Caso Intervalores: dictan prisión preventiva contra ex brazo derecho de Gabriel Urenda

La Fiscalía acusó a Sebastián González de ser autor de los delitos de entrega de información falsa al mercado, estafa y apropiación indebida.


El juez del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Rodrigo Carrasco, dictó este martes prisión preventiva contra Sebastián González Chambers, en el marco del denominado caso Intervalores.

González Chambers era el gerente comercial del desaparecido holding financiero Intervalores y llegó a ser el brazo derecho de su dueño, Gabriel Urenda.

El juez Carrasco consideró que el imputado “es un peligro para la seguridad de la sociedad” y descartó que éste haya prestado una colaboración eficaz en la investigación que desarrolla el Ministerio Público.

Junto con ello, determinó que están acreditados los delitos por los cuales el fiscal Felipe Sepúlveda acusó a González en la audiencia de formalización realizada entre las 9:00 y casi las 13:00 horas. El persecutor lo inculpó como el autor de entrega de información falsa al mercado, estafa y apropiación indebida.

Más temprano, el persecutor había pedido una cautelar de menor intensidad: el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, pero fue descartado por el magistrado.

Sobre la entrega de información falsa, el fiscal indicó que Gonzalez junto a Urenda instruyeron a los empleados de la corredora de bolsa del grupo distorsionar el patrimonio de la firma, haciéndole ver a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS, hoy CMF) que tenía mejores condiciones financieras que las que realmente tenía.

En cuanto a los otros delitos, relató que Panor, empresa comercializadora de azúcar, solicitó a Intervalores la compra de divisas en tres ocasiones, por un monto cercano a $1.151 millones. Sin embargo, acusó, Urenda y González instruyeron a sus empleados que transfirieran esos montos a las cuentas de Intervalores para cumplir con las obligaciones financieras que tenía el grupo, entre ellas, para financiar el aumento de capital de la corredora.

El fiscal Sepúlveda también acusó que González se concertó con Urenda para idear una forma para recaudar dinero del público, a través de Intervalores S.A., donde ofrecían una rentabilidad mensual de 0,5% a 0,8%. Los clientes entregaban el dinero a través de mandatos, según ha estableciendo la investigación, principalmente porque a Urenda lo presentaban como un “genio de las finanzas” y por provenir de una influyente familia.

Pero resulta que, según dijo el fiscal, Intervalores no hizo las inversiones para las que fue mandatado, sino que destinaron los fondos para cubrir los retornos prometidos a los clientes y costos de la empresa, por lo que se generó un esquema piramidal que era financiado con el aporte de los propios clientes. En este caso el perjuicio bordea los $6.500 millones.

De este modo, se estima que el perjuicio a las más de 60 víctimas del caso asciende a cerca de $8.000 millones y podría seguir subiendo conforme avance la investigación.

Cabe recordar que Gabriel Urenda fue formalizado por los mismos delitos en noviembre pasado, tras lo cual quedó también en prisión preventiva, condición en la que sigue hasta hoy.

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