El lunes el gobierno ingresará las indicaciones de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo del Senado. Por eso, las negociaciones entre el gobierno y Chile Vamos han continuado en estos días para ver si es posible llegar a los consensos más amplios posibles.

Bajo este escenario, lo que se estaría negociando en este momento, pero que también podría variar de aquí a que ingresen las indicaciones, dado que son temas que siguen en discusión, es que un 1,5% de la cotización adicional del 6% se destine como un préstamo reembolsable para financiar la garantía de 0,1 UF por años cotizados que busca mejorar las pensiones de los actuales jubilados.

Preliminarmente, se ha planteado en las conversaciones que las mujeres puedan acceder a dicha garantía con un mínimo de 13 años cotizados, y para los hombres el requisito sería de 20 años cotizados. El tope de la garantía ya no sería de 3 UF como se había planteado en un inicio, sino más bien de 2,5 UF.

Por otro lado, el restante 4,5% de la cotización iría a la cuenta individual. Y habría un 0,5% adicional, por sobre el 6%, que se destinaría de manera permanente al bono tabla para compensar la mayor expectativa de vida de las mujeres. Eso sí, sobre todo respecto de esto último aún no se ha llegado a puerto, y de todas maneras se evalúa que pueda ser más cotización.

El bono tabla busca compensar a las mujeres, para que una mujer de 65 años o más, a igual edad, grupo familiar y ahorro, reciba una pensión equivalente a la de un hombre. Este mecanismo se incluiría dentro del paraguas del Seguro Social, al igual que el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Hasta hace unos días se estaba analizando la posibilidad de que este beneficio pudiera ser una especie de seguro de longevidad, pero se estaba evaluando su costo en comparación con el bono tabla propuesto inicialmente, en cuyo caso no operaría como seguro sino más bien como una compensación.

En temas de la reorganización industrial, la separación de la industria no volaría. Pese a que para el gobierno es un tema relevante, a Chile Vamos no le gusta esta idea, y han argumentado que la misma mesa técnica en su primer informe recomendó no promover este cambio que busca que por un lado haya gestores de cuentas, y por otro lado entidades que se enfoquen en las inversiones de los fondos, incluyendo además un gestor estatal en ambos lados.

En lo que sí se estaría avanzando, es en la licitación del stock de afiliados. La idea es licitar el 10% de los afiliados antiguos cada dos años. Y si bien actualmente está sobre la mesa una propuesta para que el precio de la AFP que se adjudique dicha licitación, lo tenga que mantener fijo por cuatro años, igualmente se está evaluando aumentar esa cantidad de tiempo.

Asimismo, la idea sería que existan dos momentos en que el afiliado pueda decidir no participar de dicha licitación, una de esas instancias sería previo a que se realice la licitación de cartera, y la otra sería posterior a ella.

El gobierno también planea ingresar indicaciones que eliminen la actual licitación de nuevos afiliados. En cambio, quienes ingresen por primera vez al sistema se irían a la AFP de menor precio, y se podrían cambiar si así lo quisieran.

Por otro lado, también el gobierno está impulsando la idea de que existan premios y castigos según la rentabilidad que obtenga cada gestor.

Donde no habría acuerdo, es en la propuesta que ha hecho el gobierno para impulsar un elemento de solidaridad intrageneracional para la cotización adicional que se destina a la cuenta individual, con el que se buscaba aplicar un mecanismo redistributivo de ingresos altos, a medios y bajos, el cual consiste en que cada mes se suma la totalidad de los recursos aportados por todos los cotizantes y se divide por el número total de afiliados que cotizaron. Y una vez sacado ese cálculo, ello se deposita en la cuenta de capitalización individual de cada cotizante. De hecho, en este tema no hubo consenso en el segundo informe que entregó la mesa técnica.

Si bien el lunes el gobierno ingresará las indicaciones, la votación en la Comisión de Trabajo del Senado iniciará el miércoles, y en caso de ser necesario más tiempo, la votación podría continuar el jueves, con el objetivo de que puedan despachar el proyecto la próxima semana.

Luego, el proyecto pasaría a manos de la Comisión de Hacienda, que le daría una rápida revisión, para permitir que la sala del Senado se pronuncie entre el 21 y 22 de enero.

Con ello, la Cámara de Diputados podría volver a discutir la reforma en la última semana de enero para decidir si se despacha a ley o se envía a una comisión mixta para resolver discrepancias.

Hasta ahora, en la Comisión de Trabajo solo se han hecho votaciones ad-referéndum, donde los parlamentarios se han manifestado a favor de ocho iniciativas que contempla el proyecto, pero que la próxima semana tendrán que votar de manera oficial. Estas son, la ampliación del seguro de lagunas previsionales del seguro de cesantía; el alza del tope imponible; mecanismos simplificados para la cotización de independientes voluntarios; la ampliación del universo de afiliados voluntarios que podrían recibir el pago de cotizaciones por parte de un tercero; cambios a la cobranza previsional; el tránsito desde el actual esquema de multifondos al de fondos generacionales; las modificaciones al cobro de las comisiones indirectas; y el incremento de la Pensión Garantizada Universal a $250 mil.