El proyecto de reajuste para el sector público tuvo nuevamente otra jornada tensa. Los incendios que azotan la regiones de Ñuble y del Biobío generaron nuevas dudas sobre el financiamiento de esta alza salarial considerando la estrechez fiscal por la que atraviesa el Estado. Esto, porque el fisco necesitará más recursos para hacer frente a la catástrofe.

El primero en poner este tema sobre la mesa de discusión fue el senador UDI, Javier Macaya, quien cuestionó que se desembolsen US$1.700 millones para el costo del reajuste, al mismo tiempo que se necesitan recursos para la reconstrucción.

En conversación con T13 Radio, Macaya estimó que las obras de reconstrucción serían de US$ 1.600 millones, cifra similar al costo fiscal que supone el reajuste de US$1.775 millones, de los cuales US$822 millones no están financiados por fuentes claras, lo que llevará a utilizar reasignaciones.

En su análisis, Macaya dijo que “no se vería muy bien” que la preocupación esté tan centrada en el reajuste de remuneraciones de los funcionarios públicos si es que no tienen financiada la reconstrucción.

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, lo explica así: “Los incendios se financian con reasignaciones. Pero si parte del reajuste US$ 822 millones también se pretende financiar con el mismo espacio para reasignaciones, entonces estamos frente a una doble contabilidad: no se pueden financiar dos cosas con la misma fuente”.

Esa es la mayor presión que tendrán las cuentas fiscales al considerar que no hay recursos disponibles.

Macarena García, economista de LyD, señala que “no hay recursos provisionados en el gobierno central directamente para una catástrofe. Para usar recursos habría que reasignar recursos desde otras partidas o utilizar el 2% constitucional si es que no se quiere reasignar”.

La experta explica que “lo que sí existe actualmente a nivel de gobierno regional es la facultad del uso del 5% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que es una reserva de emergencia que los Gobiernos Regionales manejan para atender catástrofes, emergencias y necesidades sociales urgentes”.

García especifica que “en términos de montos, por el 5% del FNDR se cuenta con recursos por aproximadamente US$42 millones, mientras que por el 2% constitucional en torno a US$1.800 millones”.

García menciona que las fuentes de financiamiento no son otras que la reasignación, “lo cual es exigente dado los montos que se mencionan o bien sacar recursos de sus activos, los cuales están en nivel mínimo. Otra opción es emitir deuda lo que podría llevar a sobrepasar el 45% del PIB de deuda. Las tres opciones tienen costos, pero la que respeta la regla y el espíritu de esta es la reasignación”.

Las advertencias de CFA y la Contraloría

En la sesión de la mañana, la Comisión de Hacienda del Senado tuvo la exposición de la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides. En su presentación enfatizó en que hay US$822 millones sin un financiamiento claro, lo que generar un desafío para el fisco.

“Es un desafío relevante el que parte del financiamiento del reajuste salarial del sector público provenga de reasignaciones presupuestarias, tal como lo ha señalado Dipres. En ese sentido, detalló que de 31 partidas presupuestarias (excluyendo Tesoro Público y financiamiento a gobiernos regionales), 14 destinan más del 50% de su presupuesto a gasto en personal, reduciendo el margen de reasignación sin afectar la operación regular”, apuntó la presidenta del CFA.

Benavides subrayó que “el proyecto de reajuste involucra gastos permanentes, lo que introduce presiones de igual naturaleza, por lo que las fuentes de financiamiento deben ser permanentes, lo que no se da, por ejemplo, en el diferimiento de contrataciones”.

También recalcó que la heterogeneidad y cantidad de normas misceláneas de la iniciativa eleva el riesgo de efectos fiscales no previstos o de imprecisiones en su estimación, especialmente dadas las restricciones de tiempo para su análisis durante la tramitación legislativa.

Por último, Benavides dijo que “el Consejo advierte que el proyecto de ley de reajuste 2026 se formula en un escenario de estrés fiscal, caracterizado por déficit estructurales persistentes, incumplimientos de las metas de BE, un nivel de deuda bruta cercano al nivel prudente y un bajo nivel de activos en el Fondo de Estabilización Económica y Social, entre otros”.

Y, en ese contexto, enfatizó su recomendación de que “Dipres identifique y explicite detalladamente las fuentes adicionales de financiamiento (reasignaciones y/o uso de provisiones), para facilitar que estas estén disponibles oportunamente para no comprometer el cumplimiento de las metas fiscales”.

La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, también expuso ante la instancia legislativa y junto con reiterar las críticas a la llamada norma de amarre, ya que afectaría la carrera funcionaria expresó que con el costo del financiamiento de los incendios en las cuentas públicas quedarán con menos recursos para reasignar y por ende, financiar el gasto en el alza salarial.

Así y todo, el proyecto avanzó a la sala del Senado. Y se espera que este martes se vote y se pueda despachar a su tercer trámite.

En líneas generales, se aprobó por tres votos a dos, el alza de 3,4% gradual en dos períodos: un 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026. También se otorga un reajuste superior al 5% para las remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos.

La que no tuvo la misma suerte fueron las llamadas normas de amarre. La primera tiene por objetivo que los trabajadores a contrata que sean desvinculados, sus jefes directos deben fundamentar sus despidos. Esa norma fue rechazada por los senadores Javier Macaya (UDI); Rodrigo Galilea (RN) y Ximena Rincón (Demócratas) y contó con los votos favorables de Ricardo Lagos Weber (PPD) y José Miguel Insulza (PS).

La segunda norma relacionada con este tema era el plazo para los trabajadores pudieran ir a reclamar a Contraloría. En este punto, si bien el gobierno ingresó una indicación para modificar los años, pasando de 2 a 5 años, para que los trabajadores a contrata pueden ir a reclamar un despido que consideren injustificado no avanzó por los votos en contra de Rincón, Macaya y Galilea.