El mensaje llegó directo a los whatsapp de los jefes de gabinete y autoridades de gobierno y no pasó inadvertido.

Firmado por el equipo de Presidencia y remitido por la jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast, Catalina Ugarte, el texto advertía de una decisión inusual en pleno proceso de instalación de la administración: la suspensión de la determinación y procesamiento de los sueldos de asesores.

“Como saben, estamos en un periodo de emergencia económica”, partía señalando la comunicación, que luego añadía que la medida respondía a una evaluación de “un ajuste por austeridad”, en línea con el que -aseguraban- ya se estaba aplicando en Presidencia. El mensaje cerraba solicitando colaboración y anunciando contactos directos con los equipos para agilizar la revisión.

La instrucción, sin embargo, abrió de inmediato un flanco interno. En varios ministerios y servicios, los gabinetes aún están en proceso de conformación, con asesores que recién se están integrando o que tienen previsto hacerlo a inicios de abril.

En ese contexto, la suspensión del proceso de sueldos no solo generó dudas administrativas, sino también inquietud por un eventual retraso en las primeras remuneraciones, dado que las nóminas de marzo aún no se enviaban.

Con el correr de las horas, en todo caso, la instrucción comenzó a aclararse. A los jefes de gabinete se les solicitó levantar información comparativa respecto de las administraciones anteriores, tanto en número de asesores como en montos totales destinados a gabinetes. El objetivo, explican inquilinos de Palacio, es chequear que efectivamente exista una reducción en la dotación o, al menos, en el gasto asociado a estos equipos de confianza.

Pero el trasfondo es político. Las remuneraciones de los asesores -especialmente las del entorno presidencial- han estado bajo escrutinio desde el inicio del gobierno. La posibilidad de que colaboradores directos del Mandatario perciban hasta $ 9.963.058 mensuales -o $ 7.749.045 en caso de cumplir parcialmente los requisitos- instaló un debate público incómodo para La Moneda.

Si bien en el Ejecutivo recalcan que estos montos no fueron definidos por la actual administración, sino que responden a un mecanismo autónomo establecido por ley y aplicado en el gobierno anterior, el tema se ha transformado en un foco de críticas persistentes.

En ese escenario, fuentes de Palacio explican que el Ejecutivo aplicará una reducción transitoria cercana al 20% en los sueldos de los cargos de confianza. La fórmula -añaden- permitiría dar una primera señal de austeridad sin necesidad de impulsar una reforma constitucional, que sería el camino obligatorio para modificar las remuneraciones de autoridades.

Conocedores del diseño administrativo sostienen que este tipo de ajustes puede implementarse mediante un instructivo de austeridad, como ocurrió durante la pandemia en la segunda administración de Sebastián Piñera, cuando se establecieron restricciones y excepciones para algunas remuneraciones solo con autorización de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Lo mismo hizo en su minuto la administración de Gabriel Boric.

En La Moneda aseguran que la medida busca ser un primer paso en línea con la promesa de campaña de reducir las remuneraciones en el aparato público.

En paralelo, aseguran que se está realizando un análisis más fino en distintas carteras, considerando variables como la responsabilidad del cargo y la trayectoria profesional de los asesores, quienes para acceder a los honorarios más altos deben cumplir requisitos copulativos, como contar con título profesional, al menos 10 años de experiencia y estudios de posgrado.

O, a la inversa, para revisar caso a caso las remuneraciones de asesores de confianza jóvenes que recién ingresan al aparato estatal.