A inicios de marzo, Landes anunció medidas judiciales contra el Estado a causa de la Ley de Fraccionamiento Pesquero. La firma -ligada a las familias Fosk y Bohorodzaner- pidió una indemnización por US$ 70 millones, argumentando que la Ley expropia de forma encubierta su propio patrimonio.

La acción se sumó a la avalancha de ofensivas que presentaron varias pesqueras más, y que en total piden indemnizaciones por casi US$ 600 millones.

En el escrito, público recientemente, la empresa se remonta al 2013, cuando ejerció el derecho de opción de la Ley N° 20.657. “Aceptó renunciar a sus autorizaciones de pesca a cambio del otorgamiento de Licencias Transables de Pesca Clase A, las cuales se regirían por una serie de condiciones expresamente ofrecidas por el Legislador”, apunta la firma, señalando que algunas de estas condiciones era un determinado fraccionamiento que tendría vigencia al 2032. Todo está en el 22º Juzgado Civil de Santiago.

La pesquera dispara directamente contra la Ley de Fraccionamiento aprobada el año pasado, impulsada por el gobierno de Gabriel Boric y que disminuyó la cuota de captura de la pesca industrial y aumentó la de los pescadores artesanales. En consecuencia, se estima que el traspaso neto de recursos desde la industria a los pescadores artesanales es de $150 mil millones por año.

“El Fisco de Chile ha incurrido en actuaciones administrativas ilegales al considerar que el nuevo fraccionamiento aplica también respecto de aquellos titulares de Licencias Transables de Pesca Clase A que ejercieron el derecho de opción, a pesar de que ellos habían incorporado en su patrimonio un determinado fraccionamiento pesquero en forma irrevocable hasta el 2032”, detalla el escrito representado por los abogados David Cademartori y Alberto Sánchez, vinculados al estudio Barros & Errázuriz.

Un nuevo fraccionamiento y pérdida de materia prima

La pesquera acusa la aplicación de un nuevo fraccionamiento para el 2026 y el 2040. Landes plantea que el fisco está incurriendo en vulnerar derechos que fueron adquiridos con anterioridad. “Contravienen los principios de certeza, seguridad jurídica e irretroactividad de la ley, así como la prohibición de producir efectos retroactivos a través de actuaciones administrativas que causen perjuicios a los particulares (como ocurre en la especie)”.

En su ofensiva legal, Landes comparó la nueva ley con la reforma agraria. “Este afán redistributivo se materializó bajo el lema “la pesca para el que pesca” símil comparativo a la consigna “la tierra para el que la trabaja” de la reforma agraria impulsada en Chile entre los años 60 y 70”, comparó históricamente la compañía.

La reforma agraria fue impulsada inicialmente por el expresidente Jorge Alessandri en 1962 y continuada posteriormente por los siguientes mandatarios hasta el golpe militar. Se calcula que entre esos años se ejecutó una expropiación de unos 4.400 predios agrícolas, desplegados en 6,4 millones de hectáreas.

“Incluso al hacer estas comparaciones, el Estado obvió que la reforma agraria, impulsada con la ley N°16.640, reconocía no sólo que la acción de privación debía materializarse en un acto formal de expropiación, sino también el derecho a una indemnización para los titulares afectados con dicha expropiación”, detalló la compañía como anexo.

La afectación de fondo de la compañía -que inició sus primeras labores por los años 60 en Talcahuano- es la pérdida de patrimonio, o más bien, de materia prima. La empresa tenía proyectado su fraccionamiento hasta el 2032, sin embargo, fue cambiado entre medio con la nueva ley de 2025.

Para graficar el impacto, la firma acusa que si se le hubiese el fraccionamiento anterior que reclama, habría podido extraer 13 mil toneladas más que con el vigente. Es decir, pasó de una posibilidad de extracción de casi 56 mil toneladas de materia prima, a casi 43 mil toneladas. Una caída de 23%.

Landes valora esta disminución en más de US$ 6 millones, afectado principalmente por la caída de extracción en el jurel, la sardina común y la anchoveta.

“Pierde la materia prima que tiene derecho a extraer por aplicación del fraccionamiento incorporado a su patrimonio y que se encontraría vigente hasta el 2032 y; pierde la utilidad adicional que genera con dicha materia prima, en sus plantas de congelados, harina y aceite de pescado; y pierde la oportunidad de renovar sus licencias en el 2033 bajo las mismas condiciones que éstas fueron adquiridas al momento de ejercer la opción, al menos hasta el año 2040”, acusa Landes.