La constructora Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV) presentó una demanda contra el Fisco de Chile el 15 de marzo de 2025 ante el 7º Juzgado Civil de Santiago, en la que exige una indemnización de $11.567 millones. La acción judicial salió a la luz pública luego de que el pasado viernes el tribunal notificara al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En su escrito, la compañía, que quebró el 25 de octubre de 2022 y hoy es representada por la liquidadora Loreto Ried, denunció graves incumplimientos de parte del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad en el contrato de concesión del contrato para construir el By Pass Castro, Ruta 5, sector de Llau-Llao–Ruta 5, entre las comunas de Castro y Chonchi, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos.

Claro Vicuña Valenzuela acusa “graves, continuos y sistemáticos incumplimientos contractuales del MOP/Fisco de Chile respecto del Contrato CVV”. La empresa, actualmente en liquidación, sostiene que “la realidad del terreno entregado demostró ser diametralmente distinta a lo comprometido”, y recalca que “CVV NO podía ejecutar ni desarrollar los trabajos en la forma que se había programado, a pesar de mantener en obra los recursos personales y materiales para ello”.

La constructora señala que “el MOP/Fisco de Chile ha confesado uno de sus más graves incumplimientos con CVV”, tras reconocer oficialmente que la entrega del terreno libre de interferencias arqueológicas no se concretó sino años después de lo pactado. En su análisis, advierte: “lo peor: muchas de esas deficiencias son consecuencia directa e inmediata del hecho de ser CVV el continuador de obras ejecutadas previamente por Besalco”, lo que —a su juicio— debió haberse resuelto con una salida consensuada: “lo más lógico y justo hubiera sido que entre las partes se hubiera puesto término al contrato de mutuo acuerdo, tal como ocurrió con Besalco”.

El escrito también señala que “no solo el MOP/Fisco de Chile no ha pagado $1 de los $2.105.007.807 del Estado de Pago N° 21, sino que ha procedido a descontar multas por $29.270.293, multas jamás aplicadas previamente, lo que no solo resulta extemporáneo, sino que –más grave aún– impidió ejercer el derecho a defensa de CVV respecto de la indebida aplicación de dichas multas”.

En otro pasaje, la constructora acusa que “el MOP/Fisco de Chile ha endosado indebidamente a distintos particulares, entre ellos CVV, las gravosas consecuencias patrimoniales de un proyecto mal planificado”. Y concluye con una frase lapidaria: “CVV fue solo un eslabón más en la constante cadena de experimentos e improvisaciones del MOP/Fisco de Chile respecto del Proyecto By-Pass Castro”.

En su escrito, CVV consignó que, como consecuencia del COVID-19 —reconocido por las autoridades chilenas a inicios de 2020—, se produjo una crisis generalizada y un fuerte aumento de costos que afectó especialmente a la industria de la construcción. Por lo mismo, planteó que el MOP/Fisco de Chile debía compensar los costos directos adicionales asumidos para ejecutar la obra, aplicando el reajuste extraordinario contemplado en el Decreto Supremo MOP N° 177 de 2022, tal como sí lo hizo con otras empresas del rubro. La constructora enfatizó que su oferta fue presentada en 2019, antes de cualquier señal de pandemia o inflación.

Sin embargo, el MOP optó por no aplicar dicho reajuste. Argumentó que el contrato ya había sido terminado anticipadamente, sin hacerse cargo —según CVV— de que esa decisión fue consecuencia directa de su propio actuar negligente.

Arqueológico

Uno de los ejes centrales de la demanda presentada es el incumplimiento relacionado con la entrega del terreno afectado por hallazgos arqueológicos. Según la acción judicial, “el MOP/Fisco de Chile incumplió grave y continuamente el Contrato celebrado con CVV, por cuanto –entre otros incumplimientos– entregó un terreno en condiciones distintas a las que se obligó al contratar, en especial en relación con la situación de hallazgos y sitios arqueológicos”. La constructora asegura que dicha situación era conocida por el Estado, ya que previamente había motivado el término anticipado del contrato con la empresa Besalco por razones similares.

El escrito afirma que el MOP “se comprometió respecto de los 16 kilómetros de terreno donde debían ejecutarse las obras por parte de CVV” a que las áreas intervenidas estarían despejadas de interferencias arqueológicas, e incluso precisó en documentos contractuales que “los trabajos a ejecutar dentro de la plataforma ya materializada (Tramos 1 y 2 del Proyecto) no están sujetos a restricciones”.

Sin embargo, CVV asegura que “la entrega del terreno JAMÁS se efectuó por el MOP/Fisco de Chile en la forma comprometida”, lo que derivó en paralizaciones, sobrecostos y reprogramaciones que no fueron reconocidas ni compensadas.

Como prueba de ese incumplimiento, la empresa destacó que el 14 de abril de 2023 –casi 2 años después de la fecha en que debía entregar los terrenos liberados de restos arqueológicos a CVV– “adjudicó a la empresa Renark Chile E.I.R.L. la caracterización y rescate para obtener la liberación de sitios arqueológicos de los tramos 1 y 2 del Contrato”.

A juicio de la constructora, esta adjudicación posterior constituye una prueba: “El MOP/Fisco de Chile confesó lo que venimos señalando: que incluso después del término del Contrato CVV dichos sitios arqueológicos necesitaban aún ser liberados para ejecutar las obras, pese al compromiso expreso que había adquirido al momento de licitar el Contrato a CVV”.