El gobierno del Presidente Gabriel Boric, a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo (PC), cuestionó en la Sala del Senado el proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas que mayores y que padecen enfermedades graves.

La iniciativa, iniciada en moción de los senadores de RN Francisco Chahuán,Carlos Kuschel y Rodrigo Galilea, Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Enrique Van Rysselberghe (UDI), está dirigido para que puedan cumplir penas en su domicilio personas condenadas que padezcan enfermedades terminales o menoscabo físico grave, o que hayan cumplido determinada edad, en el caso de los hombres 70 años y de las mujeres 65.

El proyecto llegó a la Sala de la Cámara Alta tras su aprobación en enero de 2024 en la Comisión de Derechos Humanos de la misma rama del Congreso. Ahí obtuvo tres votos a favor de los senadores Chahuán, Kuschel y Van Rysselberghe, y uno en contra del senador Daniel Núñez (PC), que reemplazó en la comisión a la senadora Fabiola Campillai (Independiente). Posteriormente, consignó su voto en contra el senador socialista Gastón Saavedra.

Previo a las palabras de Gajardo, la Sala sometió a votación la opción de que la iniciativa tuviera un trámite previo en la Comisión de Constitución, lo que fue rechazado. A favor obtuvo 21 votos, 24 en contra y 0 abstenciones.

En su alocución ante los senadores, el titular de Justicia señaló: “Como Ejecutivo quisiéramos plantear nuestra opinión respecto al proyecto que se está discutiendo en general y en particular, y lamentar que este proyecto no pase a la Comisión de Constitución”.

De acuerdo a la autoridad de gobierno, la iniciativa impulsada por legisladores de la derecha “tiene un conjunto de falencias técnicas y además de tener falencias técnicas realmente importantes, es un proyecto que es contrario al Estatuto de Roma y es contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A la vez, puso énfasis en que de ser aprobado, el proyecto de ley permitiría conmutar penas a “criminales de lesa humanidad, entre ellos, personas que han cometido graves delitos en contra de la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, entre ellos, personas que han cometido asesinatos en serie”.

El secretario de Estado, además, criticó que la moción “establece una causal amplísima y ambigua para la sustitución de la pena de las personas privadas de libertad por reclusión domiciliaria, referida a la existencia de enfermedad crónica, de la cual el condenado se encuentra impedido de recuperarse o de tratar”.

Y luego agregó: “No se establecen elementos para definir qué se entiende por enfermedad crónica, ni se entregan parámetros sobre la gravedad de la misma, que harían procedente la sustitución de la pena de presidio por la de reclusión domiciliaria. Tampoco se define lo que se entiende por tratamiento adecuado en el sistema penitenciario, pudiendo dar lugar a interpretaciones equívocas en el sistema penitenciario”.

Para graficar lo que significaría, el ministro entregó algunas cifras de Gendarmería: “Actualmente existen 370 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad que podrían ser beneficiados de este proyecto. Pero además, existen 365 personas condenadas por delitos comunes, de los cuales 192 están condenadas por abusos sexuales, 155 por delitos de violación, 27 por delitos de homicidio y 5 por parricidio, que también podrían ser beneficiados con este proyecto”.

También señaló que el proyecto es “contradictorio con los compromisos internacionales que tiene nuestro país en esta materia, es contradictorio con la jurisprudencia interamericana, es contradictorio con el Estatuto de Roma, y además puede generar graves efectos en materia de impunidad, no sólo de los crímenes más graves que se han cometido en la historia de nuestro país, como son los crímenes que se cometieron durante la dictadura militar, sino que también para los criminales más peligrosos que tenemos en nuestros establecimientos penitenciarios a lo largo del país”.

Finalmente, Gajardo solicitó a los senadores que “ojalá se rechace este proyecto en general y en particular en esta corporación”.