Esta tarde la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, sufrió una agresión por parte de un grupo de estudiantes en la Universidad Austral de Valdivia.

Según se puede ver en el registro exhibido por radio Biobío, los manifestantes le realizaron diversos insultos y le habrían lanzado agua.

Esto, tras su participación en la inauguración del año académico de dicha casa de estudios emplazada en la región de Los Ríos.

Tras el ataque, varias voces del gabinete salieron a lamentar el hecho. La primera en pronunciarse fue la titular de Seguridad, Trinidad Steinert, que justamente se encontraba participando de una comisión en la Cámara de Diputados.

Allí además de condenar la situación, anunció una querella por el delito de atentado a la autoridad.

Minutos después, la ministra de Energía, Ximena Rincón, publicó en X: “He podido hablar con la ministra Ximena Lincolao y es inaceptable la situación que vivió. La tuvieron dos horas encerrada en un aula y tuvo que ser escoltada por la PDI para no sufrir ninguna lesión grave”.

Más tarde, desde La Moneda, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló: “Lo ocurrido es absolutamente inaceptable. Una autoridad de gobierno fue amedrentada, retenida y posteriormente agredida en el ejercicio legítimo de sus funciones en un recinto universitario, que debe ser por definición un espacio de aprendizaje, debate y convivencia”.

“La violencia no tiene lugar en las aulas, ni en los campus, ni en ningún espacio de la vida democrática chilena. Este gobierno no se va a amedrentar. Quienes creen que la agresión y la intimidación son herramientas válidas para callar al Estado o frenar el trabajo de sus autoridades, están total y profundamente equivocados”, agregó.

Con ello, además de abordar la presentación de una querella criminal por patrocinada por el Ministerio de Seguridad Pública, hizo un llamado a las autoridades de la Universidad Austral “a colaborar con las investigaciones correspondientes y a identificar a los responsables de estos hechos”.

Luego, al ser consultado sobre la posibilidad de la revocación de beneficios sociales a los estudiantes involucrados, el ministro sostuvo: “Lamentablemente hoy día no contamos con esas herramientas legales, pero esperamos a futuro poder tener un amplio debate en el Congreso para que estos actos de violencia cometidos por estudiantes que tienen beneficios del Estado puedan de alguna u otra manera ser sancionados”.

“El llamado es al Congreso Nacional, que de manera universal condenemos estos hechos y encontremos lugares comunes que permitan de alguna u otra forma sancionar como corresponde, no solo penalmente, a quienes cometen estos actos de violencia en los colegios y en las universidades”, cerró el ministro en la vocería en la que estuvo secundado por su par de Segegob, Mara Sedini; y el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet.