Las subsecretarías del Trabajo, Previsión Social, del Patrimonio, de las Culturas y de Medio Ambiente, además de algunos municipios, han sido las primeras instituciones en responder a una megaofensiva fiscalizadora que están desarrollando en forma paralela -no necesariamente coordinada- varios diputados opositores, a raíz de los 25.078 casos, detectados por Contraloría, de funcionarios públicos que viajaron al exterior mientras gozaban de licencias médicas, entre 2023 y 2024.

En todo caso, las respuestas desde las distintas instancias gubernamentales exponen que tampoco hay un criterio único y coordinado para contestarles a los diputados. Algunas entidades, como el Ministerio del Trabajo, optaron por una respuesta centralizada y lo más transparente posible. Otras reparticiones, como la Subsecretaría de las Culturas, se ampararon en normas de secreto y reserva contempladas en el Estatuto Administrativo.

Por ahora, ya está en curso la creación de una comisión investigadora de la Cámara y un paquete de reformas presentadas por los diputados y los senadores de RN, sin embargo, en la medida que surjan más antecedentes podrían abrirse más medidas de fiscalización. De hecho, el Senado ya hizo una sesión especial.

Kaiser: “Autores de fraude”

El diputado y abanderado presidencial Johannes Kaiser (libertario) es uno de los más activos en esta ofensiva. Envió 449 oficios de fiscalización a subsecretarías, municipios y otros servicios públicos.

En sus requerimientos, Kaiser pide que estas entidades informen a la Cámara “sobre las investigaciones disciplinarias ordenadas instruir contra autores de fraude con licencias médicas, con ocasión de los hechos denunciados por la Contraloría General de la República”.

“Hemos detectado que hay abusos. No vamos a permitir que se normalice el ausentismo injustificado ni la corrupción encubierta. Vamos a seguir fiscalizando, porque esto le cuesta millones a todos los chilenos (...) Si detectamos inconsistencias, no descartamos impulsar nuevas acciones como comisiones investigadoras específicas”, comentó el presidenciable libertario.

Los diputados de la bancada UDI Jorge Alessandri, Guillermo Ramírez (presidente del partido), Felipe Donoso y Natalia Romero (Ind.) también solicitan antecedentes “sobre la situación detectada por la Contraloría”, consultando si ya hay “sumarios administrativos abiertos y medidas aplicadas al respecto”. En total, los legisladores gremialistas enviaron 22 oficios de fiscalización a ministerios

En la respuesta a los oficios de Kaiser y la UDI, las subsecretarías del Trabajo y Previsión Social informaron que la Contraloría encontró irregularidades en 595 licencias de 194 funcionarios de todos los servicios del ministerio (Dirección del Trabajo, Instituto de Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral, Superintendencia de Seguridad Social, Dirección de Crédito Prendario y Servicio Nacional de Capacitación, además de las mencionadas subsecretarías).

No obstante, solo se iniciaron sumarios contra 188 funcionarios.

Si bien la respuesta del Ministerio del Trabajo no precisa las razones de por qué 6 personas no fueron sumariadas, informalmente se sabe que hay casos en que ello no procede (por fallecimientos o desvinculaciones previas).

UDI apunta a Jara

Sin embargo, el alto número de casos detectados en Trabajo alertó a la UDI a poner una especial mirada, ya que el período indagado corresponde a la gestión de la exministra Jeannette Jara, hoy precandidata presidencial del Partido Comunista (PC).

“Se repite un poco lo que hemos visto en varios servicios públicos, pero con más personas involucradas en este uso indiscriminado de licencias médicas para faltar a la pega, para irse de viaje. Y obviamente es más grave en el caso del Ministerio del Trabajo, porque del Ministerio del Trabajo dependen entidades que tienen que resguardar, que tienen que fiscalizar el uso de licencias, que tienen que financiar, ayudar a financiar un sistema que tiene a Fonasa quebrado”, dijo Alessandri.

A juicio del diputado UDI, aquí “no había supervigilancia”. “En las narices de la exministra Jara se iban de paseo por el mundo militantes comunistas y de otros partidos que trabajaban supuestamente en el ministerio, que tenían que crear trabajo. Y si hay algo que no ha hecho este gobierno es crear trabajo. Por lo tanto, doblemente grave”, agregó.

Respuestas disparejas del Ejecutivo

En todo caso, a diferencia de la postura que asumieron otros servicios, la respuesta del Ministerio del Trabajo -si bien resguarda la identidad de los sumariados- hace un pormenorizado reporte y detalla incluso a los fiscales de las respectivas reparticiones públicas a cargo de hacer las investigaciones.

Por su parte, en la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente se informa del inicio de 8 sumarios, pero con menos detalles.

El Ministerio de las Culturas, en tanto, amparándose en el Estatuto Administrativo y en el secreto de un sumario, dio una escueta respuesta a Kaiser. “Me permito informar a Ud. que en relación con esta materia existe un procedimiento disciplinario en actual tramitación instruido por esta autoridad, razón por la cual no es posible entregar información específica”.

Según el oficio firmado por la subsecretaria de las Culturas, Jimena Jara, “los procedimientos disciplinarios en actual tramitación son secretos y una vez formulados cargos pasan a ser reservados”.

En su contestación a los legisladores UDI, la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, informa que al menos en su repartición “no hay funcionarios que, estando con licencia médica, registren salidas fuera del país (...). Por tanto, no ha sido necesario instruir ningún procedimiento administrativo”.

El Servicio Nacional Patrimonio (organismos descentralizado y autónomo), a través de su director (s), Diego Montecinos, también en respuesta paralela a UDI, señala que el 23 de mayo “se dictó la resolución exenta N° 873/2025 de la Dirección Nacional del Servicio que instruye el sumario administrativo correspondiente, a objeto de esclarecer los hechos ocurridos en cada caso y determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran originarse producto de estas conductas”. Ese oficio de respuesta no detalla cuántos funcionarios están bajo sumario.

Reformas de RN

Los diputados y los senadores de Renovación Nacional canalizaron la ofensiva a través de un impulso reformista.

Si bien el jefe y la subjefa de los diputados de RN, Miguel Mellado y Carla Morales, también oficiaron a la contralora Dorothy Pérez por el caso de las licencias; esta semana presentaron un plan de reformas para fortalecer al organismo fiscalizador.

“Es profundamente injusto que mientras miles de personas legítimamente enfermas deben enfrentar largos trámites para recibir sus licencias médicas, otros funcionarios se aprovechan del sistema”, dijo Morales.

Dentro de los proyectos que impulsarán figura darle más atribuciones a la Contraloría para iniciar sumarios hasta 3 meses después del cese de funciones, la posibilidad de declarar salud incompatible con el cargo en casos de ausencias prolongadas, la homologación del régimen de licencias entre trabajadores públicos y privados, y regular el acceso a datos de viajes (vuelos y buses) para detectar eventuales fraudes.

La misma contralora, quien se reunió el lunes pasado con los diputados, también envió el martes un oficio al Senado planteando algunas de estas medidas, que fueron recogidas por los senadores de RN.

Las mesas del Senado y la Cámara, junto a la Biblioteca del Congreso, harán su propio proceso de fiscalización interna debido a que la Contraloría no tiene tuición respecto de los funcionarios del Poder Legislativo.

Ayer el presidente del la Cámara Alta, Manuel José Ossandón (RN), adelantó que se detectaron cerca de 20 casos de empleados de su instituición.