Por Carlos AlonsoEl costo de los programas presidenciales y su financiamiento
La elección presidencial ya entró en su etapa final y, por lo mismo, los candidatos afinan sus prioridades y sus énfasis programáticos. La implementación de ellos no será fácil. Las cuentas fiscales que recibirá el próximo gobierno serán estrechas no solo en 2026, que es el primer año de la nueva administración, sino que, durante todo su periodo, por lo que contar con los recursos que sustenten sus propuestas será un desafío mayor. Al respecto, las tres principales candidaturas que hoy lideran las encuestas entregan, con más o menos detalles, el costo de sus programas y la forma en que se financiarán.


Jeannette Jara: costo total es de US$ 3.500 millones
El programa de gobierno de la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, tiene como medidas el ingreso vital de $ 750 mil, sala cuna, reformulación de los subsidios al empleo, medidas proinversión, fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados, entre otras.
La integrante de su equipo económico, Andrea Bentancor, aterriza el costo y la forma de financiarlo.
Señala que el costo total del programa es de US$ 3.500 millones para los cuatro años. Esto se divide en US$ 2.000 millones que se obtendrán vía reasignación y mayor eficiencia, y US$ 1.500 millones son nuevos recursos.
En el desglose de esos US$ 1.500 millones, US$ 800 millones se financian con mayor crecimiento y US$ 700 millones con menor elusión y evasión. “Es una prioridad para nosotros mejorar la fiscalización y hacer un trabajo en la frontera, para reducir el narcotráfico, el contrabando, la economía informal y eso implica una mayor recaudación, junto con otras medidas para contener la evasión y elusión”, sostiene la economista.
A su vez, el mayor gasto previsto se distribuye así: a salud se destinarán los mayores recursos, que equivalen a US$ 1.400 millones en los cuatro años; le sigue seguridad, con US$ 800 millones; para promoción del crecimiento, ingreso vital y sala cuna, US$ 700 millones; mientras que para infraestructura escolar, vivienda y educación, unos US$ 600 millones.
Bentancor explica que ya tienen detectado dónde reasignarán y harán un gasto más eficiente. Y dice que el informe de la Comisión Asesora para el Gasto Público fue una guía para buscar esos espacios. ”Hay mayor eficiencia que se puede lograr en licencias médicas, que significaría un ahorro fiscal importante. También una menor evasión en el transporte público y mejorar las compras públicas por la vía de promover los convenios marco y no tanto el trato directo”.
Enfatiza que “no planteamos ninguna reforma tributaria, no bajar el impuesto a las empresas”. Sobre la política fiscal a aplicar, señala que “estamos comprometidos con la responsabilidad fiscal. Queremos mantenernos bajo el nivel prudente, pero para los números exactos hay que ver cómo terminan el Presupuesto y el reajuste público”.

José Antonio Kast: el financiamiento provendrá del ajuste fiscal
La candidatura del representante del partido Republicano, José Antonio Kast, pone el acento del financiamiento de su programa netamente en el ajuste fiscal que tienen previsto realizar, de US$ 6.000 millones en 18 meses.
“El financiamiento del programa proviene íntegramente del ajuste fiscal”, afirman. En ese sentido, mencionan que “el Fisco está sobregirado hace casi 20 años: en 16 de los últimos 18 años el Estado ha tenido déficit fiscal. Las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo alertan de una crisis fiscal inminente, y nosotros queremos hacernos cargo”.
Para el equipo económico de Kast, “el ajuste fiscal es la única forma de darle sostenibilidad a los beneficios sociales, y atender las emergencias ciudadanas, en temas tales como la seguridad, la crisis en vivienda y las listas de espera en salud”.
Plantean como eje central para dinamizar la economía y, por ende, para contar con mayores recursos, la realización de una reforma tributaria. Esta tiene por objetivo “rebajar la carga impositiva a empresas medianas y grandes desde el 27% actual a un 20% equivalente. Esto se hará mediante una rebaja gradual de la tasa estatutaria del 27% al 23% en 4 años, a lo que se suma la creación de un crédito tributario para proteger el empleo de los trabajadores en riesgo de caer en la informalidad. Este crédito tiene un impacto fiscal equivalente a 3 puntos de tasa estatutaria”.
También sostienen que en su cuantificación del costo del programa tienen contemplado un incremento de recursos para enfrentar la que denominan “emergencia de seguridad”. Además, describen que “el programa incluye el financiamiento del bono por hijo, recursos para resolver las listas de espera en salud, enfrentar la crisis habitacional, financiar la sala cuna universal, y compensar el efecto de la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda en forma gradual”.
Evelyn Matthei: US$ 10.200 millones brutos en los cuatro años
En la candidatura de Evelyn Matthei, de Chile Vamos, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones entrega el detalle del costo del programa y las formas de financiarlo. “El programa contempla un gasto incremental acumulado en los 4 años de mandato por US$ 6.400 millones, y un menor ingreso diferencial asociado a la reducción del impuesto corporativo que suma US$ 3.800 millones en los 4 años”, detalla.
De esta forma, añade que “el programa tiene un costo bruto de US$ 10.200 millones en los 4 años de gobierno (US$ 2.550 millones por año en promedio), pero un mayor costo neto efectivo de US$ 2.000 millones en 4 años”.
¿Cómo se financia esto? Según Briones, del total de US$ 10.200 millones, el grueso del financiamiento proviene de reducción de gastos por US$ 8.200 millones en los 4 años, “siendo contingente a la materialización efectiva de esas reducciones de gasto y ganancias de eficiencia”.
Mientras que los US$ 2.000 millones de recursos “frescos” restantes, “provendrán de mayores ingresos por mayor crecimiento estructural (0,5%) que aportan U$$ 500 millones anuales o US$ 2.000 millones en los 4 años”, afirma Briones.
El economista indica que el costo del programa se divide en tres prioridades: seguridad e inteligencia, con un costo de US$ 2.500 millones; medidas proempleo, por US$ 2.300 millones; reactivación económica, que es básicamente la rebaja de impuestos, por US$ 3.800 millones, más otros temas, por unos US$ 1.600 millones.
Sobre la trayectoria fiscal que tienen prevista, manifiesta que “la convergencia a la meta de balance estructural al final del mandato viene dada por nuestro compromiso de que el gasto público crezca a la mitad de lo que crecerán los ingresos estructurales y el PIB tendencial. Esto es, a una tasa del orden de 1,2% anual”.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰
Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

















