Elusión: fiscalización clara y efectiva

Se hace necesaria una definición respecto a la forma en la que el Servicio de Impuestos Internos (SII) puede objetar los efectos tributarios de ciertos contratos o actos, cuando considera que buscan exclusivamente evitar o disminuir el pago de impuestos.

En la Reforma Tributaria de 2014 se estableció un procedimiento ordenado para esto, a través de la Norma General Antielusión (NGA). Sin embargo, hasta el momento no se conocen casos en los que se haya aplicado.

Lo que sí se conoce, son casos anteriores a la vigencia de esta norma. En los que, interpretando los alcances de otras disposiciones contempladas en nuestra legislación, el SII ha logrado que los tribunales, directa o indirectamente, califiquen ciertas conductas como "elusivas".

Un ejemplo, son fallos como el del 10 de agosto de 2018 de la Corte de Apelaciones de Concepción o el del 13 de noviembre pasado de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Surge la duda de lo que pasará en el futuro. La redacción de la NGA contempla que no aplicará cuando existan normas especiales para evitar la elusión.

Considerando que estas últimas no se encuentran legalmente definidas, el criterio que se extrae de los recientes fallos de tribunales -y los complejos procedimientos de la NGA- podrían generar un incentivo para que se abuse de interpretaciones extensivas, que permitan cumplir con la finalidad de la norma pero por vías más directas y simples de implementar para el SII.

Ello hace que la aplicación de la NGA, como tal, sea cada vez más lejana y se abra la puerta a una excesiva judicialización.

Con el diagnóstico claro, el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera busca una salida para esto, y propone fórmulas para atacar el asunto y ofrecer mayor certeza jurídica para los contribuyentes y el SII.

Aunque algunos han rechazado de plano cualquier cambio a la NGA, al creer que sólo buscaría limitar las facultades de fiscalización, lo cierto es que es importante aclarar los alcances de la normativa para que se aplique de una forma que sea eficiente para todos los actores.