El conflicto entre Enel y el empresario Sergio Weinstein por el proyecto de yodo y nitrato Arbiodo de este último, suma un nuevo capítulo en los tribunales. A pocos días de que la Corte de Apelaciones conozca los alegatos por la sentencia que acogió parcialmente una demanda de indemnización de perjuicios contra la gigante italiana, Enel Green Power lanzó una ofensiva contra la perito judicial Sylvia Delgado, cuyo informe fue una pieza clave en el fallo de primera instancia que resolvió parcialmente a favor del empresario.

El 17 de diciembre, la eléctrica interpuso ante el 4° Juzgado de Garantía una querella criminal por el presunto “delito de falsedades vertidas en el proceso” en contra de la perito, denunciando a la geóloga por un supuesto “actuar delictual”.

En su escrito, la querellante explicó al tribunal que el monto de indemnización que exige el empresario chileno “corresponde aproximadamente al triple del presupuesto total asignado al Poder Judicial aprobado para el año 2026 según la información disponible en el sitio web del Senado de la República de Chile”.

Enel contó en el escrito que el 25 de noviembre de 2021 se llevó a efecto la audiencia de reconocimiento, en línea con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil.

“No obstante, de dicha diligencia no se levantó acta por parte de la perito, privando al proceso de la única constancia formal y verificable de lo ocurrido en ella, pese a tratarse de una actuación judicial destinada a asegurar transparencia y control sobre el trabajo pericial”, añadió la defensa de Enel.

Por otro lado, la defensa de la eléctrica detalló en el escrito que " tomó conocimiento recientemente de un hecho grave y que vulnera las obligaciones legales antes descritas y que recaen sobre todo perito judicial, consistente en que el archivo digital que contiene el informe pericial de la señora Sylvia Mariela Delgado Araya indica que su autor es don David Cademartori Gamboa, identidad que es coincidente con la del abogado patrocinante de la parte demandante en el juicio civil, Compañía Minera Arbiodo Limitada".

Consultada la perito cuestionada por Enel, Sylvia Delgado, sobre la acción judicial en su contra presentada por Enel Green Power, manifestó: “Está en su derecho, más aún si la pericia evacuada le ha sido desfavorable a sus intereses”.

Pero indicó que “hay que tener presente que el informe pericial es completamente técnico y la información utilizada corresponde a datos y resultados que son verificables en terreno y en los laboratorios donde se analizaron las muestras. En otras palabras, toda la información que sustenta el informe geológico cuenta con trazabilidad”.

Los abogados Cristián Muga y Rodrigo Ávila asesoran a Enel Green Power.

Conflicto

La disputa entre Enel y Sergio Weinstein se originó el 26 de diciembre de 2016, cuando el segundo interpuso una demanda de nulidad de derecho público y de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. Tras casi siete años de tramitación, el 6 de diciembre de 2023 la jueza Sofía Gutiérrez, del 12° Juzgado Civil de Santiago, acogió parcialmente la acción judicial.

El conflicto gira en torno a un proyecto minero ubicado en un yacimiento de yodo y nitrato con una extensión de 34.000 hectáreas. Según Weinstein, la iniciativa cuenta con tonelaje certificado bajo normativa canadiense y una capacidad de producción anual estimada en 3.000 toneladas de yodo y 400.000 toneladas de nitrato.

El empresario acusa que sobre sus pertenencias mineras, emplazadas en la comuna de Taltal, se construyó un parque eólico que impidió la ejecución del proyecto de extracción, pese a contar con aprobación ambiental desde 2018. En su fallo, el tribunal acogió parcialmente la demanda de indemnización por perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual contra Minera Arbiodo y condenó a Enel, al Parque Eólico Taltal (PETSA) y al Fisco de Chile al pago de US$ 400 millones por concepto de daño emergente, debido a la imposibilidad de desarrollar el proyecto minero.

Pero Weinstein había solicitado originalmente una indemnización de US$ 2.000 millones por lucro cesante, lo que llevó a ambas partes a escalar el caso ante la Corte de Apelaciones de Santiago.