La Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió el martes una dura respuesta a una carta del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) referida a la polémica desatada en el sector, tras conocerse que el CEN como institución paga una póliza de seguros que cubre a sus consejeros de eventuales responsabilidades administrativas. Esto significa que el seguro financiado con el presupuesto institucional se haría cargo del pago de eventuales multas a las cuales se vieran expuestos.

La comisión, organismo dependiente del gobierno encargado de fijar las tarifas eléctricas y definir normas técnicas del sistema, dijo en su misiva que solicitó al coordinador los antecedentes relacionados con las pólizas de seguros que ha contratado durante los últimos cinco ejercicios presupuestarios, es decir, desde 2020.

El CEN, que existe como institución desde 2017, es un “organismo técnico e independiente encargado de coordinar la operación de las instalaciones eléctricas interconectadas del país”, según su página web, y su presupuesto, calculado en torno a los US65 millones, se financia con un cargo especial que va directo a las cuentas de los consumidores.

La controversia por el pago de las primas de estos seguros fue levantada por El Mostrador, al tiempo que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) iniciara tres procesos de formulación de cargos en contra de los consejeros del CEN. El primero, del 25 de junio pasado, fue por su supuesta responsabilidad en la entrega de información “incompleta y errónea” de los cortes de luz ocurridos entre 2023 y 2024 para el cálculo de las compensaciones asociadas a los clientes. El segundo, dado a conocer por DF el 9 de julio, por presuntamente no cumplir de forma adecuada con su rol de supervisión y control al no haber actuado con la diligencia debida para que la generadora Colbún entregara datos sobre las restricciones operativas de sus centrales termoeléctricas del complejo Nehuenco. Y el tercero y más grave, del 4 de agosto, por su responsabilidad en que el sistema operara en condiciones de riesgo y falta de supervisión en el mega apagón del 25 de febrero de este año, que cortó la luz al 98% de los chilenos.

Las multas a las que se exponen los consejeros, por cada cargo formulado, alcanzan las 30 UTA, es decir, casi 25 millones de pesos a septiembre, un monto que se acerca a las remuneraciones mensuales de los miembros del consejo. El presidente del consejo del CEN, Juan Carlos Olmedo, gana 352 UTM (unos $24,4 millones) y los otros consejeros, Bernardita Espinoza, Jaime Peralta, Humberto Espejo y Carlos Finat, reciben 320 UTM ($22,2 millones).

El artículo 212° número 9 de la Ley General de Servicios Eléctricos estable que “los consejeros y el Presidente (del CEN) serán personalmente responsables por las acciones que realicen y las decisiones que adopten en el ejercicio de su cargo, así como de su ejecución, debiendo responder administrativamente”.

Deben reintegrar

El pasado 31 de julio, la CNE envió un oficio al coordinador pidiendo que le entregara todos los antecedentes respecto a la contratación del polémico seguro. El CEN respondió el 7 de agosto.

Entre sus roles, a la CNE le corresponde también velar por el uso eficiente de los recursos de presupuesto del coordinador.

Tras revisar la información del coordinador, el secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, señaló que, dado que la SEC puede aplicar multas a los consejeros “por responsabilidad administrativa” cuando culminen los procesos de formulación de cargos, “no se cumpliría lo previsto por el legislador, no siendo correcto que dichas multas se pagaran con fondos de las pólizas contratadas por el Coordinador”, dijo la CNE.

En ese marco, la CNE ordenó que los consejeros devuelvan las platas involucradas al presupuesto del CEN y asuman, personalmente, el costo de las multas o de las pólizas de seguro. “En relación con las pólizas ya contratadas y por las cuales las primas hayan sido pagadas por el Coordinador, esta Comisión considera que dichas sumas deben ser reintegradas al presupuesto del Coordinador por los miembros del Consejo actualmente en ejercicio, en la proporción correspondiente a la cobertura por responsabilidad administrativa que les corresponda”, aseguró. “Solo así, serán ellos quienes asuman el pago de dichas sanciones”, añadió. Este reintegro deberá ser informado a la CNE durante el año en curso.

Asimismo, la comisión solicitó que los miembros del consejo del CEN “se abstengan de activar las coberturas ya contratadas en relación a la responsabilidad administrativa de procesos en curso iniciados en contra de los miembros del Consejo, por parte de la SEC”.

Y en esa línea, pidió también que de “las pólizas vigentes y futuras, se excluya de la cobertura la responsabilidad administrativa de los miembros del Consejo Directivo”. En caso de que materialmente no se pueda realizar esto, el CEN “deberá adoptar algún mecanismo alternativo que permita garantizar el principio que subyace a esta instrucción”.

Consultadas fuentes del coordinador por esta carta, comentaron que la habían recibido hace poco rato, por lo que debían revisarla para emitir algún comentario.

Sin embargo, el pasado 7 de agosto los consejeros habían emitido una declaración pública en la cual señalaron que la misma Ley Eléctrica define que el coordinador “debe proporcionar defensa legal a los miembros de su Consejo Directivo, y que responderá civilmente por los hechos en que aquellos incurran en el ejercicio de su cargo”. Bajo este mandato, desde 2017 el coordinador contrató, en busca de proteger los recursos presupuestarios, dijo, una póliza estándar de responsabilidad civil tipo D&O (Directors & Officers), que, aseguró, “forma parte de las buenas prácticas de gobernanza para proteger a directivos y ejecutivos ante imputaciones por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones”. Su costo equivale al 0,02% del presupuesto del CEN, es decir, unos 13.400 dólares al año.

Y añadió que esta póliza ha sido incluida en todos sus presupuestos, los que han sido aprobados por la CNE.