En su último informe, el CFA descartó “inconsistencias aritméticas” en proyecciones de deuda del gobierno anterior, pero el ministro Jorge Quiroz insistió en que hay “un error” de cálculo por supuestos que no han sido “explicitados”. ¿Cómo explica usted esta cadena de declaraciones aparentemente contradictorias entre el CFA y la autoridad?

-Lo que hicimos nuestro informe es un análisis técnico de consistencia de las proyecciones de deuda pública entre los dos últimos IFP (Informe de Finanzas Públicas) del 2025. Así, abordamos la controversia que había surgido por la diferencia entre el aumento del déficit proyectado por la Dipres para el periodo 2026 a 2030 de $13,5 billones entre ambos informes y el menor incremento proyectado de la deuda en ese periodo, de $3,9 billones. Esto, recordemos, había motivado a la Dipres a reestimar la trayectoria de deuda del IFP del cuarto trimestre.

¿Qué planteamos como consejo? Que el déficit fiscal no es la única variable que determina la evolución de la deuda. También influyen otros movimientos de activos y pasivos financieros, como el otorgamiento y la recuperación de préstamos, el uso o acumulación de activos del Tesoro, y variables como el tipo de cambio, que mueven el stock de deuda. También señalamos que, desde que existen IFP trimestrales en el 2019, hay al menos seis casos en que la variación de la deuda proyectada se contuvo o incluso registró una caída, pese a un aumento del déficit proyectado en el mismo informe. Esto, por haber una compensación con otras fuentes de financiamiento.

Llegamos a la conclusión de que no había inconsistencias aritméticas o de cálculo y que esa brecha inicial de $9,5 billones se explicaba en su totalidad por partidas identificables, aunque faltaba información sobre los supuestos de esas proyecciones. Este es un problema histórico. Históricamente, los gobiernos no han explicitado en sus IFP una serie de elementos que influyen en proyecciones de deuda. Me refiero a elementos como los supuestos detrás de los flujos de consolidación o de otros requerimientos de capital. Y estos se mantienen en el último IFP, al igual que parte de esos supuestos. Por ejemplo, se mantienen las cifras de recuperación de préstamos para el periodo 2027 al 2030.

Esto evidencia una brecha institucional en la información disponible sobre las proyecciones de la deuda bruta, y una preocupación de larga data del Consejo. Desde el 2021 hemos formulado más de 22 recomendaciones en esta materia y en este último informe agregamos nuevas. El problema de fondo no es de cálculo, es de transparencia; lo venimos advirtiendo hace años y todavía no se resuelve.

¿El informe semestral sobre las proyecciones de deuda el CFA exculpa al gobierno anterior de haber caído en los “errores” que denuncia el ministro Quiroz?

-Quisiera ser clara en que no le corresponde al CFA pronunciarse sobre responsabilidades específicas o el mérito de una acusación constitucional, responsabilidades políticas o jurídicas de autoridades. No es nuestro rol y no lo hemos hecho.

El Consejo evaluó la consistencia técnica de las proyecciones de deuda del IFP del cuarto trimestre, y valoramos que ese ejercicio haya permitido precisar cifras y despejar dudas. También analizamos las variables que tenían las mayores fluctuaciones y relevamos esta brecha institucional en la información sobre los supuestos detrás de la proyección de la deuda y planteamos un conjunto de recomendaciones para abordarla.

Lo que hicimos separa dos cosas que en el debate estaban mezcladas. Una, si las cuentas calzaban o había un error… y calzan. Otra, si los supuestos detrás de esas cifras que calzan están explicados… y ahí hay un problema histórico, porque no lo están. Esa distinción es el valor de una mirada independiente y con ello la discusión pasó de hablar de un error de cálculo a hablar de transparencia en los supuestos.

¿Siente el CFA que el ministro Quiroz ha empujado a la institución a hacer el ejercicio de “auditar” y evaluar “políticamente” las cifras de deuda?

-El CFA tiene un rol técnico, no tiene funciones de auditoría, ni califica responsabilidades políticas. Lo que realizamos lo hacemos en el marco de nuestras atribuciones. Tenemos el cuidado, además, de mantener un lenguaje técnico, que a veces puede alejar… posiblemente siempre debemos explicarnos mejor. Pero lo que a veces se lee como ambigüedad suele ser precisión. Distinguimos entre lo que podemos afirmar, lo que es el problema y lo que no nos corresponde calificar.

O sea, la evaluación política no les corresponde…

-Nuestro rol es un rol técnico, autónomo, y no vinculante…

Vuelvo al punto anterior. En su informe el CFA dice que “más que una falta de cuadratura” en las proyecciones hay supuestos de ajustes o gestión financiera “no explicitados”. ¿Es un error que no estén explicitados? ¿Le parece que esto al menos le da un punto al ministro Quiroz en su reclamo?

-Vuelvo a recalcar que lo que hemos relevado en este informe es una brecha institucional en la información disponible sobre las proyecciones de deuda bruta y que es una preocupación de larga data del Consejo. Históricamente, los gobiernos no han explicitado en sus IFP una serie de elementos que influyen en las proyecciones de deuda. Y eso se mantiene hasta ahora. Por eso es que en el informe abordamos estas brechas con una mirada prospectiva. Formulamos recomendaciones para mejorar la trazabilidad, publicidad y replicabilidad de las proyecciones de deuda. Y también recomendamos el desarrollo de una metodología similar a la que existe para el balance estructural.

Le vuelvo a preguntar, ¿le parece que el que no esté explicitado ese supuesto le da un punto al ministro Quiroz?

-Nosotros compartimos el hecho de que existe una brecha importante en la información sobre los supuestos con los que se construyen las proyecciones de deuda y que esto es histórico y que se mantiene también en el último IFP. Por eso hemos formulado recomendaciones que creemos que, si son acogidas, permitirían fortalecer nuestro análisis, evaluación y debate en finanzas públicas.

¿Lo que me está diciendo es que el CFA no tiene la potestad o los mecanismos para poder hacer con la deuda lo mismo que hacen con el balance estructural?

-Es un punto importante, porque en el marco normativo vigente hoy existe una disparidad muy importante en la densidad regulatoria para evaluar y monitorear el cálculo del balance estructural y sus proyecciones respecto de la que existe para el seguimiento de las proyecciones de la deuda pública. Para estas últimas no existe una metodología de cálculo pública, ni los contenidos mínimos de información para su publicación, ni una regulación sobre la oportunidad o forma en que el CFA debiese participar de ese proceso… ni los contenidos mínimos que debiese recibir por parte de Dipres.

Acá vemos que el reglamento que está pendiente de dictarse de acuerdo con el artículo primero de la Ley sobre Responsabilidad Fiscal es una oportunidad para fortalecer la regla dual, regla de balance estructural y ancla de deuda, dotándola de mayor información, procedimientos, periodicidad, responsabilidad y estándares de entrega de informaciones.

Cuando el ministro Quiroz denunció la inconsistencia por US$10 mil millones en la proyección de deuda, habló de posibles sumarios administrativos e incluso de ir a la Fiscalía si fuese necesario. ¿Le pareció correcto el tono y el contenido de esas declaraciones?

-Como presidenta del CFA no me corresponde pronunciarme sobre declaraciones de autoridades. Cada organismo realiza sus funciones en el marco legal que le corresponde. Tenemos un rol técnico consultivo y este es el tipo de análisis que entregamos y cada institución deberá realizar los procesos que correspondan de acuerdo a su propio marco y funciones.

Esa denuncia avaló la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. ¿Siente que tiene fundamento esa acusación?

-No nos corresponde pronunciarnos respecto a elementos de la acusación constitucional ni sobre eventuales responsabilidades políticas o jurídicas de las autoridades. No es nuestro rol.

El ministro Quiroz dijo a principios de este mes que la opinión del CFA la miran “al igual que la de otros expertos”. ¿Cree que la opinión del CFA debe ser vista como una opinión más?

-Es legítimo que puedan existir diferencias de mirada o incluso que puedan surgir tensiones en el ejercicio de las funciones que a cada organismo corresponde. Lo importante es mantener un diálogo técnico enfocado en cómo fortalecer la disciplina fiscal…

¿Cree que el CFA ha ganado terreno en ser una institución respetada a lo largo de los años?

-Veo una consolidación del CFA en su rol, una consolidación que se ha venido dando en el tiempo como un referente técnico en materia de política fiscal que está basada en los principales atributos que tenemos como organismo, que es nuestra independencia y robustez técnica.

Pero sus opiniones muchas veces son cuestionadas por gobiernos de turno y, al mismo tiempo, valoradas por oposiciones de turno. ¿Por qué cree que se da esta paradoja de que cuando una coalición es gobierno tiende a minimizar el rol del CFA y cuando esa misma coalición es oposición tiende a valorar ese rol?

-Me preocuparía si fuera al revés. Entendemos que nuestras opiniones pueden incomodar algunas veces a los gobiernos de turno, pero nuestro trabajo es técnico e independiente. Son desafíos que enfrentan las instituciones fiscales independientes en la experiencia comparada. Por lo mismo, hemos recomendado que pueda establecerse un principio que se utiliza en la experiencia comparada, que es el de cumplir o explicar. Es un mecanismo de transparencia que establece que si la autoridad fiscal decide no adoptar una recomendación del Consejo, deba hacerlo público, detallando razones técnicas que justifican su decisión.

Hoy día es “costo cero” no cumplir las metas fiscales para un gobierno. ¿Cree necesario hacer que la administración de turno pague algún costo por no cumplir las metas fiscales?

-Con el fortalecimiento de la Ley sobre Responsabilidad Fiscal del 2024 se incorporaron un conjunto de regulaciones que incrementan los costos de incumplimiento. Las autoridades deben presentar un plan de acciones correctivas, tienen que informar al Parlamento, el Consejo tiene que revisar este plan de acciones correctivas y el desafío que tenemos es avanzar en una implementación robusta de todas estas modificaciones legales que se implementaron. Ahí, vuelvo a reiterar, la dictación del reglamento que regula el artículo primero de la Ley sobre Responsabilidad Fiscal es un espacio para que pueda robustecerse todo este nuevo marco y así avanzar en un mayor cumplimiento de las metas y las de la disciplina fiscal.

Este es un marco que eleva la rendición de cuentas que una autoridad tiene que realizar cuando existe un incumplimiento. Al mismo tiempo, avanzar en este principio de cumplir o explicar que mencionaba también lleva a una mayor rendición de cuentas y a que la autoridad tenga que detallar las razones por las cuales define no adoptar alguna recomendación que le haya sido formulada.

El gobierno está negociando cambios al proyecto de Reconstrucción, lo que abarataría su costo fiscal en régimen. ¿Cómo evalúa ese interés por alivianar esos riesgos fiscales?

-Junto con valorar que contemple medidas para impulsar el crecimiento, como CFA señalamos que presenta déficits fiscales al menos hasta 2031 e identificamos diversos riesgos que podrían aumentarlos. También alertamos que la incertidumbre que presenta es asimétrica. Los costos son más ciertos y predecibles mientras que los beneficios son inciertos, graduales y condicionales. Y esto es muy relevante en el actual escenario fiscal, donde no existe holgura y la incertidumbre es elevada. Por eso recomendamos que el proyecto en sí mismo avance hacia una neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo. Valoramos que se puedan ir implementando avances en esa dirección.

¿Cómo explica que gran mayoría de proyectos de ley de la última década que involucran cambios de impuestos hayan sobrestimado proyecciones de ingresos fiscales, tal como está sucediendo hoy con la Ley de Cumplimiento Tributario?

-Lo primero es que el CFA no realiza estimaciones propias de ingresos. Por lo tanto, mayores explicaciones respecto de la elaboración de las proyecciones corresponde a las autoridades que las efectuaron. Desde nuestro rol como CFA lo que hemos hecho desde hace larga data también es formular diversas recomendaciones para fortalecer las proyecciones de ingresos.

Por ejemplo, hemos recomendado implementar un sistema de monitoreo anual de la Ley de Cumplimiento Tributario con informes del Servicio de Impuestos Internos sobre evasión y la elusión, y también hemos recomendado la publicación de un informe sobre el cálculo de los ingresos generales de la Nación que esto siempre acompañó la Ley de Presupuestos y se descontinuó en 2015. Históricamente, cuando se presentaba la Ley de Presupuestos iba acompañada de un documento que explicitaba los detalles del cálculo de los ingresos generales. Creemos que retomar esa práctica puede seguir fortaleciendo la calidad de nuestras proyecciones de ingresos.

Lo digo porque al final del día de la exactitud de esas proyecciones depende la salud fiscal futura. ¿Ahí la política ha pesado más que la responsabilidad fiscal?

-Aquí estamos frente a un problema de fondo y es que nuestro país está enfrentando un desafío fiscal que es estructural, que se ha manifestado en estos déficits estructurales persistentes, en incumplimientos de las metas de balance estructural y que han estado originados en compromisos legales de gasto que fueron adoptados bajo supuestos de recaudación que terminaron siendo optimistas. Por eso es tan esencial avanzar en un mejoramiento continuo de las proyecciones de ingresos. Por lo mismo, hemos planteado que ante este desafío fiscal estructural la solución va a requerir de medidas permanentes, monitoreables, creíbles, que puedan articular distintas dimensiones de forma equilibrada.

En su informe deslizan una crítica al recorte de gasto anunciado hasta ahora por Hacienda de cerca de US$2 mil millones. Dicen que no todo tiene carácter permanente. ¿Qué viabilidad le da el CFA a la promesa de que este gobierno pueda hacer un recorte permanente de US$6 mil millones en 18 meses?

-Como CFA valoramos el esfuerzo de ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo, pero también hemos advertido que las presiones de gasto pueden revertir parte del ajuste. Estas presiones reconocidas en el IFP del primer trimestre de este año resultan superiores a las iniciativas de recorte anunciadas. Esto se observa, por ejemplo, en el sector salud.

Por ello hemos subrayado que la sostenibilidad de los esfuerzos de consolidación fiscal requiere complementar ajustes de corto plazo con medidas más estructurales y de gestión para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. También hemos recomendado que se implementen mecanismos de seguimiento de los ajustes. Respecto de los US$6.000 millones, como Consejo no es algo que hayamos analizado en su factibilidad y cuando se presenten más detalles de nuevas acciones correctivas podremos emitir una opinión.