CChC valora decreto del Minvu, pero pide seguir trabajando para robustecer la normativa

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Presidente del gremio dice que todavía es necesario eliminar áreas grises que pueden provocar nuevos cuestionamientos a proyectos actuales y futuros.




Diversas reacciones generó ayer la publicación en el Diario Oficial de un Decreto Supremo que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y pone fin a un flanco de incertidumbre en el sector inmobiliario en lo relativo a los permisos de edificación.

Para dejar todo atrás, el Minvu y Contraloría iniciaron un trabajo conjunto, buscando consensuar una normativa que despejara dudas.

"Destacamos que se reafirme la presunción de legalidad de los permisos de edificación, que se especifiquen más claramente los requisitos de sustentabilidad urbana e integración social que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones, lo cual puede servir como guía en esta materia para los planes reguladores, y que se establezcan condiciones o exigencias que aporten al desarrollo urbano", señaló Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Eso sí, señaló que "es clave seguir trabajando en robustecer la normativa -tal como entendemos se está haciendo en la actualidad- a fin de evitar que situaciones como las vividas se repitan en el futuro. Por ejemplo, todavía es necesario eliminar "áreas grises" que pueden provocar nuevos cuestionamientos a proyectos actuales y futuros, unificar las vías para impugnar permisos, simplificación trámites y plazos para aprobar permisos y corregir ciertas materias específicas, como la caducidad de los permisos de edificación".

Desde Contraloría explicaron que el decreto da cuenta de la voluntad para contribuir a destrabar los nudos críticos en materia urbanística. Por otra parte, precisaron que, al tomar razón de este decreto, el organismo no ha renunciado a ninguna de sus potestades para fiscalizar y controlar los actos de la administración, en este caso, las Direcciones de Obras Municipales. (DOM) Al mismo tiempo, los vecinos mantienen el derecho a canalizar sus diferencias por la vía administrativa o judicial.

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