El exdirector de Invercap S.A., Felipe Navarrete Pérez, y sus hermanas Anamaría y Ruth, interpusieron un reclamo de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la resolución de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que los sancionó con una multa total de 14.000 UF ($476.194.740) por uso de información privilegiada.

El pasado 18 de julio el consejo de la CMF informó que sancionó al directivo con una multa de 10.000 UF por realizar compras de acciones utilizando información privilegiada y comunicar los antecedentes a sus hermanas. Además, a estas últimas aplicó multas de 2.000 UF a cada una, por no inhibirse de operar.

En su reclamación, Felipe Navarrete sostuvo que la resolución sancionatoria incurre en “graves violaciones al debido proceso”. Ello, debido a que la argumentación de los cargos imputados por el regulador fue mutando durante el procedimiento.

“Es indesmentible que los cargos se basaron en las referidas argumentaciones y calificaciones jurídicas y en que la acción -supuestamente- sería influida al alza y no puede la CMF, a posteriori, hacer caso omiso de los cargos que su propia Unidad de Investigación formuló y respecto a los cuales esta parte presentó su defensa y medios de prueba”, señaló la presentación patrocinada por Paulo Larraín, socio fundador de NLD Abogados.

El ingeniero UC recalcó que cuando la información acerca de la compraventa de las acciones de CAP se hizo pública, la tarde del viernes 12 de febrero de 2021, su cotización bajó de precio (días 15 y 16 de febrero) y que el precio pactado por las partes lo fue bajo mercado, en torno a un 15% a 20%, lo que sirve para constatar que esta compraventa no tenía la capacidad de influir al alza en la acción de CAP y que no era relevante o significativa.

Asimismo, detalló que presentó a la CMF un informe elaborado por el economista Herman Bennett, quien contradice la acusación. En efecto, el experto concluyó que “no percibo indicaciones de que la información de la compraventa haya tenido capacidad de subir significativamente el precio bolsa de CAP. En primer lugar, porque concentrar la mayoría de su directorio en manos de un único accionista, Invercap, no necesariamente hace subir la rentabilidad de CAP, sino también puede bajarla o no alterarla, por los efectos descritos en este informe”.

Por otro lado, la defensa de Navarrete destacó que “la CMF ha violado el principio de objetividad o imparcialidad. Esto debido a que ha prescindido de medios de prueba fundamentales, como citar a declarar a los directores de Invercap y a Herman Bennett, autor del Informe Bennett, entre otros”.

Asimismo, acusó al regulador de considerar sólo de manera muy parcial las declaraciones de la única testigo del caso, las cuales habrían permitido exculpar a los acusados.

Se trata de Carolina Tagle, quien “citada en dos oportunidades a declarar, (donde) se le consultó si le constaba o no que los hermanos Navarrete Pérez hayan actuado de manera coordinada o comunicándose alguna clase de información entre ellos, dando instrucciones cruzadas, etc., siempre contestó que no, pero la CMF ha decidido obviar tales respuestas”.

En sus presentaciones, aseguraron que son históricos accionistas de CAP, al ser hijos de Eddie Navarrete, abogado, quien en el año 1965 ingresó a CAP S.A., llegando a desempeñarse como gerente de Servicio Jurídico de CAP. Además, fue miembro de los directorios de CAP S.A., Invercap S.A. y de Cintac S.A.

A su fallecimiento, Eddie Navarrete dejó una herencia de más de $10.000 millones. Destacan dentro de dichos bienes más de $3.000 millones en acciones de CAP y dividendos, además de casi $2.000 millones en acciones de Invercap y dividendos de dicha empresa

A su vez, la presentación de las hermanas Navarrete Pérez explicó que “si se demuestran equivocados buena parte de los fundamentos de los cargos que permitían a la CMF dar por existente una supuesta infracción a las normas sobre uso de información privilegiada en este caso concreto, entonces ella no se configuraba, no había infracción ni debía sancionarse. No fue esta parte la que puso en discusión conceptos tales como tratativas, cambio de control, premio por control, etc., sino que fue la propia CMF la que planteó sus Cargos en esos términos, limitándose esta parte a controvertirlos”.

Además, añadió que “la información recibida por Felipe Navarrete no reunía las características para ser calificada como tratativas -como claramente señalaban los cargos- de modo que uno de los requisitos de la información privilegiada -que ella sea precisa o concreta- no se cumplía”.

“No tuvo lugar ninguna clase de premio o mayor valor, debido a que, de hecho, el precio de la acción CAP bajó en la bolsa los días 15 y 16 de febrero de 2021, cuando la información acerca de la compra se hizo pública (la tarde del viernes 12 de febrero). También demostramos que no había premio pagado por el inversionista -como afirmaba la CMF porque, de hecho, el precio pactado en la compraventa fue de entre un 15 y 20% bajo el valor de mercado. Es decir, todo lo contrario a un premio por control, como afirmaban los cargos”, concluyó.

La defensa de las hermanas Navarrete igualmente calificó de “desproporcionada” la sanción impuesta. “La CMF no aplicó más que criterios indeterminados y sin parámetro alguno, haciendo meras alusiones a finalidades abstractas de cualquier tipo de sanción”, subrayó.

“La ilegalidad reclamada perjudica a mi parte pues de haberse respetado el principio de proporcionalidad, entonces la multa impuesta a Ruth y Anamaría Navarrete habría sido sustancialmente menor”, concluyó.