En una tensa sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, autoridades del sistema de justicia penal entregaron explicaciones por la liberación de Alberto Carlos Mejía Hernández, ciudadano venezolano vinculado al Tren de Aragua e imputado por el asesinato del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

El caso ha generado un fuerte remezón político y judicial, debido a las graves falencias administrativas que permitieron que el imputado quedara en libertad el pasado 10 de julio.

A la sesión asistieron el ministro de Justicia, Jaime Gajardo; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y el director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez. Aunque fue invitado, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, se excusó de participar, lo que generó duras críticas desde el Congreso.

Al respecto, el secretario de Estado calificó el hecho como “gravísimo” y aseguró que el gobierno está disponible para colaborar en la investigación y corregir los errores del sistema.

Señaló que existen múltiples resoluciones y comunicaciones judiciales en torno al caso, lo que podría haber generado confusión. “Si hay algún tipo de responsabilidad, eso está en investigación”, dijo.

Por su parte, el fiscal nacional sostuvo que aún hay muchos elementos inciertos respecto a la liberación del imputado.

En este sentido, Valencia afirmó que el Ministerio Público revisará todos los casos de imputados extranjeros para descartar uso de identidades falsas y solicitó no especular hasta que la investigación avance. Además, valoró los oficios enviados al Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer cómo está operando el sistema de identificación mediante huellas.

La sesión estuvo a cargo del presidente de la comisión, el diputado Republicano Cristián Araya, quien expresó profunda alarma por las falencias en el cruce de datos biométricos en el sistema penal.

“No hay un contraste real de las huellas. La identidad se logra establecer con posterioridad. Y una de las cosas que nos dejó tremendamente alarmados en la comisión fue que se reconoció que no hay un sistema que permita correr un cruce de huellas y hacer un match. Es algo que para todos podría resultar básico, sencillo, pero hoy eso no se está haciendo”, declaró.

Asimismo, anunció oficios al Registro Civil y al Servicio Médico Legal para que expliquen sus protocolos de identificación.

El parlamentario también apuntó contra el Poder Judicial, tanto por su ausencia en la sesión como por la débil coordinación con Gendarmería.

“Queda en evidencia la precariedad de las comunicaciones que hay entre tribunales, entre el Poder Judicial y Gendarmería de Chile. Es una plataforma inexistente a la que se hizo referencia. Porque básicamente son sólo correos electrónicos que generan confusiones en fechas, hay un enredo entre las fechas de emisión de las resoluciones y después de cuándo llegan y son notificados o acusa recibo la institución de Gendarmería. Entonces, este nivel de precariedad creo que es alarmante”, acusó.

Finalmente, el parlamentario exigió explicaciones sobre la resolución judicial que permitió la excarcelación del presunto sicario.

“Hay algo que nadie nos ha podido explicar, y por eso le exigimos al Poder Judicial que se pronuncie a la brevedad, y es por qué hubo en algún momento una orden para dejar libre a este asesino. Eso es absolutamente algo que no quedó claro en la comisión. Nadie puede explicar por qué en algún momento sale esa resolución. No hubo un trámite judicial que pudiese ampararla”, concluyó.

La comisión acordó continuar con las indagatorias, solicitar nuevos oficios y convocar a más autoridades para determinar responsabilidades y establecer medidas que impidan que se repita una situación que pone en jaque la seguridad pública y la confianza en las instituciones del sistema de justicia penal.