El 10 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados y Diputadas despachó la ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad. Tan solo demoró cuatro meses su aprobación. Sin embargo, en el segundo trámite legislativo en el Senado, no ha tenido avances.

El proyecto ingresado por el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric propone crear una entidad con un conjunto de atribuciones que le permiten incidir, especialmente por medio de mecanismos de persuasión en base a informes técnicos, en la deliberación de política pública de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Tiene entre sus funciones la evaluación de políticas, planes y programas, la definición de lineamientos para la evaluación ex ante y ex post de programas en el sector público, y la formulación de propuestas para la simplificación normativa y el aumento de la productividad.

Precisamente un estudio realizado por los investigadores del CEP Jorge Rodríguez, expresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), y Sebastián Soto, aborda la necesidad de avanzar en este proyecto para la generación de políticas públicas.

Lo primero que señala en el informe es que el “contar con políticas públicas efectivas, eficientes y equitativas, que entreguen bienes y servicios que aumenten el bienestar de la ciudadanía y que lo hagan mediante un buen uso de los recursos públicos, es un elemento esencial de un pacto fiscal. Como objetivo, es muy improbable que existan actores en desacuerdo con ello. Pero en la práctica, los países enfrentan variados y significativos desafíos que dificultan alcanzarlo”, sostiene.

Puntualizan que “la propuesta para crear una Agencia que promueva la calidad de las políticas públicas se ha concebido pragmáticamente como un elemento que construye sobre el sistema ya existente y que aborda sus desafíos ya identificados, en contraste con la opción de partir un nuevo sistema desde cero. Así, el modelo que se sigue crea una nueva agencia con autonomía, trasladando desde la Dipres (Dirección de Presupuesto) las capacidades estatales de evaluación de programas y generando otras nuevas”.

Así, a la luz de los antecedentes revisados, el informe dice que “se puede interpretar que existe un consenso amplio sobre la necesidad de que exista una institución que coordine, potencie y genere un mayor impacto del sistema de evaluación que se ha construido en el país, aunque falta resolver aspectos sobre su diseño específico, los que se analizan más adelante”.

Las propuestas del CEP

La Agencia busca ser un órgano colegiado con un jefe de servicio y absorber a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP). Dentro de los planteamientos del CEP, se encuentra la elección por el Consejo de la Agencia al jefe del servicio, el cual, a su vez, debe ser aprobado por un quórum que asegure la concurrencia de mayorías y minorías en el Senado. Además, se trataría de un organismo conformado por cargos de confianza de la administración.

Asimismo, lo define como un cuerpo que “tiene entre sus funciones la evaluación de políticas, planes y programas, la definición de lineamientos para la evaluación ex ante y ex post de programas en el sector público, y la formulación de propuestas para la simplificación normativa y el aumento de la productividad”.

En la investigación, si bien valoran el avance de esta propuesta, proponen algunos cambios para resolver los nudos del proyecto de ley y que así se pueda avanzar en su concreción. Específicamente, se concentran en el Consejo.

De acuerdo al informe, “estos nudos son específicos y se vinculan con la dirección de la Agencia, tanto su órgano colegiado como su jefe de servicio, y con las herramientas necesarias para el cumplimiento efectivo de todas sus funciones”.

En particular, el análisis sostiene que “por razones de eficacia y de diseño institucional, el órgano directivo colegiado debe ser de designación presidencial con ratificación del Senado por un quórum que asegure la concurrencia de mayorías y minorías, estableciendo ciertos requisitos de idoneidad técnica de los consejeros”.

Así, plantean que “el jefe de servicio, por su parte, debe ser de confianza del Consejo de la Agencia”. Y se argumenta que, “para un correcto ejercicio de sus atribuciones vinculadas con la productividad, debe asegurarse que la Agencia cuente con expertos en ese ámbito y que no tenga un sesgo a priorizar solo las materias de evaluación de políticas públicas”.

Otro de los nudos es el caso del “acceso de la Agencia a la información de otros servicios públicos”. En este punto, el CEP sugiere explicitar los plazos para la entrega de la información requerida por la institucionalidad colegiada en cuestión, además de establecer consecuencias frente a faltas de rendimiento esperado. Respecto a las “respuestas de la autoridad a las recomendaciones de la Agencia”, se recomienda establecer el principio de “cumplir o explicar” por parte de la autoridad pertinente que recibe las propuestas.

Respecto de la “coordinación efectiva con otros organismos públicos”, propone establecer instancias formales de coordinación con organismos como la Dipres, además de que, frente a la discusión presupuestaria, se presente junto a su Consejo ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Otro nudo es el denominado “presupuesto, equipo profesional y dedicación horaria de los consejeros de la Agencia”, invita a destrabarlo al comprometer dentro de la ley que al cabo de 2 o 3 años se realice una evaluación independiente respecto a su funcionamiento.