En medio de los esfuerzos del gobierno por mostrar avances en la tramitación de grandes proyectos de inversión, los tiempos de revisión siguen en aumento en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) evidencian esa tendencia. En 2020, su tramitación demoraba en promedio 256 días; hoy alcanza los 410, según el portal estadístico del SEA actualizado al 27 de agosto de 2025, lo que equivale a un alza de 60% en cinco años. Si la comparación se extiende a 2015, cuando el promedio era de 296 días, el incremento llega a 38,5%.

Una revisión realizada por las abogadas Paulina Riquelme y Sofía Costa del estudio jurídico Eelaw detalló que las regiones de Ñuble, Aysén y Magallanes presentan elevados tiempos de tramitación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Desde 2024, el promedio de días totales de tramitación de una DIA en Ñuble es de 390, en Magallanes de 265, y en Aysén alcanza los 917 días.

Desde 2014 se observa un aumento sostenido de los plazos en Aysén, lo que se atribuye a su gran extensión territorial, baja densidad poblacional, dispersión de la población, dificultades de acceso, concentración de ecosistemas prístinos y áreas protegidas, condiciones climáticas extremas, proyectos de gran envergadura y sensibilidad social elevada. Además, la limitada dotación de personal especializado en servicios públicos regionales contribuye a la lentitud en la revisión de los expedientes.

Riquelme explicó a Pulso que “los plazos de tramitación en Aysén reflejan la complejidad de operar en una región con características geográficas, ambientales y sociales tan particulares. No se trata solo de burocracia, sino de la necesidad de asegurar un análisis ambiental riguroso que proteja ecosistemas únicos y responda a la alta sensibilidad social frente a los proyectos. Los datos muestran que la tramitación requiere un equilibrio entre eficiencia y exhaustividad técnica, considerando los recursos disponibles y las exigencias de la ciudadanía y los organismos competentes”.

Más directo es el análisis el abogado Felipe Riesco, socio de Barros Silva Varela & Vigil. “Yo creo que ya se agotó la evaluación ambiental coordinada por el SEA. La verdad que el SEA no coordina ni filtra las observaciones de los servicios. Los servicios piden múltiples cosas fuera de lugar, y pasa tb que los titulares, con tal de sacar su RCA están dispuestos a concederlas, en vez de reclamarlas. Entonces se genera un círculo vicioso, que es difícil de romper”, acotó el ex subsecretario del Medio Ambiente entre 2028 y 2020.

El exministro del Medio Ambiente del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Javier Naranjo, explica que “los tiempos excesivos en la evaluación a la DIA, en general, creo que se deben a dos factores: el primero, malos proyectos y, en definitiva, mayores de tiempos de suspensión en la tramitación. Esto a su vez, es curioso, dado que, si el proyecto carece de información, lo que debió ocurrir es que se dé término anticipado a la evaluación; y, segundo, por un problema de gestión del SEIA”.

“Es importante que el SEA, como administrador del SEIA, otorgue la mayor celeridad y certeza posible, dado que los proyectos son necesarios para el desarrollo sostenible del país”, señaló el socio de Jara Del Favero Abogados.

Entre los abogados que asesoran grandes proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) existe una crítica recurrente: las guías e instructivos del SEA se consideran soft law. No son normas obligatorias —hard law—, pero en la práctica se aplican como si lo fueran. Para estos expertos, lo único realmente vinculante es el reglamento del SEIA y la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Lo que sí ha cambiado -creen- son los criterios que orientan las evaluaciones. Algunos aparecen en las guías; otros no, pero igualmente influyen en la tramitación de los proyectos. En este contexto, los plazos de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) han seguido aumentando por múltiples factores.

Causas

Sobre las causas, la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, explicó a Pulso: “El SEA siempre cumple con los plazos legales, sin excepción”. Según indicó, los retrasos se deben principalmente a extensiones solicitadas por los titulares de los proyectos, motivadas por la necesidad de adaptarse a las exigencias del Decreto Supremo N° 40 del Ministerio del Medio Ambiente de 2013, que estableció contenidos mínimos para las DIA y los EIA. También influye el aumento de suspensiones para responder preguntas de los servicios y de la ciudadanía, en el marco del Acuerdo de Escazú.

Durán añadió que los proyectos que se rechazan suelen pedir más extensiones que los que se aprueban. “Las industrias que presentan proyectos sólidos y cumplen con las exigencias tienen plazos menores. Por ejemplo, en la última semana se aprobaron siete proyectos de energía en menos de un año, con plazos cerca de un 30% menores al promedio anual”, dijo.

Para reducir los plazos, el SEA ha implementado modernizaciones electrónicas y automatización de procesos, como la sistematización de observaciones ciudadanas. “Hoy tareas que antes tomaban meses se hacen en pocos días. Además, como secretaría técnica del comité de ministros, logramos que ya no haya proyectos que esperen más de 13 meses para ser revisados, frente a administraciones anteriores, donde era habitual esperar dos, tres o hasta cinco años”, concluyó la directora.

Diferencias

Durán explicó que los proyectos que ingresan hoy al SEIA tienen impactos más complejos que hace diez años, lo que requiere análisis más profundos y coordinados. Esto asegura que se cumpla la normativa ambiental y que los impactos se enfrenten con transparencia, permitiendo la participación informada de la ciudadanía. Chile enfrenta una triple crisis ambiental, que ha elevado las exigencias legales y políticas, y ha llevado al país a asumir mayores compromisos internacionales frente a la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la emergencia climática, sin descuidar la competitividad. Además, la ciudadanía actual exige más participación, indicó.