Proyecto de Vallejo de reducción de jornada pasa a la ofensiva y gobierno insiste en inconstitucionalidad

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El próximo lunes 2 de septiembre la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados votará este proyecto de ley, anticipándose a la iniciativa de adaptabilidad laboral del gobierno que todavía no inicia su trámite legislativo. Desde el Ejecutivo criticaron la arremetida e insistieron con el mensaje de que es inconstitucional.


Un golpe inesperado recibió ayer el gobierno: el proyecto de Camila Vallejo (PC) que busca reducir la jornada a 40 horas semanales se votará el próximo lunes 2 de septiembre en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, dejando off side al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg. Así lo anunció la presidenta de la instancia, Gael Yeomans.

La idea de la oposición es que en dos sesiones especiales de esta instancia -en un solo día- la iniciativa sea despachada a la sala de la Cámara. "Este proyecto es el único que asegura que la jornada laboral se reduzca efectivamente. Y ante esto hemos visto a un gobierno que ha hecho una contraofensiva para que el proyecto no avance", dijo Yeomans, quien agregó que la expectativa es despacharlo el mismo lunes.

Por su parte, la diputada Vallejo sostuvo que a la "bancada transversal" que representa, le interesa mucho que esta iniciativa avance con sentido de urgencia. "Es algo que hace mucho tiempo debió ser una realidad en nuestro país. Jornadas más cortas, jornadas más dignas, jornadas más normales", afirmó.

Cabe recordar que este proyecto busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, incluyéndose la hora de colación. En él se establece un plazo gradual de 3 años para las pequeñas y medianas empresas.

Conocida la noticia, Monckeberg aseveró que "los proyectos hay que tramitarlo siempre pensando en los trabajadores y no haciendo gallitos políticos de unos a otros. Por eso, hago un llamado a los parlamentarios a actuar con responsabilidad, porque con el salario de los trabajadores no se juega".

El secretario de Estado añadió que "definitivamente el proyecto que hoy día está en trámite es inconstitucional y sabemos que no es responsable y por ello espero que ninguno de los parlamentarios lo apoye". El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, reforzó ese mensaje al indicar que "es inconstitucional, porque genera gasto fiscal. Ellos pueden seguir adelante, pero es un proyecto inconstitucional". Larraín sostuvo que esta iniciativa tiene "un efecto muy negativo en el mercado laboral, porque a todos nos gustaría trabajar menos y ganar más".

Desde el gobierno afirman que todavía no tienen definida una estrategia para hacer frente a la nueva arremetida de la oposición, la cual debe ser evaluada entre hoy y el viernes. No obstante, un camino es que los parlamentarios de su bloque presenten un requerimiento ante el Tribunal Constitucional y de esa manera entrampar el debate.

Oficialismo

Desde RN, Alejandro Santana advirtió que "si la oposición insiste en avanzar usando su mayoría circunstancial en un proyecto inadmisible, faltando al reglamento y a la ley orgánica del Congreso, evaluaremos hacer reserva de constitucionalidad". Patricio Melero (UDI) añadió que "nosotros vamos a presentar los inconvenientes que tiene el proyecto y vamos a apoyar la reforma del gobierno. Queremos reducción de jornada".

CPC espera tener propuesta en tres semanas

Hace poco más de una semana la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), junto con los principales líderes gremiales y sindicales, anunciaron la elaboración de una tercera propuesta de reducción de la jornada laboral. En este sentido y aunque en esa oportunidad no se explicitaron los plazos para entregar el proyecto final, ayer, el mismo presidente de la CPC, Alfonso Swett, confirmó que la iniciativa final será presentada en un lapso no mayor de tres semanas. Esto, porque según comentó, "la mesa técnica con las centrales y las pymes ha tenido avances más rápido de lo esperado. Sin embargo, la academia nos ha pedido un mes para poder analizar las distintas visiones y elaborar los estudios económicos. Dada la coyuntura, nosotros propusimos que se tratara de un plazo de tres semanas".

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