En el marco de un proceso de fiscalización que comenzó a fines de 2023 sobre la gestión de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) por el incumplimiento en el pago oportuno de las prestaciones realizadas por profesionales y entidades del Registro Nacional de Interconsultores, proceso que se canaliza a través de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas (FACM), la Superintendencia de Pensiones (SP) resolvió sancionar por un total de UF 13.136 (unos $517,9 millones) a las siete AFP.

La entidad reguladora precisó que las multas se aplican tras determinar reiterados incumplimientos normativos y no atender a las instrucciones emitidas por la autoridad para resolver la situación.

El proceso de fiscalización comenzó el 21 de diciembre de 2023 y se extendió durante todo el año pasado, iniciando un procedimiento sancionatorio que fijó como fecha de corte de los hechos investigados el 16 de diciembre de 2024.

La decisión del organismo regulador se resolvió luego de un año de investigación al funcionamiento y gestión de la FACM, entidad mandatada por las siete AFP para la única y exclusiva función de administrar de forma gratuita y sin fines de lucro el trabajo de las Comisiones Médicas Regionales (CMR) y la Comisión Médica Central (CMC).

Efecto directo

El Registro Nacional de Interconsultores forma parte del proceso de calificación de invalidez que realizan las CMR y la CMC. De acuerdo con la Superintendencia de Pensiones, tras concluir la investigación se determinó que el incumplimiento por parte de las AFP, a través de la Fundación, se tradujo en una falta de pago reiterada y prolongada a los interconsultores que generó consecuencias de especial gravedad como cierres o bloqueos de agenda de atención, retención de informes médicos imprescindibles para la emisión de dictámenes y, en algunos casos, el retiro de especialistas del Registro Nacional de Interconsultores.

“Tales hechos han afectado de manera directa el procedimiento de calificación de invalidez, aumentando los tiempos de espera y obstaculizando el acceso oportuno a un beneficio de seguridad social destinado a una población especialmente vulnerable, como lo son las personas solicitantes de pensión de invalidez”, señaló la SP.

Lo anterior, agregó, configura una infracción de carácter grave, dada la afectación directa a la finalidad del procedimiento, el compromiso del interés público involucrado en la protección previsional de las personas solicitantes que se encuentran en proceso de calificación por una eventual invalidez y el menoscabo al correcto funcionamiento del sistema de pensiones.

Detalle de las multas

Por esta razón, el organismo resolvió para las siete administradoras la siguiente formulación de cargos: incurrir en reiterados incumplimientos normativos y de instrucciones emitidas la Superintendencia de Pensiones, al haber administrado y financiado, a través de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas dichas entidades en forma deficiente, toda vez que generó reiteradamente, desde a lo menos 2023, deudas con diversos interconsultores - profesionales y centros médicos- las cuales no han sido pagadas oportunamente, prolongándose esta situación durante todo 2024, y sin atender a las instrucciones impartidas por la Superintendencia, transgrediendo lo establecido en la legislación y la regulación aplicable.

Dado lo anterior y según el estado de situación de los pagos adeudados al cierre del proceso de fiscalización, las multas determinadas en la sanción para cada una de las AFP son las siguientes: Provida UF 3.995; Habitat UF 2.555; Capital UF 2.215; PlanVital UF 1.571; Cuprum UF 1.140F; Uno UF 1.070; Modelo UF 885.

En el caso de AFP Modelo, la Superintendencia de Pensiones dijo que fue la única administradora que colaboró con la investigación, atendido a que, no obstante presentar descargos, reconoció su responsabilidad en los hechos infraccionales que se le imputaron, así como las consecuencias de la infracción, dimensionando realmente la magnitud de aquella. Por ello se le aplicó un descuento del 40%, del total de la multa que le correspondía.

El organismo precisó que si bien las sanciones corresponden al proceso de fiscalización que finalizó el 16 de diciembre del 2024, a dicha fecha el estado de situación de los pagos a los interconsultores indicaba un total de 10.815 facturas y boletas pendientes de pago, por un total de $4.156 millones. De esos documentos pendientes, 7.792 presentaban una antigüedad superior a los 30 días por un total de $2.632 millones, contados desde la fecha de recepción del documento.

Asimismo, como resultado del proceso de fiscalización, al 1 de septiembre de 2025 los documentos pendientes de pago llegaban a 6.163, por un total de $1.567 millones. De estos, menos de un 24% tiene una antigüedad superior a 30 días, por un valor total de $375 millones.