Con atención observan distintos actores del sector inmobiliario el conflicto que mantiene abierto la Municipalidad de Lo Barnechea en torno al nuevo Plan Regulador Comunal (PRC), publicado en el Diario Oficial el 30 de octubre de 2025.

A fines de enero del presente año, Inmobiliaria Valle La Dehesa (IVLD), filial de la Empresa Constructora Nacional (Enaco), interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago un reclamo de ilegalidad contra el municipio, tras la promulgación del nuevo instrumento de planificación urbana.

A la fecha, tres son las sociedades que han ingresado acciones judiciales en el tribunal de alzada capitalino, cuestionando el nuevo plan comunal y acusando perjuicios.

El 20 de enero de 2026, IVLD -asesorada por José Gabriel Undurraga, socio de Guerrero Olivos- ingresó el primer reclamo de ilegalidad en contra del municipio.

En su presentación, la filial de Enaco sostuvo que “la ley exige, para la transparencia de los Instrumentos de Planificación Territorial, que estos sean fundados, consistentes con la realidad y que los documentos que los componen sean congruentes entre ellos”.

“La actualización del PRC no satisface nada de esto. Establece afectaciones y zonificaciones sin ninguna razonabilidad o fundamento, asigna usos de suelos sin considerar la realidad de los terrenos que pretende regular e, incluso, ni siquiera sigue las conclusiones de sus propios informes”, añadió.

En este proceso, la Corte de Apelaciones de Santiago negó la posibilidad de abrir un término probatorio, cerrando la puerta a la petición planteada por Inmobiliaria Valle La Dehesa, quien de todos modos el pasado lunes ingresó un escrito de reposición.

En este mismo caso, la familia del empresario Peter Hiller -a través de la sociedad HLR Partners- solicitó hacerse parte como tercero coadyudante del municipio, pero el tribunal desestimó la petición, y su defensa encabezada por la abogada Josefina Escobar de Ovalle Consejeros Legales, presentó una reposición que a la fecha aún no es resuelta.

El 22 de enero de 2026, la familia del abogado y exdiputado de Renovación Nacional, Luis Valentín Ferrada, a través de la sociedad Inversiones Hacienda Abranquil interpuso un nuevo reclamo de ilegalidad en contra del plan regulador de la comuna.

La sociedad es dueña de la Hijuela Segunda A, ubicada en el Camino San Alfonso, comuna de Lo Barnechea, y que cuenta con una superficie de 17,6 hectáreas. El terreno se emplaza en el sector de El Arrayán.

“La decisión de declarar como área verde parte del terreno de mi representada es arbitraria: no tiene justificación razonable restringir el desarrollo o explotación de terrenos que están urbanizados, según ha constatado la propia municipalidad. La lógica de la zonificación cuestionada es restringir la edificación y desarrollo de los terrenos calificados conforme a dichos usos, para el cumplimiento de ciertos fines específicos”, consignó el escrito patrocinado por el abogado Benjamín Ferrada Walker, hijo de Luis Valentin Ferrada.

Posteriormente, el 25 de febrero, Inmobiliaria Las Hojas Dos interpuso un reclamo de ilegalidad municipal. En su escrito, patrocinado por el abogado y exconvencional Rodrigo Logan, solicitó “dejar sin efecto la zonificación AVN1 respecto de dicho predio, ordenando al municipio restablecer la normativa urbanística anterior o asignar una que permita el legítimo ejercicio del derecho de propiedad y construcción”.

Municipalidad

A la fecha, solo en el conflicto con la familia de Luis Valentín Ferrada la Municipalidad de Lo Barnechea ha presentado sus descargos.

El pasado 24 de febrero la corporación edilicia solicitó en su presentación el rechazo íntegro del reclamo, junto con una “expresa y ejemplar condena en costas”.

El municipio, en su presentación, negó que exista una “sobrerregulación del territorio” y desestimó la supuesta infracción a los principios de no contradicción y de motivación coherente. Según argumentó, la sociedad de la familia Ferrada desconoce la multiplicidad de factores que se consideran para determinar que un terreno sea destinado a una nueva área verde, especialmente tratándose de un lote que se encuentra en una situación de alta fragilidad ambiental.

Asimismo, explicó que el Plan Regulador Comunal se encuentra supeditado a la Política Nacional de Desarrollo Urbano. En ese marco, dicha política establece objetivos específicos vinculados con la reducción de riesgos y el equilibrio ambiental, en línea también con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.

¿Tribunal Constitucional?

Rodrigo Andreucci, abogado especialista en derecho inmobiliario, explica que los reclamos sostienen que el plano regulador implica “expropiaciones encubiertas” y vulnera el derecho de propiedad.

A su juicio, los demandantes tendrían “entre un 65% y 70% de probabilidades de éxito”, porque existirían errores en el instrumento. En particular, habría inconsistencias entre la memoria del plano regulador y lo que aparece en las láminas, especialmente en la ubicación de áreas verdes.

Además, señala que otro de los reclamos apunta a que el plan reduce casi a la mitad la densidad y la constructibilidad permitida, lo que —según los reclamantes— impediría desarrollar proyectos inmobiliarios sin compensación.

Andreucci agrega que los demandantes preparan un segundo frente ante el Tribunal Constitucional mediante una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el decreto alcaldicio que promulgó el plano regulador, lo que abriría un segundo juicio paralelo.