Dos noticias económicas positivas tuvo el país este jueves. A primera hora, el INE informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de -0,2% y con ello, el año cerró con una variación de 3,5%, su nivel más bajo en cinco años. Y a mediodía se conocieron las cifras de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen 2024) que mostró una nueva baja en la pobreza que consideró un cambio en la metodología adecuándola a estándares más altos y actuales.

Así, en una actividad realizada en la Cineteca del Centro Cultural de La Moneda, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro y la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, detallaron que la pobreza por ingresos se ubicó en 17,3%, por debajo del 20,5% que se registró en 2022 con esta nueva metodología. En números, este porcentaje se traduce en 3.478.364, que son casi 600 mil personas menos que en 2022.

“Los resultados que nos muestra la Casen es que Chile es menos pobre que hace cuatro años, que incluso con una metodología más exigente casi 600.000 personas salieron de la pobreza entre el 2022 y el 2024. Esto da cuenta de que las políticas públicas impulsadas por el gobierno del Presidente Boric han permitido recuperar una senda de crecimiento, pero que también se han centrado en seguridad social lo que ha permitido llegar a los sectores de la población que más lo necesita”, afirmó la ministra Toro una vez presentado los resultados.

Ahora bien, si se hubiera mantenido la misma metodología -que incluye alquiler imputado y otras variables-, la pobreza habría bajado de 6,5% en 2022 a 4,9% en 2024.

En caso de la pobreza extrema, la nueva metodología en 2024 sitúa esta tasa en el 6,9%. Aplicada retroactivamente, la estimación también muestra una trayectoria descendente: en 2022 hubiera sido 8,5%; en 2020 14,3% y 9,2% en 2017.

La subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, puntualizó que “el estándar de vida de las y los chilenos cambió, y el Estado debe estar a la altura. Por eso, desde el gobierno empujamos una actualización en medición de la pobreza y elevamos el estándar, incorporando dimensiones como los cuidados, la conectividad digital y una canasta básica saludable, entre otros puntos, para que las políticas públicas respondan a cómo viven hoy las familias”.

Uno de los datos que llamó la atención es que los subsidios del Estado jugaron un rol importante en el primer décil para contener la pobreza. De hecho, los ingresos autónomos del primer decil han caído a la mitad desde 2017 y pasan de representar el 63% de sus ingresos monetarios en 2017 a solo el 31% en 2024, mientras, en la otra cara, los subsidios pasaron del 27% al 69% de esos ingresos. De esta forma, el grupo de personas del grupo de menores recursos dependen más de los subsidios que hace 8 años.

Sobre este punto la ministra Toro destacó el hecho de que personas adultas mayores antes tenían que salir a trabajar para tener mayores ingresos, ahora no lo necesitan porque reciben la Pensión Garantizada Universal, PGU (un tipo de subsidio). También destacó otras políticas sociales como el salario mínimo entre otras.

En ese contexto, la economista de LyD, Paulina Henoch, resaltó que “si bien es positivo que la nueva entrega de resultados de la Casen muestre que, con la nueva medición, la tasa de pobreza es menor que en 2017, preocupa lo que ocurre con el grupo de mayores carencias. En el primer decil se observa una caída de los ingresos del trabajo y un aumento importante de los subsidios monetarios”.

En ese escenario, la experta enfatizó que “en estos grupos podrían estar influyendo, por un lado, el deterioro de las oportunidades laborales y, por otro, que algunas personas mayores del primer decil dejen de trabajar porque, al recibir la PGU, ya cuentan con un ingreso que reemplaza parcialmente lo que ganarían con su empleo”. Por lo mismo, Henoch dijo que “en los casos en que existan mayores barreras, los apoyos deben mantenerse como herramientas fundamentales, pero diseñados de forma tal que no reduzcan la capacidad de generar ingresos propios”.

La directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y presidenta del directorio de la Fundación Superación Pobreza, Andrea Repetto, comentó que “se necesita del crecimiento económico y de las políticas de protección social”. Si bien dijo que “lo ideal es que las personas tengan oportunidades que les permitan desarrollar su proyecto de vida, también sabemos que en el camino hay pérdida de empleo, enfermedades, adultos mayores que viven solos, por lo que no se puede pensar en superar la pobreza con solo un componente. Es una tarea que es común y tarea de todos”.

Sobre este punto, la ministra Toro aseveró que “nosotros creemos que crecimiento económico y protección social no son dicotómicas, al contrario, deben trabajar en conjunto para que tengamos sistemas de protección social universales, resilientes, sostenibles”.

Pobreza multidimensional

La pobreza multidimensional, en tanto, aplicando la nueva metodología, bajó de 20% a 17,7%.

Según se informó, en pobreza multidimensional se mantuvieron las cinco dimensiones (educación; salud; Trabajo y seguridad social; vivienda y entorno; y redes y cohesión social), se ampliaron los indicadores de 15 a 20, con igual ponderación, y se fijó el umbral de carencias en 25%, en línea con las recomendaciones de la Comisión.

En el desglose, la ministra informó que se incorporaron dos indicadores vinculados con carencias en materia de cuidados, uno en la dimensión de Salud, relativo a la recepción de apoyo en el cuidado de personas con dependencia funcional, y otro en la dimensión de Trabajo, para identificar a quienes no están trabajando, ni buscando trabajo ni estudiando por estar cuidando de otra persona.

En la dimensión Educación se sumó un indicador relativo al aprendizaje en los establecimientos educacionales y en la dimensión de Redes y Cohesión Social, uno asociado a la conectividad digital. En general, todos los indicadores existentes se hicieron más exigentes, explicaron.

Desigualdad

En lo menos positivo están los datos de desigualdad que muestran un estancamiento en la reducción del Gini que llegó a 0,464, una diferencia estadísticamente no significativa respecto a la medición de 2022, cuando marcó 0,470.

El índice de Gini, utilizado dentro de la metodología, cuantifica la desigualdad en la distribución de ingresos dentro de un país o región. Con el 1 como nivel extremo de desigualdad siendo la cifra idónea lo más cercana al 0 (nivel máximo de igualdad), en dicha encuesta.

Además, tal como ha sido la tónica histórica desde que existe la medición, la diferencia en desigualdad no cambia significativamente entre antes de las ayudas estatales y después de ellas.

“Si bien aquí hay buenas noticias con la baja de la tasa de pobreza, sin duda la desigualdad sigue siendo un desafío del país. Tenemos efectivamente siete deciles de los hogares que reciben ingresos, en las distintas categorías, por bajo el promedio y eso nos da cuenta de un fenómeno que tenemos que abordar”, respondió la ministra Toro.

También se incluyó una nueva variable que es la pobreza severa, a aquellos hogares que enfrentan simultáneamente la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. Esto hogares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir la canasta de bienes y servicios definidos como mínimos del bienestar y que, a la vez, sufren un número de carencias en dimensiones distintas al ingreso por sobre el umbral de la pobreza multidimensional.

Estos hogares se encuentran en una situación más compleja de pobreza que, para ser abordada, requeriría de políticas públicas integradas, que combinen apoyo de ingresos e inversiones en servicios sociales e infraestructura.

Así, según la Casen 2024, muestran una disminución pasando de 7,8% en 2022 al 6,1% en 2024.

Cambios metodológicos

Entre los principales ajustes en pobreza por ingreso se tomó la mayoría de las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Actualización de Medición de la Pobreza. Uno de ellos es que se eliminó el uso del alquiler imputado dentro del cálculo de los ingresos y se aplicaron líneas diferenciadas para hogares con arrendatarios y no arrendatarios.

De esta manera, la subsecretaria Poblete señaló que “la línea de la pobreza por persona equivalente para arrendatarios seria de $352.359 y de no arrendatarios $237.094. Con ello, se pondera una línea única de pobreza que por persona es de $268.146”.

Asimismo, se consideró una canasta básica de alimentos saludables, la que reduce en 50% la presencia de productos alimenticios ultra procesados. Sin embargo y a diferencia de lo que recomendó la Comisión Asesora, el gobierno decidió utilizar la Encuesta de Presupuesto Familiar 2021-2022 y no la de 2016-2017.