El miércoles, mientras se discutía en la Cámara el proyecto que tipifica como delito el robo cometido en tumulto o multitud -conocido popularmente como “turbazo”-, se registró un tenso cruce entre las parlamentarias Consuelo Veloso (FA) y Javiera Rodríguez (REP), el cual generó que la bancada a la que pertenece esta última solicitará a la mesa de la corporación su pronunciamiento al respecto.

Todo comenzó cuando, durante su intervención, Rodríguez vinculó las movilizaciones sociales con delitos cometidos en las calles, y aseguró que la actual oposición ha incurrido en una “relativización” de la violencia, que -a su juicio- derivó en la aparición de distintos delitos como la evasión y los turbazos.

Ante esto, la diputada Veloso calificó como una “falta de respeto” el vincular la movilización social con la delincuencia. “¡Si no fuera por las feministas que se movilizaron, ella no tendría derecho a voto y estaría muy silenciada en su casa, como muchos quisieron!“, sostuvo.

“¡Más respeto al pueblo que gobiernan, porque ningún derecho tendrían si no fuera por la movilización social! ¡Respeten al pueblo, porque si no se les puede venir encima! Y me hago cargo de lo que digo", lanzó la frenteamplista, lo que motivó diversos llamados de atención -y una posterior amonestación- de Ximena Ossandón, quien presidía la sesión.

Sus palabras, además, fueron ampliamente criticadas desde el oficialismo, al acusarla de validar el uso de la violencia como herramienta de acción política.

En este mismo sentido, desde la bancada de diputados de Republicanos enviaron este jueves una carta al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, solicitando que la mesa se pronuncie ante las “graves” palabras de la frenteamplista, las que, aseguraron, “no pueden pasar inadvertidas”.

En la misiva, firmada por el jefe de bancada Benjamín Moreno, los parlamentarios republicanos señalan: “Nos dirigimos a usted en relación con las declaraciones de la diputada Veloso, efectuadas en la sesión de sala n°6, fecha 22 de abril de 2026, al señalar que ‘el pueblo se le puede venir encima’, son graves y no pueden pasar inadvertidas”.

Agrega que “este tipo de expresiones sugieren presión y desborde social como herramienta de acción política, validando indirectamente conductas que pueden alterar el orden institucional. Eso es incompatible con el deber de responsabilidad que exige la función parlamentaria”, señalaron.

Ante esto, pidieron a la mesa “evaluar estos antecedentes y pronunciarse con claridad respecto del cumplimiento de las normas que resguardan el adecuado ejercicio de la labor legislativa”.