“Telefonazo”: Comisión de Ética de la Cámara sanciona a diputada Orsini por incumplimiento de deberes parlamentarios

Por varios minutos se extendió la exposición personal que hizo la diputada Maite Orsini (RD), este martes cerca del mediodía, ante la Comisión de Ética de la Cámara.

La instancia disciplinaria, según la propia página web institucional, estaba convocada para “iniciar las audiencias de prueba” frente al requerimiento que hicieron los diputados de la UDI en contra de Orsini “por eventual tráfico de influencias”, a raíz del llamado telefónico que realizó a la general de Carabineros Karina Soza en el marco de un procedimiento que involucró al exfutbolista Jorge Valdivia, con quien tenía una relación de pareja.

Tras escuchar a la legisladora del Frente Amplio, los integrantes de la Comisión de Ética procedieron a resolver y acordar las sanciones por incumplimiento de deberes parlamentarios.

Si bien entre los integrantes de la instancia disciplinaria existía el compromiso de guardar silencio, trascendió que la mayoría estuvo por acoger el requerimiento contra Orsini, a quien se le aplicó la medida de “amonestación” con un multa del 5% de su dieta parlamentaria, es decir, un monto del orden de 270 mil pesos.

En la ocasión, sin embargo, no hubo acuerdo, según los trascendidos, para aplicar la máxima sanción de “censura” que puede implicar una multa de hasta el 15% de la dieta líquida. Sólo cuatro diputados estuvieron por el castigo más drástico.

Hasta el cierre de edición, el presidente de la comisión, el diputado Nelson Venegas (PS) mantenía silencio por la resolución, a la espera de que se procediera a la respectiva redacción y notificación a la afectada.

A través de un mensaje escrito, que el equipo de la parlamentaria envió a La Tercera, Orsini señaló que “no he sido notificada del fallo y me parece del todo improcedente que se filtre a la prensa antes de que yo pueda conocer su contenido, contraviniendo abiertamente lo que señala el reglamento de la Cámara sobre los procedimientos de la Comisión de Ética. No tengo la resolución y, si es así, vamos a estudiar el fallo y los recursos que correspondan”.

Agregó que “tengo la absoluta certeza de que no he cometido ninguna falta a la ética y resulta incomprensible que una comunicación entre autoridades sea entendida como tal. Estudiaremos el fallo y no descarto utilizar ninguna herramienta que me otorgue el Reglamento de la Corporación e, incluso, herramientas legales de ser necesario, para determinar mi absoluta inocencia en este tema”.

La presentación contra la legisladora de Revolución Democrática fue realizada a inicios de marzo por los gremialistas Jorge Alessandri, Juan Fuenzalida, Cristhian Moreira, Gustavo Benavente, Daniel Lilayu, Cristian Labbé y Joaquín Lavín.

A juicio de los parlamentarios de la UDI, Orsini había infringido “lo dispuesto en los números 1. y 3. del artículo 346 del Reglamento de la corporación, a raíz de un eventual tráfico de influencias”.

Según el requerimiento, se le imputaba a la legisladora “usar en beneficio propio, de parientes o de terceros, la información reservada o privilegiada a la que tuvieren acceso en razón de la función que desempeñan” y “usar indebidamente el título oficial, los distintivos o el prestigio de la corporación para asuntos de carácter personal o privado”.

Tras hacer la presentación en marzo pasado, uno de los requirentes, Jorge Alessandri, dijo que “lo que queremos es que la Comisión de Ética escuche a los participantes y diga ‘efectivamente este llamado se efectuó dentro de la normalidad’”.

“Lo que ocurre es que muchos miembros de nuestra bancada les cuesta creer que una persona que ha dedicado gran parte de su accionar político a decir que a Carabineros había que refundarlo, a denostar la institución (...) que esa persona después de 6 años haciendo eso, haya querido cuidar a la institución y, por eso, alertar a la general... Algunos miembros de nuestra bancada prefieren no quedarse solo con la versión de la diputada, sino que la Comisión de Ética pueda investigar, leer, invitar o citar”, indicó el legislador gremialista.

El episodio que involucró a Orsini -quien ya había recibido un reproche de la Comisión de Ética en el pasado por un cruce de declaraciones con la diputada María Luisa Cordero (RN-Independiente)- ocurrió el 25 de enero.

La legisladora de Revolución Democrática recién había llegado a La Habana, Cuba, para participar en el congreso “Nuevo orden Económica Internacional”, cuando a las 6.00 de la mañana recibe un llamado desde Chile.

Jorge Valdivia se comunicó con ella para plantearle que personal de la 37 Comisaría de Carabineros, lo controló cuando trotaba en un parque en Vitacura. Según su versión, le pidieron el carnet de identidad, pero no lo tenía, los ánimos se crisparon y los policías lo llevaron a la comisaría, esposado.

Esto último indignó al exfutbolista, relatan fuentes policiales, por lo que se generó una discusión en el trayecto. Para Carabineros todo se ajustaba a protocolo, pues era un control de identidad, y si no lograba identificarse con su cédula, tenían que llevarlo a la comisaría para confirmar sus datos.

En la comisaría lograron establecer su identidad -aunque cercanos al exfutbolista dicen que nunca le tomaron las huellas digitales, ni nada- y lo liberaron. Todo esto, Valdivia se lo relató por teléfono a la diputada Orsini, quien le transmitió que lo que le había ocurrido no se ajustaba a derecho, se habían vulnerado sus derechos y que se trataba de actos de apremios ilegítimos.

Según la versión que Orsini comentó públicamente en marzo, ella no quería que el tema escalara, pues el exfutbolista quería querellarse contra la institución y, por lo mismo, decidió tomar su celular y llamar directamente a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos, la general Karina Soza.

En la conversación, Orsini le expuso que la había llamado el “ídolo nacional” -según sus propias palabras- para exponerle el caso, que estaba molesto, y que quería interponer acciones legales, pero que prefería que Valdivia la llamara directamente a ella y pudieran conversar.

Orsini y Soza se conocían, pues habían trabajado y coordinado distintos temas de género y seguridad, por lo que entre ambas existía una relación directa.

El problema se generó luego de que se supiera que Orsini y Valdivia tenían una relación de pareja, lo que abría un flanco judicial delicado, en vista del posible interés personal detrás de las gestiones.

Incluso para anticiparse a problemas judiciales y políticos, la legisladora se autodenunció ante el Ministerio Público.