Nuevamente, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) encendió las alarmas en torno a la situación fiscal del país. En esta ocasión, el organismo emitió un nuevo informe sobre la materia y sus proyecciones al 2030, las que fueron elaboradas por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en su Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025, durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Tras el estudio de las proyecciones para el periodo 2026-2030, el CFA advirtió que, con las estimaciones vigentes para este año, se concretaría el cuarto incumplimiento consecutivo de la meta fiscal, el que incluso podría ser mayor a lo previsto debido a “riesgos de desviaciones en los ingresos y gastos fiscales”.

En detalle, el organismo autónomo señaló que las cifras proyectadas para 2026 consideran ingresos efectivos de 22% del PIB y estructurales de 21,2% del PIB, ambos inferiores al gasto total, que alcanzaría el 23,8% del PIB.

“Esta combinación tiene como resultado un balance fiscal efectivo de -1,8% del PIB y un BE (Balance Estructural) de -2,7% del PIB, cifra significativamente más deficitaria que la meta vigente de -1,1% del PIB”, sostuvo el CFA, alertando que “el escenario proyectado en el IFP4T25 (Informe de Política Monetaria del cuarto trimestre de 2025) muestra un desvío de la meta de BE por US$6.313 millones (1,6% del PIB), lo que podría traducirse en mayores requerimientos de financiamiento”.

En cuanto a las proyecciones de ingresos fiscales -una de las materias más criticadas de la administración de Boric en materia de cuentas fiscales-, el Consejo reiteró que existen “riesgos relevantes” para su materialización, ya que nuevamente se estarían contemplando crecimientos elevados en relación con la evolución estimada de la actividad económica.

Entre los riesgos, el CFA destacó el efecto del Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales, cuya activación puede reducir la base imponible futura y, con ellos, alterar la trayectoria esperado de los ingresos tributarios. Asimismo, advirtió que la Ley de Cumplimiento Tributario proyecta para 2026 una recaudación “particularmente exigente”, en comparación con lo señalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Respecto a la reciente intensificación del conflicto en Medio Oriente, el CFA alertó que el aumento del precio del petróleo “podría traducirse en presiones sobre el balance fiscal, en medio de un deterioro del escenario macroeconómico global, con efectos adversos sobre el desempeño de los ingresos fiscales. Adicionalmente, este aumento podría generar presiones inflacionarias, con distintos efectos directos e indirectos sobre las cuentas fiscales y las personas”.

En materia de gasto, el Consejo observó presiones derivadas de la Ley de Reajuste del Sector Público, “que implica un mayor gasto fiscal equivalente a 0,45% del PIB para 2026 (US$1.668 millones) que no cuenta con financiamiento plenamente identificado”.

De esta manera, “el CFA sostiene que en el mediano plazo persisten presiones relevantes sobre el gasto público”.

Periodo 2027-2030

Respecto al periodo 2027-2030, el Consejo Fiscal Autónomo subrayó que el IFP del cuarto trimestre de 2025 de la Dipres proyecta una persistencia de déficits estructurales que se reduciría gradualmente, pero sin converger hacia el equilibrio (-1,1% en 2030), “y dejando un nulo espacio de gasto adicional respecto de lo ya comprometido para mediano plazo”.

Además, sostuvo que esto iría acompañado de un incremento de la deuda bruta hacia el final del periodo, hasta alcanzar un 43,4% del PIB, acercándose al nivel prudente de 45%.

También el Consejo recalcó que el escenario de mediano plazo proyectado en el último IFP “no considera la existencia de riesgos relevantes para la materialización de las proyecciones de ingresos, ni presiones de gasto adicionales a las ya comprometidas, que podrían ampliar las necesidades de financiamiento y, con ello, intensificar el riesgo de sobrepasar el nivel prudente de deuda”.

De esta forma, el CFA reiteró que la estabilización de la deuda bruta por debajo de su nivel prudente requiere de una trayectoria fiscal que converja hacia un equilibrio en el mediano plazo, mientras que, para llevar a cabo una recomposición del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) se debería avanzar hacia superávits fiscales.

Tras el análisis, el CFA entregó diez recomendaciones para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. En concreto, las medidas apuntan hacia mejorar la estimación y monitoreo de ingresos fiscales, estableces ajustes de gastos o ingresos, asegurar mecanismos de corrección oportunos frente a desvíos de la meta, mantener el actual nivel de deuda prudente en 45% del PIB, entre otras.

Recomendaciones

El organismo aprovechó el documento para entregar recomendaciones a las autoridades económicas para “contribuir a robustecer la gestión fiscal para avanzar en la convergencia fiscal, fortalecer la credibilidad de la regla fiscal dual y la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Entre esta medidas, se incluye “materializar una senda de convergencia realista, pero exigente”. En ese sentido, indica que se debería asegurar una trayectoria de deuda que se estabilice por debajo del 45% del PIB y “la necesidad de un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal, que incluya al Ejecutivo y al Congreso”.

También plantea “mejorar la estimación y el monitoreo de los ingresos fiscales para reducir sesgos en las proyecciones”. Esto, en un contexto en que los últimos años estas proyecciones han sido el talón de Aquiles de la Dipres. Por esto, se recomienda incorporar “mecanismos formales de evaluación de errores de proyección y análisis sistemáticos de los determinantes de la recaudación”.

Otro aspecto que resalta el CFA es articular cuatro fuentes de financiamiento: mayor crecimiento tendencial; ganancias de eficiencia permanente en los gastos; reducción de evasión y elusión tributaria; y nuevos ingresos tributarios.

El CFA resaltó que es recomendable mantener el actual “nivel prudente de deuda” en 45% del PIB como ancla fiscal, y recomponer los fondos soberanos.

Expertos

Para el economista senior del OCEC-UDP, Juan Ortiz, las recomendaciones entregadas por el CFA se establecen como una “hoja de ruta” que apuntan a mejorar la accountability, es decir la rendición de cuentas, y la gestión propia de la capacidad de la toma de decisiones en términos de ingreso, gasto y financiamiento por parte del gobierno central.

En ese sentido, la meta fiscal con la que debiera comenzar Hacienda es perseguir un balance cero para 2030, tal y como se interpuso el mismo ministro Quiroz: “Deberíamos buscar que en un plazo por lo menos de cuatro años, volver a un balance cíclicamente ajustado con un déficit, digamos, o más bien, la ausencia de un déficit”. A lo que suma la necesidad de generar una trayectoria fiscal “creíble y consistente”.

Respecto de las recomendaciones del órgano autónomo más complejas de ejecutar, a juicio del economista del OCEC-UDP, es la que sugiere “materializar una senda de convergencia fiscal hacia un equilibrio estructural que sea realista, pero exigente”. Esto porque según Ortiz “detrás de esto va a estar en una trayectoria de metas del balance cíclicamente ajustado y eventualmente cuando se den esas metas y se revise eso puede dar pie a que efectivamente el nivel de gasto que se tenga que generar en los próximos años para cumplir esta meta sea posiblemente muy contenido respecto a escenarios previos”.

Otras recomendaciones complejas son el fortalecimiento del FES y FRP, debido a que los recursos se han reducido y su incremento depende exclusivamente de generar un superávit fiscal efectivo, algo que no ha ocurrido de forma sostenida en el tiempo. También revisa la dificultad de articular las fuentes de financiamiento, a lo que asegura que eso es más una discusión entre la cartera y la Dipres que para un plan de ejecución claro de Hacienda propiamente tal. Finalmente defiende que los mecanismos de corrección oportunos son particularmente complejos dado que mientras algunos serían de carácter administrativo, otros dependen de procesos legislativos y discusiones parlamentarias que tienen sus propios tiempos.

Por otro lado, destaca como factibles las mejoras metodológicas de manera integral y de forma unificada. De la misma manera, cree posible elaborar un diagnóstico integral y fortalecer el marco fiscal a mediano plazo, así como mantener la deuda en un nivel inferior al 45% del PIB, considerado como “prudente”, mejorar la estimación de ingresos para corregir sobreestimaciones que han afectado estructuralmente el cumplimiento de las metas autoimpuestas por el fisco, lo que califica como un “talón de Aquiles”. Finalmente, ve realizable el principio de “cumplir o explicar” para fortalecer la accountability y mejorar la transparencia fiscal ante el escrutinio público.

Por su parte la economista de Libertad y Desarrollo (LyD), Macarena García, las recomendaciones “son “absolutamente necesarias y complementarias para efectivamente volver a una tener una política fiscal responsable en el largo plazo”. De acuerdo con García, van en línea con las metas del mismo ministro, y que “uno de sus tres compromisos era llegar al balance estructural equilibrado al final de este gobierno”.

Respecto a la pronta a anunciar meta fiscal, la economista de LyD afirma que “si los ingresos estuvieran bien estimados en el informe de febrero, lo cual genera dudas, la reducción del gasto en torno a 1% del PIB anunciada por el ministro Quiroz reduciría el balance estructural a 1,7% del PIB. Este podría ser el punto de partida del gobierno y el de término debe ser 0% como se comprometió el ministro, aunque para acumular fondos en el FEES debiera tener superávit”.

También asegura que “sería recomendable hacer una evaluación sobre el impacto que la reforma tributaria de Cumplimiento tributario ya ha tenido en la recaudación. Por los problemas que hemos visto en la recaudación de ingresos, especialmente en el 2025”.