a las familias. No presentan ninguna sola cifra, ni un solo aproximado, no dan una sola fecha".




Luego de recibir el miércoles la propuesta de la oposición en el marco del diálogo por “mínimos comunes” entre el Ejecutivo y el Parlamento, los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, y de Hacienda, Rodrigo Cerda, confirmaron ayer, pasadas las 14.00, que posteriormente a las elecciones de este fin de semana -en las que se elegirán a los constituyentes, alcaldes, gobernadores y concejales-, ingresarán los proyectos de ley y las medidas administrativas recogiendo algunos de los planteamientos hechos por la centroizquierda y también por Chile Vamos.

Así, uno de los mensajes que ingresarán al Congreso, según indicaron los ministros, será para ampliar el IFE al 100% del Registro Social de Hogares, excluyendo al 10% de las familias con mayores ingresos, con un monto que se fijará “sobre la línea de la pobreza”.

De acuerdo a lo señalado por Hacienda, la idea apunta a abarcar el 100% de quienes estén inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH), pero si alguna familia inscrita en dicho registro, pertenece al 10% más rico de la población serán excluidos del IFE universal (esto porque no hay límite de ingresos para estar en el RSH). Para focalizar a esas personas, se utilizarán otras fuentes de información como la Casen o datos del SII.

Eso sí, el Ejecutivo no entregó detalles del monto, ni tampoco el periodo por el cual se extenderá la ayuda. Esto, en un escenario en que la oposición propuso que la Renta Básica Universal de Emergencia sea el valor que resulta de aumentar al monto de la línea de la pobreza según el número de integrantes del hogar, más un 30%, y que sea por los meses de julio, agosto y septiembre, pero con posibilidad de prorroga.

De hecho, esta parte de la contrapuesta de la oposición fue calificada en privado en La Moneda como “excesiva” y con el “tejo pasado”. Y, dada esta razón, en Chile Vamos presionaron al gobierno para no entregar una respuesta concreta respecto a los montos para las ayudas porque podría terminar siendo una comparación entre ambas iniciativas -en la cual la propuesta oficialista sería menos cuantiosa debido a que apuntan a la “responsabilidad fiscal”-, justo antes de las elecciones, lo que podría significar un costo electoral para el sector.

En ese sentido, en Palacio reconocen en privado que si bien quisieron abordar el tema públicamente para dar ciertas certidumbres de que se está avanzando en los mínimos comunes, no quisieron entregar detalles ahora porque tienen que analizar todas las propuestas y para que no se genere un debate sobre los montos de los beneficios en la antesala de los comicios. Y agregan, tal como adelantó La Tercera, que la respuesta oficial se hará a través de los proyectos de ley concretos y las medidas administrativas tras las elecciones.

“Incrementaremos montos del IFE, que pasará a ser universal, tomando en consideración la línea de la pobreza, y extenderemos el periodo de vigencia de estos beneficios”, dijo el ministro Cerda al respecto. Consultado si la iniciativa del gobierno podría superar a la propuesta de la oposición -que incluye una Renta Básica Universal (RBU) para el 100% de las familias del Registro Social de Hogares (hoy es de 80%) y que supere en un 30% la línea de la pobreza- el titular de Hacienda agregó que “lo que tiene que quedar claro es que hoy el IFE, que llega a 13 millones de personas y con $100.000 por persona, va incluso a ser mejorado, en términos de monto y cobertura”.

Sobre los montos, que no fueron especificados, Ossa añadió que ellos los delimitarán en el proyecto que enviarán al Parlamento, pero que, de todas formas, “esto se va a discutir en el Congreso”. “Hoy habiendo recibido las propuestas recién el día de ayer, luego de que los distintos actores contaran con casi 10 días para poder analizarlas, nosotros no podamos decirle aquí, ahora y hoy cuál va a ser la política exacta pero el ministro (Cerda) ya ha dado los principios que la van a inspirar”, agregó.

El titular de la Segpres, además, valoró ayer los “aportes y contribuciones” en la entrega de propuestas, pero tuvo un tono crítico, afirmando que le “preocupa que en forma paralela, en el Parlamento sigan su curso otras iniciativas legales que además de no respetar eventualmente la Constitución no son compatibles con las propuestas que hemos ido recibiendo”.

“Junto con presentar estos proyectos de ley, confiamos en que el Parlamento las analizará respetando la Constitución y las leyes y las atribuciones que otorga a los distintos poderes del Estado”, dijo el titular de la Segpres.

En transferencias a las personas si el anuncio de ayer es IFE extendido al 100% del RSH, sobre la base de la línea de la pobreza, su costo mensual es del orden de US$2.808 millones, 30% menos de lo planteado por la oposición, cuyo plan es de US$3.650 millones al mes en esta materia. Esto, porque el de ellos es línea de la pobreza más 30%.

Pero igual el gobierno mejoraría su oferta en US$758 millones mensuales, porque la original (con IFE ampliado al 100% del RSH, pero en base a $100 mil por persona) costaba US$2.050 millones al mes.

Luego, la oposición plantea este beneficio, en principio, por 4 meses, lo que da un costo total de US$14.600 millones. El gobierno, en cambio, habló originalmente de 3 meses. Si mantuviera ese período, su nueva propuesta costaría en total, en este ítem, alrededor de US$8.400 millones. Su oferta original, para esos mismos tres meses, costaba US$6.150 millones.

Sobre el financiamiento, el titular de Hacienda explicó que “estamos teniendo mayor recaudación del Cobre y la estamos ocupando en eso. Por otro lado, buscaremos efectivamente algo de mayor recaudación vía exenciones, pero también quiero darle la tranquilidad a los chilenos de que tenemos la capacidad para, si es necesario, aumentar el nivel de endeudamiento de nuestro país de forma razonable, lo podemos hacer (...) también tenemos activos en nuestro Tesoro Público y también lo podemos ocupar”, agregando que “tenemos la más absoluta tranquilidad que en la medida que nos mantengamos en lo que estamos conversando hoy, tratar de ir a montos similares a la línea de la pobreza para algunos meses más en término de financiamiento, no vamos a tener problemas”.

El gobierno también anunció un “incremento de apoyo a las Pymes” a través de “un fondo especial de transferencias directas” para las más afectadas, facilitándoles el acceso al crédito en condiciones diferentes, aumentando los beneficios tributarios y postergando el pago de patentes y contribuciones y un aumento en el fondo de salud “para seguir financiando la lucha contra el coronavirus”.

Esta medida, según explican en el Ejecutivo, se traducirá en otro mensaje presidencial, el que, incluso, puede ser dividido en dos partes. Esto, dicen las mismas fuentes, dependerá finalmente de la “técnica legislativa” por la cual terminen optando.

Como sea, en La Moneda recalcan que, hasta ahora, no se tiene pensando una “firma de protocolo” con la centroizquierda para avanzar en el acuerdo de mínimos comunes, sino que más bien recogerán ideas de la oposición y de Chile Vamos. Asimismo, agregan que tampoco está resuelto que se haga una especie de ceremonia que incluya a la oposición cuando se anuncien las iniciativas legales.

Provoste acusa “portazo”

Las declaraciones de los ministros no fueron bien recibidas con la oposición, con quienes criticaron al gobierno y se terminó tensionando el diálogo en relación a los “mínimos comunes”. La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) -quien ha liderado el diálogo con el Ejecutivo junto a su par de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN)-, calificó como un “portazo” la determinación de La Moneda.

“Yo siento que es un portazo. Siento que el gobierno hace una conferencia de prensa esta tarde para hacer una especie de declaración de intenciones y esa etapa ya pasó hace mucho rato. Creo que es un portazo también a quienes creemos que el diálogo es la búsqueda de soluciones para enfrentar esta crisis”, advirtió, agregando que “hoy estamos frente a un gobierno que vuelve a la lógica anterior a esta conversación, que son puros titulares, letra chica, y creo que eso no lo resiste más este país”.

Además, añadió que “nosotros hemos hecho una propuesta seria, una propuesta clara y precisa. Hemos propuesta una Renta Básica Universal que sea de un monto de un 30% sobre la línea de la pobreza. Queremos asegurar dignidad a las familias de Chile. Y creo que esta intervención de parte de los ministros del gobierno del Presidente Piñera, es un show mediático sobre las ayudas a las familias. No presentan ninguna sola cifra, ni un solo aproximado, no dan una sola fecha. Dicen ‘avanzaremos a un ingreso universal, vamos a incrementar el monto de los beneficios’, pero no son capaces de decir cuándo ni cuánto”.

Provoste aseguró también que sostendría una reunión de coordinación con la Segpres en la que le señalaría a Ossa “que necesitamos que se apure, en que escriba los proyectos de ley, que le pongan números, que no nos digan puros titulares”.

Por su parte, mediante un comunicado, los senadores Ximena Rincón (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Carlos Montes (PS) manifestaron que “la respuesta del gobierno es difusa, sin números claros y hecha solamente para evitar entregar una respuesta negativa que pueda repercutir negativamente en los resultados electorales en su sector”.

Y añadieron: “Con esta respuesta, lo único que hace el gobierno es rechazar la urgente ayuda a los chilenos”.

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