En 30 días las AFP en Colombia deberán traspasar $25 billones de pesos colombianos (cerca de US$7.000 millones) a su par estatal de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), según un mandato del gobierno del Presidente Gustavo Petro vía decreto.

La medida se da en el contexto de la reforma previsional que se aprobó en 2024, donde la nueva legislación determinó que todas las personas pasarán a cotizar en Colpensiones, firma que ya existía antes de la iniciativa, y donde existe un componente de pensiones solidarias para quienes no lograron cotizar una pensión.

Así, con la reforma, el sector privado quedó relegado a la administración de los excedentes de la cotización de las rentas más altas de Colombia, quienes ganaran más de 2,3 salarios mínimos.

Según explicó en su momento el medio del país cafetero El Colombiano, también quedaban exceptuados de la medida los hombres que cotizaron 17 años y 14 años para el caso de las mujeres.

“La reforma trae consigo un traslado masivo de unos 18 millones de afiliados de fondos privados a Colpensiones, con una base de 16 millones exclusivamente en el régimen público”, decía la nota.

Según sostuvo el Ejecutivo cuando se aprobó la reforma, el cambio se justificó porque “el 74% de los cotizantes del sistema está en los fondos privados, el 84% de los pensionados está en Colpensiones, y es necesario nivelar ese desequilibrio”, consignó El Colombiano aquella vez.

No obstante, desde junio del 2025, la implementación total de la reforma está suspendida por la Corte Constitucional de Colombia, que mandató a repetir la última parte de la tramitación de la ley para “subsanar un vicio en el trámite”, según recuerda el diario El País.

El anuncio

El movimiento se justifica desde el Ejecutivo porque más de 119.000 afiliados han ejercido la oportunidad de traslado desde la AFP al sistema estatal, un grupo que está a 10 años de edad de jubilarse. Esto generando, según dicen del gobierno, un “descalce financiero” del sistema pensional, para el pago de pensiones a personas cuyos fondos siguen en el sector privado y para el pago de pensiones solidarias.

Según establece el decreto y explica el medio La República, los montos a trasladar corresponden a “el capital acumulado más la totalidad de los rendimientos generados hasta la fecha de la transferencia”.

“Las AFP deben también trasladar el saldo en unidades de los aportes a nombre del trabajador, a su cuenta individual y al fondo de garantía de pensión mínima del Rais (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad)”, dice la nota.

En plazos, las AFP deben entregar el 50% de los recursos en un máximo de 20 días de vigencia del decreto y el otro 50% en los 10 días adicionales, según el decreto.

Reparos a la medida

Sin embargo, la medida presentó reparos de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos). Su presidente, Andrés Velasco, acusó al Ejecutivo de extralimitarse respecto a los recursos demandados y en el contexto de que espera que el proceso se haga vía norma legislativa.

“No hay bases jurídicas para solicitar los recursos que no se han pensionado ni de los que ya se pensionaron (...) estos fondos pertenecen exclusivamente a los trabajadores, amparados por el artículo 48 de la Constitución Nacional”, dijo.

En tanto, Infobae recoge que en su momento la Contraloría General de la República de Colombia habría alertado por la misma inviabilidad y “sobre los riesgos asociados al movimiento masivo de recursos en tan corto plazo”.

Mientras que desde el Ejecutivo colombiano reiteran su defensa argumentando la necesidad de la medida en el contexto de “la acumulación de recursos pendientes de traslado genera obligaciones para Colpensiones sin el respaldo económico inmediato, lo que afecta la sostenibilidad financiera del sistema”, según plantea Infobae en su nota.

En tanto, la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) rechazó la medida, cuando se conoció el borrador del decreto a fines de febrero pasado, y recordó que los afiliados colombianos que optaron por el traslado “deben permanecer invertidos hasta el momento en que se consolide la pensión y, posteriormente, ser destinados al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo administrado por el Banco de la República”.

“Modificar ese destino, mediante un decreto reglamentario, introduce una alteración al diseño aprobado por el Congreso de Colombia, afectando el principio de legalidad y la certeza jurídica que deben resguardar los sistemas previsionales”, alerta la Fiap.

FIAP también alertó de los efectos de tener recursos invertidos para el largo plazo para el uso inmediato. “Puede debilitar la sostenibilidad financiera del nuevo esquema y tensionar el equilibrio intergeneracional que la reforma buscó preservar”, dijo.