La defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ingresó al Congreso su respuesta a la acusación constitucional presentada en su contra, rechazando haber provocado un deterioro de las cuentas fiscales y asegurando que los acusadores construyen un escenario “catastrofista” sin sustento jurídico.

En el documento al que tuvo acceso La Tercera, es que el extitular de Hacienda apunta que “los acusadores me imputan haber causado un daño ‘presente, medible y de larga proyección’ por una deuda que superaría el umbral del 45% del PIB (a pesar de haber terminado en 41,5% del PIB el 2025, bajando por primera vez en casi 20 años)“.

Según expuso, los acusadores sostienen que su actuar habría contribuido a que la deuda pública superara el 45% del PIB, además de generar cerca de US$10.500 millones adicionales en la trayectoria proyectada de endeudamiento entre 2026 y 2030. Sin embargo, el exsecretario de Estado afirmó que esos efectos no han sido respaldados por organismos multilaterales ni por clasificadoras de riesgo.

“Es una imagen poderosa. Sin embargo, esa imagen no es efectiva y no ha sido refrendada por ningún organismo multilateral, ni tampoco por clasificadoras de riesgo”, argumentó.

Asimismo, Grau apunta que la acusación “descansa íntegramente sobre una premisa que los capítulos acusatorios no lograron acreditar”.

“Si esa premisa no está acreditada —y no lo está— entonces la descripción de consecuencias que construyen los acusadores no solo se basa un escenario fiscal catastrofista, sino que además carece de todo sustento jurídico", expresó.

Es así como señala que “no basta con afirmar que las proyecciones económicas no son favorables. En una acusación constitucional, que es un juicio de responsabilidad personal, es indispensable acreditar el nexo causal entre la conducta específica del acusado y el resultado que se le imputa”.

“Los acusadores presentan diferencias entre dos informes elaborados por la Dipres bajo distintas administraciones, las califican como daño, y dan por sentado que ese daño me es atribuible a mí. Esa secuencia no es un argumento jurídico: es una presunción de culpabilidad que ningún ordenamiento serio puede tolerar“, agregó.

En el documento, además cuestionaron la acusación apuntando que la institucionalidad fiscal de Chile no puede estar expuesta a la política contingente.

Es así como Grau aseguró que pretenden responsabilizarlo por proyecciones fiscales elaboradas por organismos técnicos y que “las diferencias entre dos informes técnicos de la Dipres, elaborados bajo distintas administraciones, puedan fundar la destitución e inhabilitación de un ex Ministro de Hacienda sería un retroceso de enorme gravedad para esa arquitectura institucional”.

“Ese retroceso no me afectaría solo a mí: afectaría a todo funcionario técnico o autoridad que en el futuro deba tomar decisiones de política fiscal en un entorno de incertidumbre, sabiendo que cualquier diferencia posterior entre proyecciones puede transformarse en causal de acusación constitucional”, agregó.

Asimismo, la defensa recordó que la Contraloría General de la República ya se pronunció sobre cuestionamientos similares realizados a la Directora de Presupuestos, relacionados con las proyecciones fiscales utilizadas para la elaboración del Presupuesto 2025.

“Si la Contraloría descartó esa infracción respecto de quien elaboró técnicamente las proyecciones, resulta jurídicamente improcedente sostener que el Ministro de Hacienda —que no participa en su confección— incurrió en la misma infracción o en una de mayor entidad", señaló.

Argumentos de la defensa

En su respuesta, la defensa de Grau también solicitó acoger la cuestión previa, argumentando que la acusación no cumple con los requisitos mínimos para su tramitación.

“El presente libelo acusatorio no efectúa una exposición clara, precisa y comprensible de los hechos que se me imputan y que permitan configurar la causal de infracción a la Constitución y las leyes invocada, sino que descansa en referencias genéricas a deberes de dirección, coordinación, supervisión y control. En consecuencia, al no existir una imputación fáctica suficientemente determinada, esta cuestión previa debe ser acogida”.

Asimismo, detalla que “la acusación abusa del uso de fórmulas condicionales y presuntivas, en lugar de describir hechos específicos y concretos”.

“Otra de las deficiencias de que adolece el libelo acusatorio, que permite sostener que los acusadores no identifican de manera clara y precisa los hechos específicos que configurarían la causal invocada, consiste en el uso reiterado de fórmulas condicionales y presuntivas a lo largo de sus cuatro capítulos acusatorios”, menciona.

En la misma línea, desde la defensa de Grau argumentan que “el presente libelo acusatorio carece de un mínimo estándar de fundamentación”, añadiendo que “no desarrolla una argumentación jurídica suficiente que permita comprender de qué manera los antecedentes invocados configurarían una infracción a la Constitución o las leyes”.

Es así como expresan que se invocan diversas normas, pero "no viene acompañada de una fundamentación jurídica suficiente, dado que no explicita cuál sería la norma concreta infringida ni cuál es la conducta que como ex autoridad ejecuté y que habría provocado dicho incumplimiento".