Este miércoles es el plazo para que el gobierno ingrese las primeras indicaciones al Presupuesto 2026. Y si bien el Ejecutivo y la oposición se reunieron en búsqueda de acuerdos, eso todavía no se logra.

Dado este escenario y considerando que, por temas de reglamento, el bloque opositor no puede hacer indicaciones en esta instancia de la tramitación, envió una minuta con 11 cambios al Ministerio de Hacienda para su consideración.

“El presente documento tiene por objeto formular una serie de solicitudes de incorporación en la Ley de Presupuestos, orientadas a resguardar políticas públicas sensibles cuya eliminación o reducción resulta ampliamente resistida, tanto por su impacto social como por su relevancia en el cumplimiento de funciones esenciales del Estado”, señala la minuta firmada por las bancadas de diputados de RN y la UDI que hicieron llegar a Teatinos 120.

Uno de los temas más controvertidos ha sido la proyección de ingresos. Esto, porque para la oposición hay una sobreestimación, especialmente en lo que se refiere a lo que se espera recaude la Ley de Cumplimiento Tributario (Antievasión), que el gobierno proyecta en 0,54% del PIB.

“Nueva proyección de ingresos más conservadora y gastos no reconocidos, obligan al gobierno a realizar recortes del gasto para evitar un crecimiento irresponsable del gasto, cercano al 4%”, plantea la minuta.

Por lo mismo, indica que el Presupuesto estaría desfinanciado en torno a los US$1.500 millones, por lo que “el gobierno debiera proponer recortes en torno a esa cifra”.

Felipe Donoso, diputado de la UDI e integrante de la Comisión Mixta Especial de Presupuestos, sostiene que ese monto se descompone de una “sobreestimación de ingresos de US$1.000 millones y una subestimación de gastos por cerca de US$500 millones”. Para Donoso, el hecho de que se acojan estas propuestas “es un minuto para viabilizar la ley de Presupuestos”.

Por su parte, para Frank Sauerbaum, diputado RN y también integrante de la Comisión Mixta Especial de Presupuestos, “es clave que el gobierno le dé confianza a la oposición sobre los grandes números en ingresos, y cómo se realizará el ajuste fiscal para cumplir la meta de balance fiscal. Esto va a condicionar el voto que tengamos sobre el Presupuesto”.

Las materias del petitorio

Entre los temas que la oposición propone que el gobierno aclare vía indicaciones, o bien que se establezcan en un protocolo de acuerdo en el proyecto de ley de Presupuestos 2026, destaca el fortalecimiento de Contraloría.

De acuerdo al texto de los parlamentarios, “existe una brecha de 7 puntos porcentuales entre la solicitud (presupuestaria) de la Contraloría y la asignación final del Ejecutivo. La entidad solicitó un alza del 8,5 % para robustecer la fiscalización, pero el proyecto de ley propuso un reajuste neto del 1,5 %. En el trabajo de las subcomisiones se advirtió que esta cifra dejó fuera dos ítems críticos: sistemas y licencias informáticas, necesarias para evitar un riesgo de colapso de sus plataformas, y la contratación de 10 funcionarios adicionales para acelerar procesos sumariales”.

También se plantea reestructurar los subsidios de vivienda: “Para ello se propone la reversión de la reducción del 50% en los montos de subsidios y en las unidades presupuestadas del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), programa orientado al 40 % de los hogares más vulnerables del país, cuya disminución compromete seriamente la continuidad y alcance de la política habitacional futura”.

Otro ítem son los recursos para el programa Más AMA, que tiene por objetivo promover la prolongación de la autovalencia en personas mayores de 65 años, a través de talleres preventivos de estimulación funcional y cognitiva, autocuidado y prevención de caídas, contribuyendo así al bienestar y calidad de vida de este grupo etario. Este programa, según la oposición, “actualmente no cuenta con una asignación presupuestaria específica en la Ley de Presupuestos”.

Adicionalmente está la reducción casi global de los subtítulos 22 en cada partida, exceptuando el Ministerio de Salud. Para la oposición, el aumento de US$690 millones en bienes y servicios de consumo (subtítulo 22), que se traduce en un alza de 10,8 % con respecto a 2025, “permite fundar la idea de que hay un espacio fiscal de ahorro en esta materia, y potencialmente importante para efectos de controlar el gasto fiscal. Si bien este ajuste debe ser quirúrgico para no afectar la provisión de servicios sociales importantes”.

Otra de las peticiones que se entregaron a Hacienda es que se acelebre el protocolo de acuerdo con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) relativo al reajuste del sector público, antes de la conclusión del trámite legislativo de la ley de Presupuestos 2026. “Resulta fundamental que dicho acuerdo se materialice con la debida antelación, a fin de transparentar oportunamente el costo fiscal asociado al reajuste y asegurar que su financiamiento quede explícitamente incorporado en la ley, evitando así incertidumbres posteriores respecto de su impacto presupuestario y de su cobertura en el marco fiscal vigente”, puntualiza el texto.

Además solicitan que el gobierno realice una reducción mayor en el gasto en capacitaciones generales que hace el Estado. Si bien se resalta que “el nuevo plan presupuestario avanza en la dirección correcta al aplicar una reducción del 17,8 % en el ítem de Capacitación y Perfeccionamiento, disminuyendo su monto desde $34.790 millones a $28.588 millones, resulta pertinente profundizar dicho ajuste, ya que es insuficiente frente al contexto de restricción fiscal actual”.

Por otro lado se propone la fusión de los ministerios Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno, “considerando la evidente superposición de funciones entre ambas carteras, particularmente en materias de coordinación política, comunicación y relación con el Congreso Nacional”.

A ello se suma poner en discusión inmediata los proyectos de licencias médicas, reducción de viáticos y de horas extras, y de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegida, entre otros.

Este martes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se reunió con parlamentarios del oficialismo, donde se abordaron las temáticas de los ingresos fiscales y del rendimiento que está teniendo la Ley de Cumplimiento Tributario.