La larga espera por saber qué es un aporte al espacio público

Construccion

El sector inmobiliario espera que se ponga fin a la doble interpretación de la Contraloría y los planos reguladores sobre qué califica como un beneficio para la comunidad y se termine una incertidumbre jurídica que se arrastra hace años.




Hoy, los planos reguladores -por medio de la interpretación a la Ley de Urbanismo- detallan ciertos incentivos o condiciones que invitan a que los proyectos inmobiliarios generen un aporte al espacio público. Pero en algunos casos, la Contraloría General de la República (CGR) realizaba otra interpretación que cuestionaba estas medidas y paralizaba las inversiones. Esto podría llegar a su fin, luego que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el ente regulador lograran un acuerdo que esclarece esta doble interpretación.

El secretario de la cartera, Cristián Monckeberg, destacó que el reglamento, el cual entrará en vigencia en 18 meses más, pemitirá "avanzar más rápidamente con estas nuevas garantías a las obras urbanas y a los proyectos inmobiliarios que se hagan en las diferentes comunas".

La problemática, a juicio del sector privado, más que desalentar la inversión, ha impactado en la rentabilidad de los proyectos al demorar la inauguración de estos y generar en un impacto en la rentabilidad, lo que hace menos atractivo que el mercado contemple generar alguna iniciativa que sea un aporte al espacio público para ganar la construcción de un o más pisos, tras la falta de certeza jurídica.

Por eso, desde este sector se espera que tras el paso de la normativa de incentivos urbanísticos y condicionamiento por la Contraloría, se entregue un marco delimitado sobre qué se entiende y qué no por un aporte al espacio público y se dé por cerrado un episodio que ha generado algunos dolores de cabeza en la industria.

Por ejemplo, uno de los proyectos que se han sentido afectados por esta doble interpretación es el proyecto Apoquindo de Indesa, ubicado en la comuna de Las Condes. "En nuestro caso, se está retrasando la ejecución del proyecto debido a que el cambio de criterio que está teniendo la CGR está afectando la certeza jurídica y generando un daño patrimonial importante por el atraso", sostiene el gerente del proyecto, Gonzalo Errázuriz.

La norma, que ha sido un dolor de cabeza para el sector inmobiliario, no es nueva y se promulgó cerca de 1930 y fue un promotora para la construcción de las icónicas galerías en el centro de Santiago, entre otras iniciativas de este tipo que aportaron a la ciudad. Otras de las medidas que se entiende como aporte a la ciudad es, por ejemplo, que un proyecto decida pasar los cables del tendido eléctrico y otros servicios por el subsuelo; construir más lejos de la calle para dar más espacio a la comunidad, reparación de equipamientos público, incorporación de obras de arte a la comunidad, entre otras.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) explican que este problema se originó en 2005 "con la ley de calidad que establece un conjunto de condiciones a revisar en los permisos de edificación", explica el presidente de la inmobiliaria Echeverría Izquierdo y presidente de la comisión de certeza jurídica de la CChC, Bernardo Echeverría, quien también comenta que las modificaciones posteriores a la ley tampoco ayudaron a esclarecer el tema.

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