El ministro de Trabajo, Giorgio Boccardo, defendió el proyecto de reajuste del sector público que hoy se está tramitando en el Congreso, principalmente por las críticas ante las diversas materias que aborda, en comparación con los proyectos anteriores, y la iniciativa que aborda la situación de continuidad de los trabajadores a contrata en el Estado o la conocida “ley de amarre”.

Respecto a la extensión del proyecto, que tiene 129 artículos, de los cuales 36 se aprobaron este miércoles, el secretario de Estado apuntó que son “muy variados y muy heterogéneos (...) por buenas razones, porque no solamente está el reajuste y lo que uno negocia con la mesa del sector público, que es una parte de la ley. Hay elementos que son compromisos de la ley de presupuesto, que se asumen con la oposición y que también se aprobaron.

“Hay también aclaraciones y precisiones de leyes que se aprobaron en los últimos años, por lo tanto, también esto permite dejar en un mejor funcionamiento el Estado. Va resolviendo ciertos temas pendientes y, por lo tanto, creo que los espacios de diferencia se van a concentrar en pocos puntos, pero nosotros estamos expectantes de que una parte importante de esta ley se apruebe”.

Sobre los trabajadores a contrata, que tienen contrato a plazo fijo, el ministro apuntó a la necesidad de generar la “estabilidad en el empleo del sector público”.

“La población de los 500.000 trabajadores que están en el Estado central, cerca de 100.000 son de planta y cerca de 300.000 son a contrata. Aquí la contrata se transformó en la forma regular para que el Estado cumpla sus funciones”, añadió.

De esta forma, el ministro rechazó las críticas que califican al proyecto como una propuesta que busca complicar la posibilidad de despedir a un funcionario público.

“Todos los cargos de confianza política que ingresaron con los ministros, con los subsecretarios, con los delegados, con las seremías, con presidencia, tienen que renunciar al 11 de marzo. Y eso que es un estándar que está fijado en un instructivo presidencial, nosotros lo estamos llevando a ley”, dijo el secretario de Estado.

Así, el ministro comentó que con su propuesta “en caso de que esa contrata se vaya a despedir, que el despido sea fundado. Es decir, que se establezcan las razones de por qué a esa persona se le despide. No estamos diciendo que no se le puede despedir, sino que se funde el despido”.

El secretario de Estado también apeló a que existe un “nivel de incertidumbre y de incerteza alto” por la diversidad de resoluciones judiciales de los casos de despidos de trabajadores a contrata del Estado.

De esta forma, el ministro Boccardo comentó que “un debate que quedó pendiente es una reforma integral de modernización al Estado, que incluye también una modernización de la función pública y de los trabajadores del sector público”.

Además, el ministro Boccardo acusó una denostación sistemática del funcionario público. “No es positivo para el país. Son los que nos atienden en los Cesfam cuando llegamos enfermos. Son los que administran la educación pública. Son, por ejemplo, funcionarios de IPS que hacen que la PGU llegue a toda la población. Son los carabineros”, comentó.