Plaza Egaña SpA, firma ligada a Fundamenta, publicó este viernes una extensa declaración pública para desmarcarse de las versiones que la relacionan con gestiones irregulares o pagos indebidos a abogados investigados por el Ministerio Público. La compañía afirmó que rechaza “cualquier insinuación o interpretación” de ese tipo y sostuvo que todas sus actuaciones se han realizado dentro del marco legal y ético que rige el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el país.

La inmobiliaria respondió a las vinculaciones a supuestas gestiones irregulares, detallando los honorarios pagados a abogados y precisando su versión sobre la inhabilitación del exministro Sergio Muñoz.

En el documento, la empresa precisó que el proyecto Eco Egaña mantiene una aprobación ambiental firme desde noviembre de 2022, otorgada por la Dirección Ejecutiva del SEA, la cual no fue impugnada y que permitió la continuidad de las obras. Aseguró además que el fallo de la Corte Suprema de marzo de 2023 no modificó dicha autorización, puesto que se refería a un conflicto previo ya resuelto por la autoridad ambiental.

Plaza Egaña también aclaró que la tramitación del recurso de casación estuvo a cargo de especialistas en derecho ambiental, encabezados por Rodrigo Benítez y Raúl Tavolari, y que los abogados Gabriel Silber, Eduardo Lagos y Mario Vargas no intervinieron en esa etapa ni ante el Tribunal Ambiental ni ante la Corte Suprema.

Según la compañía, ese equipo sí prestó asesoría en 2022 y 2023 en materias de relacionamiento comunitario, apoyo administrativo y diseño estratégico, y solo asumió la representación civil y penal tras el fallo de la Suprema del 1 de marzo de 2023, periodo en el que —indicaron— la paralización de las obras generaba perjuicios estimados en $3 mil millones mensuales.

En cuanto a los honorarios cuestionados, la empresa sostuvo que los montos pagados responden a la magnitud del proyecto, cercano a los US$ 300 millones, y a la necesidad de enfrentar los daños derivados de la detención de la construcción, con demandas por más de 700 mil UF. En ese contexto explicó la factura de $414.696.362 emitida en mayo de 2023, que calificó como proporcional al trabajo realizado desde 2022 y cuyo contenido, afirmó, está íntegramente declarado en la demanda civil contra el Fisco.

Por otro lado, la firma abordó también lo que denomina un “error relevante informado por los medios” sobre su participación en la destitución del exministro Sergio Muñoz, señalando que la gestión realizada través de su abogado Marco Fuentes fue “solo con el único objeto de que Sergio Muñoz se inhabilitase de ver esta causa”.

En ese sentido, afirmaron que se la destitución “se produjo como resultado de una Acusación Constitucional, proceso completamente distinto, en el cual Plaza Egaña SpA no tuvo participación ni injerencia”.

Tras conocerse la investigación penal que involucra a algunos abogados externos, la compañía informó que revocó todos los poderes y patrocinios vinculados a esos profesionales y puso fin a la relación contractual, sosteniendo que cualquier eventual irregularidad atribuida a terceros es “completamente ajena” a la forma en que desarrolla sus proyectos inmobiliarios.