Esta jornada, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a Claudio Crespo por las lesiones que cegaron al hoy diputado electo Gustavo Gatica, lo que generó que personeros del Frente Amplio (FA) salieran a condenar el dictamen y a quienes aprobaron de la Ley Naín Retamal y que miembros del Partido Comunista (PC) además de criticar la normativa, interpelaran al gobierno por haber impulsado esta legislación que, entre otros aspectos, regula la legítima defensa de los funcionarios policiales y les otorga mayor protección jurídica.

“Solidarizamos con los víctimas y sus familias, y reafirmamos nuestro respeto al Estado de Derecho. Sin embargo, ello no nos obliga a compartir ni a guardar silencio frente a una sentencia que consideramos profundamente equivocada”, partieron señalando desde la bancada PS mediante un comunicado.

En este sentido, destacaron que, a su juicio, la absolución de Crespo configura “una señal grave de impunidad en un caso emblemático de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social”.

Tras destacar que aún no conocen el texto íntegro del fallo del tribunal, ni sus fundamentos, sostienen que “es posible que lo absolución se haya sostenido en la aplicación de la legítima defensa, contemplada en el artículo 10 N°6 del Código Penal, y no en la Ley Naín-Retamal”.

Críticas oficialistas a la legislación

Pese a lo anterior, los diputados socialistas relevaron que La ley Naín-Retamal no fue pensada para dejar en la impunidad el actuar de funcionarios policiales.

“Mucho menos para amparar crímenes y graves vulneraciones a los derechos humanos cometidas en ese periodo. Pretender utilizar esta normativa paro justificar este tipo de fallos constituiría una distorsión inaceptable de su sentido y alcance”, relevaron.

Así, sostienen que “las críticas formuladas por el Frente Amplio y el Partido Comunista hacia quienes aprobaron la Ley Naín-Retamal no solo resultan injustas, sino también infundadas y oportunistas”.

Esto, ya que recordaron que la ley fue “impulsada y respaldada por el gobierno encabezado por el Frente Amplio. Fue el gobierno del Presidente Gabriel Boric el que solicitó su aprobación en el contexto del asesinato de funcionarios de las Fuerzas de Orden. Fue este mismo gobierno el que decidió no vetarla. Y fue también el Ejecutivo el que apuró su promulgación para evitar que parlamentarios recurrieran al Tribunal Constitucional”.

“Si al Frente Amplio le parecía tan aberrante una ley respaldada por su propio gobierno, debió votar en contra y no abstenerse. Si el Partido Comunista consideraba que esta ley abría la puerta a aberraciones jurídicas, debió abandonar el gobierno y no permanecer en él mientras se beneficia de cargos y responsabilidades”, fustigaron.

“Apuntar hoy contra sus propios compañeros de alianza para intentar blanquear responsabilidades políticas propias constituye un acto poco ético, que no contribuye a la necesaria unidad de la futura oposición”, cerraron los legisladores del PS.