El proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior sigue su tramitación, pero con varias dudas de los expertos y de entidades como el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y la Contraloría por cómo se contabiliza los recursos del Financiamiento Público para Estudios de Nivel Superior (FES)

De hecho, la semana pasada, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó un nuevo informe donde analiza las implicancias y los principales riesgos fiscales asociados al proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de (FES).

En su informe, el CFA señala que, en contraste con lo planteado por el Ejecutivo, los desembolsos del FES debiesen ser contabilizados como un gasto y sus contribuciones como un ingreso, ambos sobre la línea en cuanto a su tratamiento contable, es decir, con efecto patrimonial en el resultado fiscal del gobierno.

De esta forma, “el efecto sobre el balance fiscal del mecanismo propio del FES es deficitario”, alerta el Consejo.

Este mismo argumento había entregado meses antes la Contraloría: “En vista de lo planteado en el proyecto de ley para el funcionamiento del FES, se estima que los recursos que se entregarían no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos al momento del otorgamiento de los beneficios, pues no se tiene un derecho adquirido”.

En este contexto y para abordar las distintas implicancias del FES, la Universidad de Los Andes organizó el seminario Impactos y riesgos financieros del FES”. En esa instancia estuvo presente el ministro de Hacienda, Nicolás Grau y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

En su presentación, Martínez afirmó que dado los comentarios que han hecho el CFA y la Contraloría “se está trabajando en modificaciones para que se clasifique más claramente como “Préstamos y Cuentas por Cobrar” según en la Normativa Contable correspondiente a la Resol. N° 16 de 2015 de CGR sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación NICSP-CGR.

De esta manera se defenderá la visión que la forma contable del FES es bajo la línea y no corresponde ser considerando gasto.

Martínez añade que “para el Ejecutivo el modelo propuesto cumplía con ser un activo, pues es un depósito de valor que devenga un beneficio o una serie de beneficios para su propietario económico por su posesión o uso durante un período. El beneficio se genera con un cobro mediante instrumentos legales de alto poder coercitivo”.

En el seminario también estuvieron presentes los economistas Ignacio Briones, Andrea Repetto y Matías Acevedo. Los tres con distintos matices presentaron reparos al proyectos y por lo mismo llamaron a abrir el debate para lograr un acuerdo sobre la nueva forma de financiamiento de la educación superior.