Irregularidades detectadas por Contraloría en Recoleta: Jadue asegura que son solo “faltas administrativas” y que instruyó “medidas para subsanar”

El viernes la Contraloría General de la República abrió un sumario a la gestión del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), tras los resultados de una auditoría realizada a la Corporación Cultural de Recoleta por el uso de recursos para la realización del Festival Womad 2020, que no mantienen registros contables que respalden estos traspasos, y resolvió remitir el caso al Ministerio Público.

Y hoy, por medio de su cuenta de Twitter, Jadue se refirió por primera vez a la decisión del organismo fiscalizador. “Estamos solo frente a faltas administrativas y he instruido que se apliquen todas las medidas a nuestro alcance para subsanar”, señaló, agregando que “tenemos plena confianza y alta valoración de los que hace Contraloría. Atenderemos todas las observaciones emitidas, porque tenemos plena certeza de que cada peso está debidamente invertido en cultura para nuestra comuna”.

El mensaje sería reforzado luego por un comunicado de la municipalidad -en el que se agregó que en las cuentas públicas anuales, de la Corporación Cultural y de la Municipalidad, se expresa “debidamente” cada gasto- y por el propio jefe comunal, en el marco de una actividad de la lista Chile Digno.

“Nos han hecho más de cien informes en donde nos plantean las faltas administrativas que podamos tener en Recoleta y, tal como lo hemos hecho en todos los informes, vamos a responder dentro de los próximos 30 días y vamos a aclarar todas las dudas y vamos a acompañar toda la acción, para que Contraloría pueda dilucidar todas las dudas que pueda tener”, señaló Jadue.

Respecto a las rendiciones entre los años 2015 y 2019, aseguró que “desde la gestión de Gonzalo Cornejo que hay rendiciones no hechas y tenemos problemas serios con las rendiciones hechas por la administración anterior -que no dejó ni siquiera información- y las nuestras, si están atrasadas, van a llegar a puerto lo antes posible”.

El excandidato presidencial afirmó también que confía y valora las labores que realiza la Contraloría y que irán informando sobre los avances de las acciones que se llevarán a cabo para ordenar la información de las rendiciones que se han demorado por “faltas administrativas que requieren urgente tratamiento para despejar cualquier eventual falta”, pero que no duda que “no hay ningún peso que no haya sido invertido en cultura para la gente”.

El organismo fiscalizador, a cargo de Jorge Bermúdez, había remitido el caso al Ministerio Público debido a que algunos antecedentes podrían constituir eventuales delitos. Los primeros cuestionamientos se debieron al Caso Itelecom, donde se investiga el pago de coimas para millonarios contratos por el recambio y la mantención de luminaria led. En esta instancia se detectó una donación de esta empresa para la realización del festival de música y arte, la cifra revisada alcanzaría los $50 millones de pesos.

Al solicitar los respaldos de los traspasos de la Municipalidad de Recoleta al ente cultural, no se encontraron rendición de estos recursos. En el informe entregado por la Contraloría se especifica que “se comprobó la falta de rendición de cuentas de los fondos transferidos por la Municipalidad de Recoleta a la Corporación Cultural de esa comuna por un total de $ 200 millones”.

En tanto, durante la tarde se conoció que el Tribunal Constitucional (TC), por mayoría de sus integrantes, resolvió que Jadue puede ser acusado penalmente por los delitos de prevaricación y negociación incompatible por tráfico de influencias.

Esta causa se enmarca en el juicio que le interpuso la empresa Desarrollo Inmobiliaria Bellavista, a la que el edil le ha negado insistentemente desde 2013 la recepción de una de las torres del proyecto emplazado en la comuna, pese a los contundentes fallos de la Corte Suprema que lo han obligado a ello.

El TC acogió el reclamo de inconstitucionalidad presentado por la inmobiliaria a raíz de la decisión de no perseverar en la investigación anunciada por la fiscalía, tras la querella que se presentó en contra del alcalde, que se sigue en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. Según el fallo del TC la decisión del fiscal “viola el derecho a un procedimiento racional justo que brinde protección al derecho a ejercer igualmente la acción penal”.