El Comité de Ministros del gobierno del Presidente Gabriel Boric, que preside la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, concluyó su tarea en la presente administración este lunes, sesionando por última vez. Con ello, en este mandato, la instancia completó 30 reuniones, donde evaluó y resolvió 39 proyectos, lo que es un 77% más que durante el segundo periodo de Sebastián Piñera, que evaluó 22.

Así da cuenta un informe elaborado por Smart Compliance, que detalla que el actual Comité de Ministros aprobó en total 34 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) entre marzo de 2022 y marzo de 2026, de iniciativas que suman una inversión de US$12.433 millones, mientras que rechazó 5, por una inversión de US$3.250 millones. En el caso del segundo mandato de Piñera, se aprobaron 22 proyectos, aunque por una inversión total casi igual, de US$12.152 millones, y con apenas US$138,2 millones en dos iniciativas rechazadas.

Los cinco principales proyectos aprobados durante la administración Boric fueron “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi (US$3.200 millones)”; “Proyecto Los Bronces Integrado (US$3.000 millones)”, “Proyecto de Adaptación Operacional (US$1.000 millones) de Minera Los Pelambres”, “Concesión Américo Vespucio Oriente II, Tramo Príncipe de Gales - Los Presidentes (US$900 millones)” y “Optimización y Continuidad Operacional Minera Candelaria (US$600 millones)”.

En tanto, las 5 iniciativas rechazadas por el Comité de Ministros durante el actual gobierno fueron: "Dominga", "Andes LNG", "Planta WTE Araucanía", "Línea de Alta Tensión 1x220 kV, Tubul-Lagunillas" y "Centro de Manejo Ambiental Ñuble Sustentable“.

Por su parte, los dos proyectos rechazados en Piñera II fueron: "Proyecto Playa Verde", en la Región de Atacama, y "Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine", en la Región de Antofagasta.

El reporte concluye que pese a la alta tasa de reclamación administrativa de los EIA ante el Comité de Ministros, cercana al 50%, los datos de las dos últimas administraciones —Piñera II y Boric— muestran que esta instancia no reduce de manera significativa la judicialización. Por el contrario, la tasa de judicialización posterior fue de un 80% y 41%, respectivamente, aunque puntualiza que en el caso de esta última cifra podría aumentar, considerando que aún existen 10 EIA con plazo vigente para ser impugnados judicialmente. Además, señala que el Comité tiende a confirmar la decisión técnica adoptada en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) entre un 72% y un 77% de las veces.

En todo caso, en el estudio también se consigna que existe un alta tasa de aprobación de los EIA cuyas reclamaciones fueron resueltas por el Comité de Ministros en ambas administraciones, con porcentajes que oscilan entre 87% y 91%.

Pero también se registra una “baja tasa de cambio respecto de la decisión originalmente adoptada en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que se sitúa entre 23% y 28%”.

Plazos de tramitación

De acuerdo al reporte, un aspecto crucial en el análisis de la actuación del Comité de Ministros en la evaluación de los proyectos de inversión se refiere a los plazos de tramitación.

“Tanto en la administración Piñera II como en la de Boric, la resolución de reclamaciones de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) por parte del Comité de Ministros ha excedido ampliamente el plazo legal de 60 días hábiles, alcanzando en promedio casi 11 veces ese máximo (656 días)”, revela.

Y añade que “esto resulta especialmente crítico si se considera que, en esta etapa recursiva, no opera la suspensión del plazo —a diferencia de lo que ocurre durante la evaluación en el SEIA— y que el objeto de la controversia suele ser más acotado que el discutido en el procedimiento de evaluación ambiental".

Con ello, plantea, existe un aumento sustantivo de los tiempos de tramitación total de los proyectos de inversión. “En los últimos ocho años, solo la resolución de estas reclamaciones ha agregado, en promedio, 1,8 años, muy por sobre el plazo legal de 60 días hábiles que tiene el Comité para resolverlas”, puntualza el documento.

Al respecto, Raimundo Pérez, socio de Smart Compliance, manifiesta que “estos datos hacen inevitable una pregunta de fondo: ¿Se justifica mantener el Comité de Ministros? En nuestra opinión, no. Y la razón es simple: hoy no demuestra aportar ni mayor eficacia ni mayor eficiencia al sistema en su conjunto".

“Por una parte, su intervención no contribuye de manera relevante a evitar la judicialización posterior. Más del 60% de los EIA que han pasado por el Comité terminan en tribunales. Además, en más del 70% de los casos, esta instancia confirma la decisión previamente adoptada en el SEIA”, agrega.

“A ello se suma un costo evidente en tiempo. El paso por el Comité retrasa, en promedio, casi dos años la decisión sobre si un EIA será o no autorizado, lo que representa cerca del 25% del tiempo total de tramitación de aquellos proyectos que posteriormente terminan judicializados”, comenta.

“En este escenario, lo más razonable sería avanzar hacia su eliminación o, al menos, hacia un modelo de gestión procedimental mucho más eficiente y ajustado a lo que exige la ley”, concluye.

Además, en el mismo escrito se indica que la eliminación del Comité de Ministros permitiría que el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) focalice sus recursos en la evaluación ambiental, fortaleciendo la calidad técnica de los procesos y contribuyendo a mejorar los tiempos de tramitación en el SEIA.