Intendencia confirma renuncia de seremi de Salud de La Araucanía quien se encontraba suspendida de sus funciones desde abril

Desde que fue denunciada por haber sostenido reuniones y puntos de prensa estando contagiada con coronavirus, Guzmán enfrentó un sumario -que resolvió su sobreseimiento- y también una investigación penal que sigue en curso




Este jueves, la Intendencia de La Araucanía comunicó la renuncia al cargo de la seremi de Salud, Katia Guzmán, que se hará efectiva desde el 15 de julio.

La profesional se encontraba suspendida de sus funciones desde abril luego de que fuera denunciada por realizar actividades públicas mientras estaba contagiada con coronavirus.

El pasado 22 de marzo la Fiscalía abrió una investigación penal en su contra tras una denuncia de un trabajador de la prensa por eventuales delitos contra la salud pública contenidos en el artículo 318 del Código Penal. En paralelo, Guzmán también enfrentaba un sumario administrativo.

Según se lee en el comunicado publicado por la Intendencia ayer, se informó su resolución final que determinó el sobreseimiento. No obstante el resultado, la autoridad decidió presentar su renuncia.

“Se realizó un sumario donde el resultado fue un sobreseimiento y la misma seremi presentó su renuncia el día de hoy con fecha efectiva el 15 de julio, voluntariamente”, dijo el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, durante el balance diario del Minsal.

“Puso en riesgo no sólo su salud si no que a la comunidad de La Araucanía”

En paralelo hoy se conoció un oficio enviado por los diputados de la comisión de Salud de la Cámara donde calificaron de “inaceptable” un eventual retorno de Guzmán a sus funciones.

“Puso en riesgo no sólo su salud si no que a la comunidad de La Araucanía con acciones temerarias y penadas por la ley”, se lee en el documento.

Con todos estos antecedentes, los diputados aseguraron que es “inaceptable pensar en su reintegro mientas no se encuentren absolutamente establecidas las eventuales responsabilidades administrativas y penales que ella pudiera tener, sobre todo teniendo a la vista su deber como autoridad sanitaria durante una pandemia, el deber de probidad y transparencia que rige a la administración pública y la falta de credibilidad y confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

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