La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados comenzará a analizar un proyecto de ley que ingresó el gobierno de Sebastián Piñera.

Se trata de uno que busca regular la Propiedad Intelectual, con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección.

Todos estos instrumentos obligan a los Estados contratantes a proporcionar protección jurídica adecuada y a establecer sanciones jurídicas eficaces, contra la acción de elusión de medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los titulares de derechos de autor o de derechos conexos, con el objeto de proteger el normal ejercicio de sus derechos reconocidos por estos mismos tratados.

Así, con el objeto de introducir el concepto de las medidas tecnológicas de protección y establecer sanciones respecto de quien eluda estas medidas son el eje central de esta iniciativa, que el presidente de la Comisión de Economía, Víctor Pino ( Demócratas) pondrá en tabla en enero.

Todo esto con el objetivo de subir los estándares que existe Estados Unidos por los Tratados de Libre Comercio.

Entre los principales ejes del proyecto se incorpora en el artículo 5° de la ley N° 17.336, una nueva letra z) que introduce la definición de medidas tecnológicas de protección. Para la elaboración de ésta, se consideraron las definiciones contenidas en los tratados internacionales ya mencionados.

En segundo lugar, se incorpora en la misma ley un artículo 81 bis, nuevo, que establece nuevos tipos penales, para sancionar dos conductas específicas descritas en los literales a) y b), con una pena alternativa de reclusión menor en su grado mínimo o de multa de 5 a 1.000 UTM.

Asimismo, el documento indica que la conducta descrita del literal a) corresponde a la elusión de una de las medidas tecnológicas de protección para utilizar indebidamente una obra, interpretación, ejecución, fonograma u otro material protegido por el derecho de autor o derechos conexos; y la del literal b) castiga una serie de acciones (fabricar, importar, vender, entre otras) respecto a dispositivos o sus componentes que hayan sido directamente diseñados, producidos o adaptados, con el fin de permitir o facilitar la elusión de cualquier de medidas tecnológicas de protección o cuyo propósito principal sea su elusión, siempre que haya sido efectuada maliciosamente y con fines de comercialización.

Dichas conductas tendrán una graduación respecto de la pena de multa, en consideración al monto del perjuicio causado. En tercer lugar, se incorpora un artículo 81 ter, nuevo, que establece un segundo tipo penal, para sancionar una tercera conducta, con pena de multa de 5 a 1.000 UTM.

De acuerdo a la iniciativa, este nuevo artículo viene en sancionar las acciones de fabricar, importar, vender, entre otras, respecto a dispositivos o sus componentes, o el suministro de servicios, que sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir cualquier MTP (Medida Tecnológica de Protección), siempre que haya sido efectuada maliciosamente y con fines de comercialización.

El impacto en los privados

Este este ha sido de preocupación permanente de los gremios empresariales. De hecho, a fines de noviembre, en medio de crecientes cuestionamientos a Google por la presencia de aplicaciones y resultados maliciosos vinculados a contenido ilícito, doce empresas, gremios y asociaciones de la industria audiovisual y de telecomunicaciones firmaron un inédito acuerdo nacional para combatir la piratería audiovisual en Chile.

Entre ellos está Chile Telcos, Idicam, ACTI, Arcatel, Archi, Arcatel, , Warner Bros Discovery, DirecTV, DirecTV, TV Cables Chile, CAPPSA, Certal, Certal y CAPPSA.

La alianza, la primera de este tipo en el país, busca enfrentar de manera coordinada el crecimiento explosivo de las plataformas IPTV no autorizadas, la TV pirata y las aplicaciones ilegales de streaming, además de promover entornos digitales seguros para millones de usuarios.

De acuerdo a los gremios empresariales, esta situación representa un daño económico estructural. “Según Piracy Monitor y BB Media, más del 12% de los hogares en Latinoamérica accede a contenido ilegal. El consumo ilícito proviene en un 73% desde sitios web ilegales y en un 39% desde aplicaciones, muchas de ellas distribuidas mediante tiendas digitales como Google Play”, detallan los gremios.

Así mencionan que “las pérdidas totales de esta economía informal superan los US$ 8.000 millones anuales, de los cuales US$ 1.800 millones afectan directamente a programadores y licenciatarios, US$ 1.500 millones corresponden a merma fiscal, y cerca de 40.000 empleos se encuentran impactados por la expansión de este mercado ilegal”.

En Chile, además, sostienen que los usuarios que “ingresan a apps o sitios ilícitos pueden perder en promedio hasta $3 millones por caso debido a fraudes financieros y ataques maliciosos, según TransUnion y TransUnion.