El conflicto entre los socios de Compañía Telefónica Rural S.A. (CTR) marca un nuevo hito en tribunales. Rodrigo González, exdirector ejecutivo de la sociedad matriz (Psinet Chile SpA), presentó una demanda a través de su sociedad Modena en contra de PSI Net —matriz de CTR— y las firmas vinculadas a sus accionistas mayoritarios José Cox y Andrés Fazio por “actos ilícitos, contrarios a la ley” que le provocaron daños, según el escrito.

En el marco del conflicto, el 10 de diciembre de 2025 González interpuso una demanda de nulidad absoluta, disolución de sociedad e indemnización de perjuicios ante el 8° Juzgado Civil de Santiago.

Cox es un empresario que fue amigo y socio del expresidente Sebastián Piñera, mientras que Fazio tuvo un paso por el fútbol chileno como director de Cruzados —administradora del Club Universidad Católica— y vicepresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en dos instancias.

En el mismo documento, al que tuvo acceso Pulso, el demandante solicitó al tribunal que decrete la nulidad del último aumento de capital de la sociedad, que lo llevó a su disolución como accionista minoritario.

Según el escrito, el conflicto comenzó cuando el 14 de noviembre de 2024 los socios Cox y Fazio convocaron a González a una reunión en la que lo presionaron a renunciar bajo amenaza de acciones penales y civiles. Posteriormente, el 23 de diciembre de ese año, fue citado nuevamente al domicilio de Cox, donde ambos empresarios le habrían exigido asumir personalmente las pérdidas de la empresa.

Frente a la actual arremetida legal de González, Cox y Fazio —asesorados por el abogado Marcelo Giovanazzi— declinaron efectuar comentarios. Pero las desavenencias son de larga data y ambos presentaron sendas acciones penales en contra de su exsocio.

De hecho, González enfrenta hoy tres querellas criminales presentadas por PSI Net, el fondo Moneda Renta CLP y la Consultora Naxos SpA, por delitos que incluyen administración desleal, lavado de activos y celebración de contrato simulado.​​​​​​​​​​​​​​​​

PSI Net, a través de CTR, en 2017 se adjudicó el proyecto Fibra Óptica Austral, una red de conectividad que une localidades del extremo sur del país mediante un cable submarino de 2.980 kilómetros.

La dilución de las acciones

La disputa entre las partes se centra en una Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 14 de noviembre del año pasado. En esta sesión José Cox, representante de la sociedad accionista Asesorías e Inversiones Ilihue S.A., y Andrés Fazio, en calidad de apoderado de Inversiones y Negocio Punto COM S.A. y Gasperín S.A., aprobaron un aumento de capital por $17.556 millones, mediante la emisión de nuevas acciones.

“Este incremento representa un aumento del 62.000% aproximadamente del número de acciones original, es decir, 620 veces las acciones que existían antes del aumento de capital, lo que constituye una variación extraordinariamente significativa que modificó completamente la estructura accionaria de la Sociedad”, planteó el documento presentado por González.

Como consecuencia de lo anterior, la participación de Modena en PSI Net cayó desde 6,57% a 0,0106%.

La demanda afirmó que este aumento infringió los artículos 15 y 44 de la Ley de Sociedades Anónimas. El primero exige que los aportes sean evaluados por peritos independientes. Según González, los peritos que evaluaron esta decisión no eran independientes porque fueron nominados por la administración de la sociedad, con la participación de los directores Cox y Fazio, que dado su interés en la operación debían abstenerse de la intervención.

El artículo 44, en tanto, regula las operaciones con partes relacionadas. La demanda argumentó que el pago de las nuevas acciones se estructuró mediante la capitalización de cuentas por cobrar de los propios accionistas o sus sociedades relacionadas, configurando una operación entre partes relacionadas que no cumplió con los requisitos legales.

Dado esto, la defensa de González concluyó que el aumento “se trata de un acto ejecutado por los accionistas mayoritarios de la sociedad, desprovisto de racionalidad económica con el objetivo primordial de perjudicar al accionista minoritario”.

El demandante cuenta con la asesoría legal de Ricardo Reveco, socio de Carey.

La disolución de la sociedad

Junto con la nulidad de la decisión, González pidió a la justicia que invoque el artículo 105 de la Ley de Sociedades Anónimas para disolver la sociedad.

La demanda describe una pérdida del affectio societatis, es decir, la voluntad de colaboración entre socios en la búsqueda de un fin común. “La confianza inicial entre los accionistas ha mutado en desconfianza, la colaboración activa en los negocios que mantenían los accionistas ha derivado en la exclusión de Modena en la participación de las decisiones sobre la sociedad”, sostuvo el escrito.

Ante este escenario, González en su presentación denunció que “no existe un remedio alternativo (más) que la disolución social para poder cautelar el legítimo interés de Modena y no ser un cautivo de otros accionistas que pretenden mantener aislada y disminuida en el tiempo a mi representada”.