
La disconformidad en el PC con Boric por no cerrar Punta Peuco
Al interior del partido existen voces que reconocen que habrían esperado el cierre del penal. "Aquello debió desarrollarse en el marco de las acciones iniciales del gobierno", sostuvo el diputado Matías Ramírez.

El anuncio del Presidente Gabriel Boric, sobre transformar Punta Peuco en un recinto penitenciario común, fue recibido con aplausos desde las filas oficialistas, que escuchaban con atención su discurso en la última cuenta pública de su administración, en el Congreso Nacional.
Sin embargo, algunos al interior del Partido Comunista (PC) quedaron con gusto a poco. En la colectividad se mantiene presente la idea de cerrar el penal, una propuesta que hizo Boric mientras estuvo en campaña presidencial.
En la cuenta pública, el Mandatario dijo que, desde su punto de vista, en el Chile actual no existe justificación para que condenados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la dictadura “tengan ese privilegio”.
“Por tal motivo he instruido al Ministerio de Justicia (Jaime Gajardo, PC) modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial, y transformándolo en un penal común”, sostuvo el Mandatario. Y concluyó: “Hoy día estamos poniendo fin a Punta Peuco como se le ha conocido”.

El diputado comunista Matías Ramírez dijo a este medio que “Punta Peuco ha significado históricamente un privilegio para los condenados por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil militar. Si bien cambiar la calidad a cárcel común puede resultar significativo, hay que evitar que en la práctica siga funcionando como un lugar donde se demuestra que las garantías de justicia, reparación y no repetición siguen sin ser cumplidas por Chile”.
El parlamentario agregó que el cierre del penal “es y será una demanda de las organizaciones de derechos humanos. Es más, no solo uno esperaría avanzar en un cierre definitivo, sino que poner fin al pago de jubilaciones millonarias a criminales de lesa humanidad. Aquello debió desarrollarse en el marco de las acciones iniciales del gobierno“.

Por su parte, la jefa de bancada de los diputados PC, Lorena Pizarro, afirmó que “es un anuncio políticamente importante, pero mientras no se materialice y no veamos que Punta Peuco es un penal común, quiero decir que vamos a estar muy atentas, porque ya hemos tenido experiencias muy lamentables anteriormente, donde finalmente nos sentimos incluso revictimizadas. Es importante, pero no es lo único que falta para avanzar en las garantías de no repetición”.
Aunque no lo mencionó, la parlamentaria hacía referencia al recordado intentó que protagonizó Michelle Bachelet para cerrar Punta Peuco. Anteriormente, Pizarro se desempeñó como presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. En ese cargo, organizaba manifestaciones frente a La Moneda, los viernes, para exigir el cierre del penal.

La también diputada Nathalie Castillo sostuvo que el cierre de Punta Peuco “es un anuncio esperado por nuestro sector, como un hecho de justicia y no simbólico”, y reconoció que el gobierno de Boric, así como administraciones anteriores, pudieron darle prioridad a la iniciativa. Además, la parlamentaria propuso que “ciertos criminales emblemáticos pueden ser trasladados a una cárcel común en el transcurso de esta conversión”.
A diferencia de los diputados, el presidente del PC, Lautaro Carmona, se alineó con el gobierno y valoró la medida anunciada. “Yo creo que es muy importante que en la práctica el Presidente haya anunciado el cierre de Punta Peuco para violadores de derechos humanos y que sea un penal común donde van a convivir estos asesinos con criminales de responsabilidad común, como siempre debió haber sido”, dijo en Radio Nuevo Mundo.

En esa línea, el diputado Boris Barrera señaló que “a mí me parece una buena medida (...). No me complica el que no se haya cerrado definitivamente, porque hay un déficit de plazas para delincuentes en las cárceles y creo que habilitar este penal para presos de otro tipo no es malo”.

Sobre el tema, la abanderada del PC, Jeannette Jara, indicó. “Creo que es una medida justa, necesaria además y, que, en parte viene a reparar el dolor que las víctimas de violación a los derechos humanos de la dictadura civil y militar que han experimentado durante largo tiempo. Espero, si soy elegida presidenta, consolidar la reconversión de este penal. No tiene que haber presos de distinta categoría en nuestro país y menos con privilegios quienes fueron violadores de los derechos humanos”, sostuvo.
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