Pugna entre Cecilia Karlezi y Enel sigue subiendo y ahora llega a la Suprema

Junta Accionistas Falabella
Andres Perez/La Tercera

La disputa entre Cecilia Karlezi y Enel Distribución está lejos de terminar. El pasado 16 de enero la accionista de Clínica Las Condes llegó hasta la Corte Suprema para presentar un recurso en contra de una sentencia de diciembre de 2018 que le fue adversa.

El conflicto lleva años. En 2016, Karlezi interpuso una medida prejudicial para que Enel Distribución -en ese entonces Chilectra- presentara una serie de documentos en virtud del cual operaba una torre de alta tensión en terrenos de la también accionista de Falabella, ubicado de los fundos San Ignacio de Tango y El Descanso, en las comunas de Calera de Tango y Peñaflor.

Aquellos escritos daban cuenta de que la compañía era titular de un derecho de servidumbre en aquel predio.

Según la demandante, tales documentos exhibidos llevaron a esta parte a concluir que el ejercicio de la servidumbre para el paso de la línea de transmisión eléctrica no se ajustaban a derecho.

Y en abril de 2017 dedujo una demanda contra Enel, asegurando que la línea pasa por un lugar incorrecto, y que además carece del derecho para instalar una torre en el predio. En la acción judicial, solicitaban que la compañía sacara la torre, además de otras medidas.

El 14 de febrero de 2018 se rechazó la demanda, e interpusieron un recurso de recurso de casación en la forma y recurso de apelación, los que fueron resueltos el 13 de diciembre de 2018.

Según se lee en la acción ante el máximo tribunal, tal fallo contendría una serie de vicios. Aseguran que "lo resuelto por el tribunal se aleja ostensiblemente de la excepción y defensa de la demandada, ya que Enel respecto de está acción únicamente se limitó a señalar que la servidumbre se ejercía conforme al plano acompañado en autos, y jamás sostuvo que las modificaciones al trazado de la línea de transmisión podrían haber sido autorizadas por el propietario del inmueble a la época de su instalación". Además, asegura que se les negó sistemáticamente el desarrollo de un peritaje, entre otros aspectos.

Con todo, le piden a la Suprema que anule el fallo "determinando el estado en que debe quedar la causa, con costas".

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