Gobierno entrega reservada minuta a Chile Vamos para justificar su rechazo al pacto migratorio

COMITE-POLITICO

Entre los ocho puntos de énfasis, se incluye que hay aspectos del acuerdo que podrían coartar la libertad de expresión, que el país no se puede hacer cargo económicamente del retorno de los migrantes a sus países y que al suscribir el pacto podría haber riesgos ante tribunales internacionales.


En una escena inusual, el Presidente Sebastián Piñera decidió liderar, la mañana de este lunes, el comité político que tradicionalmente convoca en La Moneda a los ministros políticos,  jefes de partido y de bancada de Chile Vamos.

Entre otras materias, el jefe de Estado quería profundizar con los líderes de la coalición sobre la determinación que tomó el gobierno de no adherir al Pacto Migratorio de la ONU.

Por ello, durante la cita el Ejecutivo entregó a las autoridades de la coalición una minuta titulada "Diferencias de Chile con el texto del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y regular", donde se profundiza en los argumentos del Ejecutivo.

Entre ellos, se señala que "el lenguaje general del Pacto es imperativo ya que en sus 23 objetivos, al menos 180 verbos obligan a Chile a la realización de acciones concretas" y "establece más de 36 acciones destinadas a la cooperación internacional, la firma de tratados o la creación de alianzas regionales e internacionales, lo que tiene nivel de compromiso, en el lenguaje del pacto" y que "aún cuando se afirma que el pacto no es vinculante, el lenguaje del mismo si tiene este carácter. Esto deja la puerta abierta para que actores internacionales interfieran en el diseño de la política migratoria nacional, lo que atenta contra nuestra soberanía (...) también supone un riesgo para que algunos tribunales internacionales utilicen este Pacto para atribuir responsabilidad internacional del Estado de Chile".

El texto tiene ocho encabezados que justifican la decisión del gobierno, el primero de ellos titulado así: "No se aprecia la diferencia entre migración regular e irregular". En este punto se expone -por ejemplo- que el pacto "equipara dos realidades diferentes, la del migrante regular que cumple con toda la legislación del país de destino (...) y con aquellos migrantes irregulares que se desplazan al margen de las normas de los Estados de origen".

En esa línea, la minuta sostiene que "los accesos y libertades de circulación del migrante regular e irregular no pueden ser los mismos y que la obtención de permisos tampoco puede ser la misma", citando como ejemplos algunos puntos del mencionado acuerdo internacional, como el "Objetivo 3, letra c", que apunta a "establecer puntos de información abiertos y accesibles a lo largo de las rutas migratorias pertinentes que puedan derivar a los migrantes a servicios de apoyo y asesoramiento... las opciones y vías de migración regular y las posibilidades de regreso, en un idioma en que la persona comprenda.

El segundo ítem se denomina "Reunificación familiar" y expone que ésta "debe ser limitada a los migrantes regulares". De acuerdo al texto del gobierno, el "tratamiento" que se entrega a este ítem en el pacto -sin diferenciar entre migración regular e irregular- "contradice los acuerdos alcanzados en el Congreso Nacional y que se materializaron en votaciones unánimes". Al igual que en los otros puntos, el documento expone "ejemplos concretos", citando algunos de los 23 objetivos que recoge el acuerdo internacional.

El siguiente punto que expone la minuta del gobierno apunta a que "los países tiene derecho a regular el ingreso, permanencia y estadía de los extranjeros en su territorio". "Cuestión fundamental -se indica- que no se expresa en el pacto y preocupa la ambiguedad en el contenido del mismo sobre este punto".

Los siguientes ítems que se exponen son "Aumento de la disponibilidad de las vías de migración regular", donde se asegura que "Chile cree en el legítimo derecho del Estado de normar la forma en que los extranjeros ingresan y permanecen en el país"; y "Asistencia y protección de vulnerabilidad en los países de origen", punto en que se expone que "al establecer que los Estados deben responder con asistencia y protección a las circunstancias de vulnerabilidad en los países de origen, tránsito y destino, incluso ante las corrientes migratorias mixtas, hay un enfrentamiento directo con nuestra política migratoria nacional, pues se crea un estatuto intermedio entre la migración ordinaria y el refugio. No permite examinar la admisibilidad ni rechazar al inmigrante humanitario, lo que en la práctica significa, una confusión absoluta de las necesidades de protección internacional de los refugiados con la realidad de los migrantes de otra naturaleza". 

El sexto punto alude a la "Libertad de expresión de medios de comunicación", asegurando que en uno de los puntos del pacto -el 17- hay "acciones atentatorias contra la libertad de expresión y/o que promueven una exacerbada intromisión del Estado en los medios de comunicación".

"Por supuesto que  Chile está de acuerdo en con el objetivo de eliminar todas las formas de discriminación, pero el Estado de Chile no tiene por qué promover 'un periodismo de calidad, independiente y objetivo'. El Estado de Chile tiene la obligación de proteger, garantizar y respetar la libertad de expresión y el ejercicio del libre periodismo. Si en el ejercicio de esta libertad, alguien comete algún acto discriminatorio, el infractor deberá responder por dicho acto, tal y como corresponde en un Estado de Derecho. Con tal ambiguedad, se abre el riesgo, de que una línea editorial crítica sobre la migración pudiera ser considerada  racista o xenófoba y ser sancionada", dice la minuta.

Los últimos dos puntos de la defensa del gobierno son "El principio de No devolución", y el "Apoyo financiero y jurídico a los migrantes retornados", en que se afirma que si bien el gobierno implementó el Programa de Retorno Humanitario asistido -que han utilizado más de 300 personas este mes-, "no es posible que el Estado de destino (Chile) pueda 'garantizar apoyo financiero y jurídico a los migrantes retornados y la asistencia en sus procesos de reintegración'. Esto es un deber del Estado al cual retornan y sin su anuncia, no sería posible realizar ninguna acción". 

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