En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se registró este martes el inicio del debate parlamentario respecto del proyecto del Ejecutivo que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas.

Y los encargados de presentar la iniciativa fueron los ministros de la Mujer, Antonia Orellana, y de Salud (s), Bernardo Martorell, quienes relevaron que proyecto mantiene las normas actuales sobre objeción de conciencia, tanto individual como institucional, y contempla medidas para resguardar los derechos de mujeres y personas gestantes, ofreciendo un marco legal claro para hacer frente a una práctica que actualmente ocurre en la clandestinidad y, muchas veces, en condiciones sanitarias poco favorables.

La primera en intervenir fue la diputada Maite Orsini (FA), quien pidió al presidente de la instancia, su correligionario Patricio Rosas, resolver un oficio enviado por la comisión de Mujeres y Equidad de Género para solictar que se cite a comisiones conjuntas (Salud-Mujeres) para tratar el proyecto de ley.

Tras esto, la ministra Orellana, comenzó su intervención destacando que el aborto legal es “un debate que debe darse”, ya que diversos estudios dan cuenta de que existen muchas interrupciones de embarazos fuera de las tres causales que actualmente permite la ley. En este sentido, destacó que hoy cualquier aborto que exceda a estas tres causales está tipificado como delito, pero que “la criminalización del aborto no influye per se en la decisión de abortar”, ya que tales procedimientos se realizan de igual manera de forma clandestina, en el extranjero, o en cirugías sin las condiciones sanitarias correspondientes.

Así, explicó que el proyecto del Ejecutivo corresponde a un modelo de regulación mixta, que hasta las 14 semanas se basa en la voluntad, y posteriormente pueden aplicarse las causales de riesgo de vida de la madre o inviabilidad del feto.

Asimismo, desde el gobierno explicaron que desde el derecho internacional -incluyendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS)- se ve a la interrupción voluntaria del embarazo como un “asunto de salud pública”, por las consecuencias derivadas de procedimientos inseguros. Por esto, aseguraron, la normativa internacional insta a los Estados a apostar por modelos de regulación sanitaria sin penalización.

Tras esto, Orellana indicó que el proyecto busca que estos procedimientos se realicen de forma oportuna, informada legal y segura. En términos de plazo, serán efectuados en la atención primaria hasta las 11 semanas y 6 días -con medicamentos- y en hospitales desde las 12 semanas hasta las 14 semanas, utilizando en casos la Aspiración Manual Endouterina.

“El ánimo del Ejecutivo es que podamos expresar un debate no solamente en las cifras de hospitalizaciones, sino que también las cifras de las opinión pública nos muestran”, agregó la titular de la Mujer. Esto, añadió, en un ejercicio donde todas las posiciones puedan ser expresadas.

El debate

Tras esto, comenzaron las intervenciones de los miembros de la comisión de Salud.

El diputado UDI Daniel Lilayu afirmó que no solamente se debe considerar la salud pública en el debate, sino que “los valores tienen que entrar en la discusión, el valor de la vida”.

Agregó que, además, se debe discutir el plazo de 14 semanas y cuáles fueron las consideraciones para establecer tales plazos.

Tras afirmar que votará en contra el proyecto, calificó la iniciativa como un “gustito ideológico del gobierno, para dividirnos y sobre todo en este momento”.

Lilayu agregó que el proyecto de aborto es contrario a la Carta Magna, por lo que realizó reserva de constitucionalidad. “Están amenazando la vida de los más desprotegidos”, relevó.

Por su parte, el diputado Hernán Palma (Ind.-FRVS) instó al presidente de la comisión a “consultar a la secretaria si los hombres podemos seguir opinando del cuerpo de las mujeres”.

A su turno, María Francisca Bello (FA) llamó a dar un debate democrático y sin caricaturas. “Yo creo en las creencias de las personas, sin embargo, estamos en la comisión de Salud”.

“Cuando hablamos de aborto no estamos hablando de un debate valórico”, retrucó Bello al diputado Lilayu. “Estamos hablando de un debate de salud pública”, sostuvo.

“La maternidad tiene que ser deesada y no obligada. Y desde esa premisa debemos empezar a legislar”, añadió.

Tras esto, Andrés Celis (RN), tras señalar que es “innegable” que el proyecto de ley va a terminar en el Tribunal Constitucional (TC), respondió a la diputada Bello, al señalar que en la discusión “hay un tema valórico que es súper legítimo que alguien quiera plantearlo hoy”.

Continuó el debate la diputada Maite Orsini (FA), quien cuestionó la carga valórica del proyecto.

“Me llama la atención cuando los colegas varones hablan de proyectos valóricos, como si no todo lo que discutimos en este Congreso sea valórico”, sostuvo, tras lo cual ejemplificó con el debate por el salario mínimo y el “copago cero”.

Respecto de una posible inconstitucionalidad, Orsini señaló que “yo soy abogada de profesión, y en el derecho constitucional, cuando hay dos derechos que colisionan entre ellos, hay que ponderarlos y debe prevalecer el derecho a la vida y a la seguridad de la mujer”, los que, aseguró, se condicionan al realizarse un aborto clandestino.

“En mi opinión no hay un conflicto constitucional en este proyecto”, cerró.

Por su parte, el diputado republicano Agustín Romero fue tajante: “Voy a votar en contra de este proyecto porque estoy a favor de la vida”.

“A mí no me van a obligar bajo ninguna circunstancia o condición a que cambie mis principios”, añadió, tras lo cual agregó que “el desplazamiento del debate del derecho de la mujer sobre la vida de un inocente, me parece que es un debate erróneo”.

Finalmente, se cuestionó qué prestaciones de salud deberán postergarse para privilegiar la realización de abortos legales.

Tras esto, la ministra Orellana afirmó que el proyecto si contempla un debate valórico, pero llamó a los parlamentarios a “estar abiertos a que tenemos distintos valores, ninguno mejor que otro, que esa diversidad existe y tenemos que debatirla”.

Para terminar, hizo frente a las palabras del diputado Romero, al señalar que, aunque el proyecto propone un gasto, “eso no quire decir que no exista un gasto fiscal alternativo” en la actualidad, esto debido a hospitalizaciones de urgencia por estas situaciones y sus controles posteriores, entre otros elementos.