La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió a tramitación un Acuerdo Extrajudicial suscrito entre el fiscalizador, la Municipalidad de San Bernardo y trece líneas de taxis colectivos de esa comuna.

El entendimiento pone término a una investigación en la que la FNE constató que las líneas de taxis firmaron en 2009 un Protocolo de Acuerdo con la Municipalidad. En dicho documento, las partes se comprometieron a que las líneas postularían solo a los servicios que ya brindaban al momento de la licitación de taxis colectivos que realizaría el Ministerio de Transportes en 2010.

Por su parte, la Municipalidad, a través de su Dirección de Tránsito, se comprometió a dar prioridad a las líneas firmantes del protocolo por sobre eventuales nuevos operadores, en todos los trámites en los que tuviera competencia. Esto incluía solicitudes de recorrido, modificaciones de trazado y autorizaciones relacionadas con las bases de licitación.

Tanto el municipio como las líneas de taxis dieron cumplimiento a ese Protocolo de Acuerdo, lo que tuvo efectos no solo en la licitación pública de 2010, sino también en el proceso de establecimiento del perímetro de exclusión de 2018, bajo el cual se regula actualmente la prestación de los servicios de taxis colectivos.

En el marco del Acuerdo Extrajudicial presentado al TDLC, la Municipalidad de San Bernardo y las líneas de taxis colectivos reconocieron los hechos constatados por la FNE y se comprometieron a pagar un monto total de aproximadamente 15 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a cerca de $13 millones. Además, acordaron adoptar una serie de medidas para resguardar la libre competencia.

La Fiscalía valoró el mecanismo como una vía “efectiva y eficiente” para cautelar la libre competencia, al permitir obtener compromisos que garanticen un comportamiento conforme a la normativa por parte de los investigados.

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, explicó que hubo diversos factores que motivaron la suscripción del acuerdo, entre ellos, el carácter local de las conductas investigadas, la naturaleza de microempresas y la limitada capacidad económica de las líneas de taxis. También destacó la ausencia de acciones orientadas a ocultar la conducta y la falta de conocimiento de los involucrados respecto de la normativa de libre competencia.

“Este acuerdo extrajudicial nos permite poner término a una investigación en la cual obtuvimos clara evidencia de una conducta que, sin perjuicio de los objetivos perseguidos por la Municipalidad de San Bernardo y las líneas de taxis colectivos, es indeseable desde la perspectiva de libre competencia”, señaló Grunberg.

Agregó que el mecanismo permite cautelar la libre competencia en el mercado, considerando que los investigados se comprometieron a cesar su comportamiento, pagar un monto a beneficio fiscal y no reiterar acciones similares, evitando además un juicio costoso para el Estado.

Entre los compromisos asumidos por las partes se incluyen no volver a incurrir en la conducta ni intercambiar información sobre variables competitivas o datos comerciales estratégicos. Asimismo, deberán realizar una capacitación en materias de libre competencia y publicar el acuerdo en un lugar visible del domicilio social de cada una de las entidades intervinientes.