Este lunes, la comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la discusión general del proyecto que fortalece el ejercicio de la responsabilidad parental, iniciativa presentada por el Presidente José Antonio Kast.

Para abordar los alcances del proyecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, asistió a la instancia legislativa donde explicó que esta iniciativa busca “prevenir la consolidación de trayectorias delictivas”.

En concreto, el proyecto pone énfasis en la prevención e intervención temprana, buscando “reforzar” el rol de los tutores en cuanto a la formación, orientación y supervisión de niños niñas y adolescentes (NNA). Además de hacer efectiva la responsabilidad cuando se falla en el deber de ejercer ese rol.

En ese sentido, Rabat señaló que “es frente a las primeras manifestaciones de conductas ilícitas cuando resulta indispensable reforzar una respuesta preventiva, orientada a evitar que estas escalen hacia formas de criminalidad de mayor gravedad”.

Ejes de la propuesta

El ministro explicó que este proyecto “crea un procedimiento de carácter preventivo y tutelar, que permite actuar cuando el niño, la niña, o adolescente comete un hecho ilícito, incentivando a los padres a tomar un rol activo en la crianza”.

Con ello, aseguró que “el procedimiento no busca sancionar a los padres, sino que identificar situaciones de riesgo para NNA y adoptar las medidas que sean necesarias para corregir esa situación”.

En ese sentido, recalcó que “se busca prevenir una eventual carrera infractora adolescente, dándole facultades al tribunal para disponer la concurrencia de los padres a programas que permitan fortalecer su relación con los hijos”.

El ministro señaló que las principales modificaciones que presenta el sistema de responsabilidad parental se encuentran en la Ley 19.968 sobre los tribunales de familia.

En esa línea, explicó que “se crea un procedimiento especial ante estos tribunales de familia de carácter preventivo que procede toda vez que el NNA haya incurrido en un hecho ilícito, pero no sujeto a responsabilidad penal adolescente”.

“En este procedimiento el juez de familia va a citar al padre, va a citar a la madre, precisamente para entregarle este tipo de herramientas que van a obtener o que van a lograr una revinculación familiar”, detalló.

El procedimiento contempla un seguimiento posterior. “El tribunal revisa periódicamente el cumplimiento de las medidas decretadas, si los padres asisten a los programas, las causas pueden cerrarse”, indicó.

En definitiva, Rabat aseguró que el proyecto “recoge y respeta la autonomía familiar en la toma de decisiones respecto a la educación de la crianza y el desarrollo de los hijos”.

Con ello, destacó que se pone “énfasis en la gradualidad de las medidas, buscando que sean los mismos padres y madres quienes retomen un rol activo en la guía y orientación de sus hijos”.

Apoyos y dudas al proyecto

A modo general, los parlamentarios destacaron y valoraron el carácter preventivo de la iniciativa, aunque surgieron algunas dudas, una de ellas fue respecto al efecto que podría tener este proyecto en las familias más vulnerables.

“En general no me parece mal, pero tengo mis preocupaciones”, señaló la diputada Lorena Pizarro (PC). La parlamentaria planteó su interés en que esta iniciativa “no termine siendo algo que perjudique a los niños, niñas y adolescentes más pobres, que son quienes, según mi criterio, más afectados se van a ver por esto, con padres a veces absolutamente ausentes”.

En esa misma línea, la diputada Zandra Parisi (PDG) consultó: “¿cómo asegura el proyecto que las sanciones no recaigan desproporcionadamente en familias vulnerables, en aquellas monoparentales que presentan limitaciones laborales, económicas o de acceso a servicios?”.

Al respecto, el ministro explicó que el objetivo del proyecto es “que los padres puedan tener esta herramienta de revinculación familiar”. En ese senetido, planteó que en el caso que se les cursen multas, estas pueden incluso dejarse sin efecto “si los padres se comprometen a asistir a los programas”.

Con eso, señaló que no se trata de “un régimen de responsabilidad objetivo. El juez va a tener que establecer el marco de diligencia dentro del cual va a analizar el factor de imputación, el factor subjetivo”.

En ese sentido, planteó que si las circunstancias de los padres impiden configurar el régimen de responsabilidad parental, “el juez simplemente no va a tramitar la causa como se indica en este proyecto de ley”.