En medio de las presiones de los grandes gremios empresariales para postergar la entrada en vigencia de la nueva ley de proyección de datos personales, contemplada en principio para el 1 de diciembre, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que próximamente habrá novedades sobre la definición del gobierno sobre el tema.

“Es una ley que es bien importante, por lo tanto, su implementación queremos que sea de la mejor forma posible, si necesitamos más tiempo para implementarlo, lo estamos conversando con los parlamentarios y en los próximos días vamos a tener noticias al respecto”, afirmó Mas.

Los gremios argumentan falta de certeza jurídica, ya que aún no se ha implementado la Agencia de Protección de Datos Personales la que, según estableció la ley, debió haber estado operativa a más tardar el 1 de junio de 2026, pero que se ha visto postergada por el rechazo en el Congreso a los miembros propuestos por el Ejecutivo.

Mas dijo que el gobierno buscará que dicha Agencia esté constituida lo antes posible. “Se ha ido avanzando, se propusieron distintos consejeros, no ha habido acuerdo en el Parlamento, en las respectivas comisiones, y por eso es que estamos conversando con el mundo político para implementarlo de la mejor forma”, precisó.

La cuenta regresiva empezó en diciembre de 2024 y termina dentro de tres meses, cuando el 1 de diciembre entre en vigencia la ley de protección de datos personales, que establece exigentes obligaciones a servicios públicos y empresas al momento de tratar información privada de las personas, reconociendo los derechos de los titulares de los datos.

La iniciativa, que también crea una agencia estatal especializada de supervisar el tema, establece un nuevo régimen de infracciones y sanciones económicas a las empresas infractoras que podrían fluctuar, inicialmente, entre $358 millones (5 mil UTM) y $1.400 millones (20 mil UTM), pero incluso esos valores podrían triplicarse o llegar al 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios de una firma si la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) detecta conductas reincidentes y agravantes.

Retraso en la Agencia

La Agencia de Protección de Datos Personales aún no está operando pese a que el plazo establecido por ley venció el 1 de junio. En marzo el gobierno envió al Senado un oficio nominando a los tres consejeros (Constanza Pasarin, Benjamín Saenz y Leonardo Soto) que encabezarían la Agencia, entidad autónoma, con amplias facultades de regulación, interpretación, fiscalización y sanción respecto de esta ley. Pero como hubo cuestionamientos, el Ejecutivo retiró su propuesta e ingresó una segunda terna (Joselyn Biermann, Roberto Godoy y Matías Larraguibel), que se votó en mayo en el Senado, pero resultó rechazada al no lograr el quórum de dos tercios de los votos requeridos.

Los senadores primero alegaron inhabilidades, las que fueron refutadas por el gobierno. Y luego justificaron su voto en contra al cuestionar la idoneidad de los candidatos y el perfil de los nominados. Pero, fuentes con conocimiento del asunto, aseguraron a Pulso que el rechazo estuvo ligado a que los candidatos no representaban sensibilidades del mundo político.

Previo a la votación, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, hizo ver a los senadores la dificultad de encontrar profesionales que cumplan los requisitos exigidos en la ley, que establecen dedicación exclusiva al cargo, y una serie de inhabilidades e incompatibilidades, con remuneraciones que calificó como “bajas”, al prohibir ejercer otras actividades remuneradas. “Eso ha resultado una tremenda limitación”, dijo en mayo.

Según las recomendaciones que hizo en 2025 la comisión asesora ministerial para la ley de protección de datos, “la ley previó remuneraciones brutas proyectadas, para el presidente del consejo, de $7,1 millones, y de $6 millones para los consejeros, las que se encuentran por lejos muy por debajo del promedio de jefaturas de servicio de organismos fiscalizadores comparables”. Así, propusieron salarios de $12 millones para los consejeros y $13,5 millones para el presidente.

Bajo este escenario, en que la Agencia no se ha podido instalar, a inicios de este mes el gobierno dijo que está evaluando una posible postergación de la entrada en vigencia de la ley en cuestión. Una decisión que, en todo caso, no está totalmente zanjada, y que requeriría de una ley corta.