Que una presidenta hable de factoring en su primer discurso no es habitual. Que otro mercado latinoamericano movilice decenas de billones mediante facturas electrónicas negociables tampoco debiera pasar inadvertido. Perú, Colombia y Chile dan señales distintas, pero apuntan a una misma pregunta: ¿cómo lograr que el sistema financiero acompañe el crecimiento de las empresas pequeñas?

En Perú, Keiko Fujimori incorporó el factoring a un paquete que declaró a las micro y pequeñas empresas prioridad nacional, junto con la reactivación de Promype, más acceso al crédito y compras públicas. No corresponde idealizar el anuncio, pero la señal es relevante: la liquidez de las mypes entró en la conversación sobre crecimiento, empleo y formalización.

Colombia muestra otra dimensión. El país creó RADIAN, la plataforma de la DIAN que registra la trayectoria de las facturas electrónicas que circulan como títulos valor. Y sigue ajustando sus reglas pues este año su Ministerio de Comercio puso en consulta cambios para aclarar la circulación de la factura electrónica como título valor, armonizar sus plazos de aceptación y fortalecer la seguridad jurídica.

La lección regional es clara: una plataforma necesita regulación y coordinación entre emisores, pagadores y financiadores. Y es que América Latina comparte un problema. Muchas pymes venden y reciben nuevos pedidos, pero esperan el pago de bienes o servicios ya entregados. Mientras tanto, deben pagar remuneraciones, reponer inventario o asumir otra oportunidad. En la práctica, financian a clientes mayores mientras buscan recursos para seguir operando.

El factoring corrige parte de esa asimetría. Convierte una cuenta por cobrar en capital de trabajo y adelanta recursos de una venta ya realizada. No es un subsidio ni mantiene artificialmente pequeñas a las empresas. Es financiamiento productivo que complementa al crédito bancario cuando faltan garantías o historia crediticia.

Chile cuenta con una industria desarrollada y experiencia en financiamiento no bancario. También tiene más de 1,2 millones de mipymes, que representan el 98,5% de las empresas y concentran el 48% del empleo, según el SII. Si queremos compañías más productivas, innovadoras y exportadoras, debemos construir una escalera financiera que acompañe ese proceso.

Esa escalera exige facturas trazables, prevención del fraude, certeza en los pagos, interoperabilidad y diversas fuentes de fondeo. También requiere que los grandes pagadores comprendan que facilitar la circulación de las facturas no beneficia solo al proveedor: fortalece toda la cadena y sostiene inversión y empleo.

Por ello, mientras Chile discute una reforma al mercado de capitales, esta experiencia regional debiera estar presente. La reforma no puede limitarse a la bolsa o a atraer capitales; debe preguntarse cómo esos recursos llegan a las pymes. Si la industria que las financia no está en la mesa, podemos terminar con una reforma sofisticada, pero desconectada de la economía real. Perú elevó el factoring a prioridad política. Colombia muestra el potencial de convertir la factura electrónica en infraestructura financiera y la necesidad de ampliar su alcance. Chile puede aportar profundidad, pero debe seguir mejorando trazabilidad, coordinación y marco institucional.

La señal ya no viene de un solo país. América Latina comienza a comprender que la liquidez de las pymes no es un tema secundario: es una condición para crecer. Si queremos más empresas grandes en la región, debemos comenzar por financiar a las que todavía no lo son.

- El autor es presidente de la Asociación de Empresas de Factoring y Servicios Financieros (AFYS A.G.)